Puerto Rico gasta millones de dólares y miles de horas cada año en un aparato
administrativo que promete atender al estudiante, pero que en la práctica lo abandona.
Se llenan formularios, se diagnostica, se documenta, se justifica ante agencias federales
y locales — y mientras tanto, un estudiante de quinto grado sigue sin poder leer una
oración completa. Llevamos décadas repitiendo el mismo ciclo: más papeleo, menos
aprendizaje.
La excusa oficial es que hay que “diagnosticar y atender” las necesidades individuales
del estudiante. Pero la realidad en el salón es otra: treinta estudiantes por clase, con
necesidades completamente distintas, muchos en pobreza, muchos con padres que ya
delegaron por completo la enseñanza de la lectura y la escritura a la escuela, y maestros
tratados como empleados desechables dentro de un sistema que no los respalda. Con
esa proporción, el fracaso no es una posibilidad — es una garantía matemática.
Las pruebas PISA a nivel mundial lo han confirmado una y otra vez: los países que
mejores resultados obtienen no son los que más burocracia administrativa tienen, sino
los que regresan a lo esencial — destrezas básicas de lectura y escritura, atención
académica real, y grupos reducidos de no más de treinta estudiantes con foco absoluto
en la instrucción.
Mientras tanto, en Puerto Rico se saca al estudiante del salón para terapias que deberían
ser individuales y privadas, pero que se ofrecen en grupo a niños que en quinto grado
siguen siendo funcionalmente analfabetos. ¿Qué se les ofrece en realidad? Un centro de
cuido por las tardes, tercerizado a compañías externas cuya función principal es
completar asignaciones en papel y verificar libretas. Eso no es intervención educativa —
es un robo institucionalizado, disfrazado de servicio, que le cobra al país por una
deficiencia que el propio sistema se niega a corregir.
Al maestro hay que devolverle la libertad de enseñar. Ningún educador puede lograr un
éxito rotundo con treinta estudiantes en el salón, y esa cantidad no solo dificulta el control
de grupo — elimina por completo la posibilidad de instrucción individualizada. Todo el
papeleo administrativo debe ocurrir antes o después del tiempo lectivo. El maestro fue
contratado para enseñar, no para llenar formularios que al final nadie usa para mejorar al estudiante.
La prueba de que ese papeleo no sirve es el fracaso académico constante y
documentado de Puerto Rico.
Entonces hay que preguntar, sin rodeos:
¿Por qué no se reduce la cantidad de administradores si la matrícula de escuela
pública se ha reducido a la mitad?
¿Por qué no se automatizan las funciones administrativas que hoy consumen
tiempo y personal sin aportar nada al aprendizaje?
¿Por qué no se declara un programa de emergencia donde todo el personal
administrativo regrese a las escuelas a enseñar a leer y escribir?
Invitamos a los legisladores estatales y municipales a que vayan a las escuelas
elementales e intermedias y se sienten, ellos mismos, a enseñar a leer y escribir a los
niños. Que vivan la crisis de cerca antes de legislar sobre ella desde una oficina.
¿Por qué no existe una Ley de Lectura de Puerto Rico? ¿Por qué no se establece una
Academia Nacional de Lectura y Escritura donde todo maestro esté obligado a
certificarse en la enseñanza efectiva de estas destrezas? Los modelos que se han usado
—y se siguen usando— no funcionan. El tiempo dedicado a pasar lista y llenar
formularios no es proporcional a la magnitud de la crisis que enfrentamos.
Si la escuela pública va a seguir funcionando como un lugar donde se obliga a los niños a
asistir para ser cuidados, mientras el aprendizaje queda como algo opcional, entonces no
cumple su propósito de ley y debe replantearse desde la raíz. Puerto Rico no tiene una crisis de
recursos — tiene una crisis de prioridades. Y mientras sigamos midiendo el éxito escolar
por la cantidad de formularios y procesos completados en lugar de por la cantidad de niños que
saben leer y escribir, seguiremos fabricando generaciones de analfabetos funcionales con el sello
oficial del gobierno.
