Supuestos trastornos mentales del Coronel Báez Maríñez

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El 15 de enero de 1969 el presidente Joaquín Balaguer reveló a los medios de prensa estacionados en el Palacio Nacional que había autorizado a la jefatura de la Policía Nacional poner en condición de retiro al controversial jefe de su servicio secreto, mayor Francisco Antonio Báez Maríñez, cuya jubilación había sido recomendada por una junta médica del hospital militar Enrique Lithgow Ceara, que indicó que padecía supuestos trastornos mentales. La figura del alto oficial -que era identificado siempre por su segundo apellido- ocupaba con cierta frecuencia la atención de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas que cubrían la fuente policial, debido a que estaba siendo severamente cuestionado por los rudos métodos que utilizaban los agentes bajo su mando en los interrogatorios a los jóvenes que eran apresados por su afiliación a los grupos de izquierda. 

Sebastian Del Pilar

Sin embargo, esa razón no fue mencionada en la disposición gubernamental que lo puso en retiro, pues en su acostumbrada rueda de prensa de los miércoles, el presidente sólo se refirió a su alegada enfermedad mental, asegurando que la misma quedó evidenciada cuando “hizo un viaje a los Estados Unidos porque tuvo trastornos siquiátricos”, aunque “después vino y dijo que se había restablecido”.

Con esas palabras el jefe de Estado tendía a reforzar el  diagnóstico médico realizado en el hospital Lithgow Ceara por el siquiatra Balbino García Olivo sobre la salud mental de Maríñez, desestimando el valor de los certificados médicos que éste poseía, expedidos por los reconocidos especialistas Martín Emilio Guillén Matarranz y Héctor Pereyra Ariza, que indicaban que estaba en buen estado de salud y que “no presentaba anormalidades de ningún género”.

Los periodistas pidieron a Balaguer que expusiera su parecer sobre los informes médicos divergentes, pero él se limitó a decir: “Son opiniones de los médicos. Unos dicen que sí y otros que no. El gobierno dice que si o que no”. Mientras que la oficina de relaciones públicas de la Policía motivó -por su parte-, en varias ocasiones, la versión oficial sobre la supuesta “locura” del antiguo jefe del servicio secreto de esa entidad, reiterando que había sido declarado inhabilitado por una junta médica del referido hospital. Esa posición oficial  fue rechazada por Maríñez, mostrando una hoja clínica que revelaba que la única enfermedad que había padecido era un comienzo de derrame cerebral que le mantuvo en cama durante varias semanas en el mes de marzo de 1968, y explicando que debido a ese único quebranto de salud, se vio obligado a viajar a Washington, donde fue hospitalizado y curado; logrando más tarde, a su regresó  de la capital norteamericana, ser reincorporado sin dificultad a sus funciones en el departamento del servicio secreto de la Policía.

Agregó que desde entonces pudo mantenerse en su puesto por espacio de nueve meses; específicamente hasta el 2 de enero de 1969, cuando le entregaron un memorándum de la jefatura policial, con fecha del 31 de diciembre, donde se le ordenaba presentarse a la unidad de siquiatría del hospital Lithgow Ceara, para ser sometido a una evaluación médica. El joven oficial de 32 años de edad, tuvo de inmediato la sospecha de que algo se tramaba en su contra y que la intriga en marcha nada tenía que ver con el torrente de denuncias que publicaban los medios informativos sobre las torturas que agentes policiales bajo su mando aplicaban a dirigentes y militantes de izquierda.

Entre los denunciantes figuraban Henry Segarra Santos, Agustín Moisés Blanco Genao y Pablo Virgilio Gómez Suardí (Billo), quienes por separado y en distintos momentos del año 1968, revelaron a la prensa que habían sido golpeados con rudeza durante los interrogatorios que les practicaron en el cuartel general. La tortura era una vieja práctica trujillista que seguiría vigente en las investigaciones policiales posteriores; de modo que ese hábito no parecía ser la verdadera causa de las medidas que venía adoptando el alto mando policial para separar a Maríñez de sus filas, ignorando su lealtad al presidente Balaguer y la buena preparación técnica que había adquirido tras participar en diversos cursos  académicos de investigación y especialización policial en el extranjero.

El cuestionamiento a la salud mental del alto oficial se incrementó con su negativa a someterse a una evaluación siquiátrica en el hospital militar y conseguir -en cambio- de especialistas particulares, dos certificados médicos que indicaban que estaba en perfecta salud. La animosidad en su contra había crecido tanto que -consciente de ello- Maríñez afirmó que en su caso “el retiro estaba resuelto desde hace varios días” y que “está claro que cualquier argumento físico y psíquico que haya sido empleado es totalmente falso y no solamente eso, sino también mal disimulado”.

Esa declaración precipitó el castigo que le impuso la jefatura de la Policía, mediante la orden especial número 01 de 1969, de fecha 2 de enero, que nombró como nuevo jefe del servicio secreto al teniente coronel Julio A. Carbucia Reyes y  dispuso el traslado de Maríñez, sin funciones, a la sección A de la compañía Cuartel General, donde también fue enviado, pero a la sección B, el subjefe del servicio secreto, capitán Caonabo Reynoso Rosario, cuyo cargo pasó a ser  ocupado por el capitán Viriato Alcides Brito Pillier. En ese departamento se registró una masiva remoción de agentes secretos, la más amplia registrada desde el 28 de marzo de 1967 cuando el general Braulio Álvarez Sánchez fue nombrado jefe de la Policía, en sustitución del coronel Luis Ney Tejeda Álvarez, quien pasó a ser asesor policial del presidente Balaguer y jefe de un organismo de seguridad al servicio de la Presidencia.

Esta vasta operación dentro del servicio secreto de la Policía reavivó las diferencias surgidas en los meses de febrero y marzo de 1968 entre Álvarez Sánchez y Maríñez, a raíz de la desaparición momentánea del dirigente catorcista Billo Gómez Suardí, quien -luego de varias semanas de búsqueda- pudo ser localizado dentro del propio Palacio de la Policía, debido a la intervención personal del presidente Balaguer, que autorizó a su madre Carmen Suardí a que recorriera todas las celdas policiales, hasta que diera con el paradero de su hijo. Maríñez fue la persona que le informó personalmente al mandatario lo que estaba ocurriendo con ese joven izquierdista, facilitando de ese modo su reaparición, aunque provocando el disgusto de su superior.

En esa ocasión el general Álvarez Sánchez no pudo sacar del servicio secreto a Maríñez, debido a que éste había sido puesto en el cargo y era respaldado abiertamente por el coronel Luis Ney Tejeda Álvarez, antiguo jefe de la Policía y asesor policial del presidente Balaguer.

Causa real de la separación 

El 7 de enero de 1969 el mayor policial Francisco Antonio Báez Maríñez fue finalmente pensionado. Y de acuerdo a un análisis noticioso hecho por el periodista Miguel Ángel Hernández, del periódico El Nacional, su estrella policial comenzó a eclipsarse a principios de mes, cuando el presidente Balaguer decidió suprimir el servicio de seguridad que dirigía su primo hermano, el exjefe de la Policía coronel Luis Ney Tejeda Álvarez, quien fue sacado del país en calidad de embajador en Nicaragua.

Tejeda Álvarez había caído en desgracia con el jefe de Estado, presuntamente por haberse reunido en secreto con altos dirigentes del antiguo partido blanco; entre ellos, el profesor Pablo Rafael Casimiro Castro. Y ya fuera por ese o cualquier otro motivo, su oficina en el Palacio Nacional fue clausurada y Balaguer ordenó a las autoridades militares y policiales confiscar decenas de armas que por medio de esa unidad de inteligencia, habían sido distribuidas, al amparo de tarjetas expedidas por altos oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía.  

Esa disposición contenida en un decreto presidencial para retirar las armas así amparadas, fue anunciada de manera simultánea con la disolución del servicio de inteligencia que comandaba el coronel Tejeda Álvarez, cuya oficina fue cerrada y sus archivos enviados a la Policía.    

A consecuencia de esa realidad, Maríñez -ya en retiro- comenzó a percibir que su residencia era objeto de una severa vigilancia, mientras era informado que un hermano suyo de 19 años, llamado Juan Daniel Báez Maríñez, quien se desempeñaba como raso policial, de servicio en una escuela de Acción Cívica en Pueblo Nuevo, Baní, había sido dado de baja, sin que hubiese cometido falta alguna.

Esos hechos lo llevaron a denunciar ante la opinión pública que vehículos militares lo habían estado buscando en su casa y merodeando por los lugares que acostumbraba visitar, con personal debidamente armado, y también el triste caso de la cancelación de su hermano. Obteniendo como respuesta inmediata una declaración de la oficina de relaciones públicas de la Policía, que atribuyó  la cancelación del raso Báez Maríñez a que no tenía aptitud para policía.   

También la oficina desmintió el presunto asedio a la residencia del denunciante, con estas palabras: “La persecución que dice el mayor pensionado Báez, sólo existe en su mente”, agregando que “al hablar de persecuciones y de intentos en contra de su seguridad personal, lo único que está haciendo el mayor pensionado es aceptar que sí fue pensionado de acuerdo a recomendación de una junta médica, ya que sólo es mental esos aspectos”.

Incluso, el presidente Balaguer habló sobre las referidas denuncias, negando que eso estuviera ocurriendo y calificando de “teorías, simples especulaciones”, lo expresado por el exjefe del servicio secreto de la Policía. “Si lo están persiguiendo le hubieran hecho lo que le iban a hacer, porque ¿quién lo iba a impedir”. Añadiendo: “No creo que sea cierto; y sino que me cite los datos y diga quienes lo persiguen”.

En cuanto a la supresión del cuerpo de inteligencia que dirigía el coronel Tejeda Álvarez, el mandatario no quiso exponer el origen de esa disposición, señalando que se trataba de “medidas de seguridad”. “No tengo que dar explicación sobre ese caso. Son asuntos confidenciales del Gobierno, medidas de seguridad, sobre las que el Gobierno no tiene que informar”. Y agregó que “cuando son cuestiones de seguridad la misma Constitución lo establece. No se está obligado a informar a la prensa ni a nadie. Yo considero que eso es una cuestión de seguridad del Estado sobre los cuales el gobierno no tiene que dar ninguna  información”.

Francisco Antonio Báez Maríñez salió de la Policía contando con la simpatía de amplios círculos policiales, ya que muchos oficiales estaban en desacuerdo con los maltratos que estaba recibiendo de la alta oficialidad, pensando que en el futuro pudiera ocurrirles algo similar. “Hoy es él, mañana podremos ser nosotros”, comentaban.

Maríñez regresó al cuerpo policial con rango de teniente coronel, a principios de la década de los años 70, libre de todo cuestionamiento a su salud mental, siendo designado comandante del batallón de Operaciones Especiales de esa institución, y participando, durante la gestión del general Neit Rafael Nivar Seijas, en varios operativos represivos, como el cerco del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo el 4 de abril de 1972, en busca del dirigente izquierdista Tácito Perdomo Robles.

Esa incursión policial terminó en avasallamiento y tragedia, al caer mortalmente herida la joven estudiante de economía, Sagrario Ercira Díaz Santiago, fallecida 10 días más tarde, y producirse el desconsiderado apresamiento del rector Jottin Cury Elías, el vicerrector Tirso Mejía-Ricart, así como de decenas de estudiantes, profesores y empleados que fueron sacados de la UASD en vehículos policiales.

Una comisión que investigó este hecho sangriento culpó a Maríñez de haber ordenado disparar, por lo cual junto a ocho alistados fue dado de baja y sometido a la justicia civil el 5 de mayo de 1972, pero más tarde fue puesto en libertad, reincorporado a la Policía y trasladado a su comando Norte, donde se mantuvo hasta 1978, cuando fue de nuevo retirado. Retornó a esa institución en 1982, amparado en un decreto del presidente Salvador Jorge Blanco, que lo nombró subjefe de la Policía.

Fue finalmente pensionado con el rango de general, mediante el decreto 476-07, emitido el 27 de agosto de 2007 por el doctor Leonel Fernández. Maríñez se desempeñó como jefe de seguridad de la Autoridad Portuaria Dominicana.

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