Imponen prisión preventiva desde un año hasta tres meses a imputados caso Odebrecht

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Sede de la constructora Odebrecht en Sao Paulo (Brasil).
Héctor Danilo Sánchez
Special Reporter

SANTO DOMINGO, R. D.- El juez de la instrucción especial Magistrado Francisco Ortega Polanco impuso este miércoles prisión preventiva desde un año y hasta tres meses para nueve de los imputados en el caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, así como una garantía económica e impedimento de salida para los tres legisladores encartados en el caso.

 

Juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, en la audiencia para conocer la medida de coerción a 10 de los imputados en el escándalo de corrupción de Odebrecht. Jorge Gonzalez
Juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, en la audiencia para conocer la medida de coerción a 10 de los imputados en el escándalo de corrupción de Odebrecht.

Ortega Polanco dispuso un año de prisión preventiva en la cárcel de La Victoria para Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittalugar por nueve meses en la cárcel Modelo de Najayo, mientras que a Temístocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González se le dictó seis meses de prisión en la cárcel de Najayo.

Igualmente a César Sánchez y Máximo De Oleo prisión preventiva de tres meses para cumplirse en la cárcel de Najayo y arresto domicilio de nueve meses para Radhamés Segura y Roberto Rodríguez.

El magistrado Ortega Polanco también impuso como medida de coerción una garantía económica de cinco millones de pesos e impedimento de salida contra los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, así como al diputado Alfredo Pacheco.

El juez Ortega Polanco también declaró el caso complejo y otorgó un plazo de ocho meses al Ministerio Público para concluir el proceso preparativo.

El juez especial de la Instrucción, además rechazo todos los incidentes presentados por las barras de la defensa de cada uno de los imputados y ratificó el desglose del expediente en el caso Bernardo Castellanos, quien se encuentra en Panamá.

Señaló también que los imputados y el Ministerio Público tienen un plazo de 20 días la apelación de la resolución. El magistrado Ortega Polanco subió a estrado con casi una hora de retraso, ya que la lectura del fallo estaba anunciada para las 4:00 la tarde y se hizo 4:46 pm.

El Magistrado Ortega Polanco dispuso un año de prisión preventiva en la cárcel de La Victoria para Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittalugar por nueve meses en la cárcel Modelo de Najayo, mientras que a Temístocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González se le dictó seis meses de prisión en la cárcel de Najayo.

Igulmente a César Sánchez y Máximo De Oleo prisión preventiva de tres meses para cumplirse en la cárcel de Najayo y arresto domicilio de nueve meses para Radhamés Segura y Roberto Rodríguez.

El magistrado Ortega Polanco también impuso como medida de coerción una garantía económica de cinco millones de pesos e impedimento de salida contra los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, así como al diputado Alfredo Pacheco.

El juez Ortega Polanco también declaró el caso complejo y otorgó un plazo de ocho meses al Ministerio Público para concluir el proceso preparativo.

El juez especial de la Instrucción, además rechazo todos los incidentes presentados por las barras de la defensa de cada uno de los imputados y ratificó el desglose del expediente en el caso Bernardo Castellanos, quien se encuentra en Panamá.

Señaló también que los imputados y el Ministerio Público tienen un plazo de 20 días la apelación de la resolución. El magistrado Ortega Polanco subió a estrado con casi una hora de retraso, ya que la lectura del fallo estaba anunciada para las 4:00 la tarde y se hizo 4:46 pm.

Procurador califica de trascendental sentencia impone medidas de coerción imputados caso Odebrecht

El procurador Jean Rodríguez
El procurador Jean Rodríguez

 El procurador general de la República, Jean Rodríguez, calificó este miércoles como trascendental para la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, la sentencia emitida por el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega, que va desde tres meses hasta un año contra los 14 imputados que hasta el momento han sido identificados por participar en forma particular en los sobornos que la multinacional Odebrecht admitió que pagó en el país.

A través de un comunicado, Rodríguez dijo además que esta sentencia marca el inicio del recorrido hacia lograr el fin de la impunidad en el país, destacando que fue emitida luego que el Ministerio Público demostrara los vínculos de los imputados con los delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Contra el imputado Ángel Rondón Rijo fue impuesto un año de prisión preventiva, en la Penitenciaría Nacional de La Victoria; contra Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga, fueron impuestos nueve meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo; Juan Temistoclés Montás, Porfirio Andrés Bautista y Ruddy González seis meses de prisión, igualmente en Najayo, mientras que contra César Domingo Sánchez y Máximo De Oleo fueron dictados tres meses de prisión también en Najayo.

Igualmente, fue impuesta la medida de coerción de arresto domiciliario en contra Radhamés Segura y Roberto Rodríguez Hernández por espacio de nueve meses.

En tanto que una fianza RD$5 millones como garantía económica e impedimento de salida del país les fueron impuesto al senador de San Cristóbal, Tommy Galán, el senador por Santiago Julio César Valentín, y al diputado por el Distrito Nacional Alfredo Pacheo Osoria.

El procurador Rodríguez reiteró, tal y como lo anunció el día en que fueron arrestados los implicados preliminares en este condenable hecho, que en el expediente están todos los que fueron señalados por la empresa Odebrecht como las personas a las que sobornó con el fin de obtener contratos de obras del Estado.

Al mismo tiempo, agregó “esta es solo la primera fase de este proceso. El Ministerio Público seguirá cumpliendo con su rol y mandato constitucional de procurar justicia y que haya consecuencias ante la violación a las leyes”.

Al referirse a los abogados de la defensa, el procurador general dijo que “aunque en más de 10 ocasiones trataron de entorpecer la audiencia de medidas de coerción, tratando incluso de que el proceso fuera anulado o declarado inadmisible, el magistrado juez, les rechazó todos y cada uno de los incidentes que presentaron, encontrando que la actuación del Ministerio Público y la instrumentación del expediente han sido correctos”.

Rodríguez destacó que por eso en su alocución del pasado lunes, 29 de mayo, le pidió al país que no se dejara confundir, porque muchos iban a tratar de generar dudas y de querer restar credibilidad a las actuaciones del Ministerio Público.

Con respecto a los imputados, dijo que aunque estos rechacen las imputaciones y apelen las decisiones judiciales que se emitan en su contra, esta es una acusación bien preparada, que permitirá posteriormente en un juicio de fondo establecer una nueva era en la lucha contra la corrupción en el país.

Dijo que la decisión de imponer medidas de coerción contra los implicados en este caso, evidencia que existen suficientes elementos preliminares que comprometen la responsabilidad de cada uno de ellos.

El Ministerio Público le atribuye a los imputados haber violado los artículos 123, 124, 166, 167, 169, 171, 172, 175, 176, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los artículos 2 y 7 de la Ley 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que era la norma vigente a la fecha de la ocurrencia de los hechos, y los artículos 3, 7 y 18 de la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.

El Ministerio Público estuvo representado durante la audiencia, bajo la coordinación del procurador general de la República, Jean Rodriguez, por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier; la procuradora adjunta Carmen Díaz Amézquita, los procuradores de Cortes de Apelación, Narciso Escaño Martínez, Francisco José Polanco Ureña, y Wilson Manuel Camacho Peralta, y los fiscales Milciades Guzmán Leonardo, Joel Antonio López Gómez, Luis Alberto González Reyes, y Wagner Cubilete García.

 

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