Cada agosto repetimos el mismo ritual: el Departamento de Educación anuncia con orgullo que “todo está listo” para el regreso a clases, mientras miles de familias saben —porque lo viven todos los días— que sus comunidades llevan semanas o meses sin agua potable confiable. Este año, esa contradicción no es una excepción aislada; es la continuación de una crisis hídrica que ha mantenido a decenas de miles de abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados sin servicio en la zona metropolitana y en otras regiones de la isla. Abrir las puertas de un plantel escolar en esas condiciones no es un simple inconveniente logístico: es una decisión que pone en riesgo directo la salud de miles de estudiantes y maestros, y que puede convertirse en el detonante de un brote epidémico prevenible.

Por qué esto no es una exageración

Un plantel escolar sin agua potable no es solo un plantel con inodoros que no descargan. Es un ambiente donde se rompen, de golpe, todas las barreras sanitarias que evitan que las bacterias, los virus y los parásitos se propaguen entre cientos de personas que comparten el mismo espacio ocho horas al día.

Lista de los peligros inmediatos

1. Propagación de enfermedades gastrointestinales. Sin agua para el lavado de manos ni para la limpieza de baños, patógenos como E. coli, Shigella y rotavirus encuentran condiciones ideales para transmitirse de estudiante a estudiante.
2. Inodoros inoperantes o insalubres. Baños que no pueden descargarse generan acumulación de desechos, malos olores y un foco directo de contaminación bacteriana, tal como se ha reportado en instituciones y negocios de San Juan durante la crisis actual.
3. Imposibilidad de higiene básica. Lavado de manos, limpieza de heridas menores, preparación higiénica de alimentos en los comedores escolares: todo depende de un suministro constante de agua potable.
4. Riesgo elevado para poblaciones vulnerables. Estudiantes con condiciones de salud preexistentes, maestros de edad avanzada y personal con discapacidades enfrentan un riesgo desproporcionado ante cualquier brote.
5. Cierre reactivo en cadena. Si un plantel se convierte en foco de contagio, la respuesta será cerrar escuelas de emergencia, profundizando la pérdida de días lectivos que ya sufre nuestro sistema educativo.
6. Colapso de la confianza pública. Cada vez que el gobierno abre escuelas sin garantizar condiciones sanitarias mínimas, erosiona la poca confianza que le queda a las familias en las instituciones públicas.
7. Ausencia de mecanismos de alerta temprana. Persisten cientos de sistemas de agua no regulados por la AAA en zonas rurales, con supervisión limitada del Departamento de Salud, lo que dificulta detectar contaminación antes de que llegue a los planteles.

El Departamento de Salud tiene la obligación de actuar ahora, no después

No podemos esperar a que ocurra un brote de gastroenteritis, hepatitis A o alguna otra enfermedad hídrica en un salón de clases para que el Departamento de Salud active protocolos. La vigilancia epidemiológica preventiva —no la reactiva— debe ser la norma. Certificar la potabilidad del agua en cada plantel antes del primer día de clases debe ser un requisito no negociable, con la misma rigurosidad con la que se exigen vacunas o certificados de salud al personal escolar.

Soluciones concretas para enfrentar la falta de agua potable en las escuelas

1. Certificación sanitaria obligatoria previa a la apertura. Ningún plantel debe abrir sus puertas sin una inspección y certificación de potabilidad del agua, emitida por el Departamento de Salud, con fecha de vigencia visible en la entrada de la escuela.
2. Cisternas y tanques de reserva con mantenimiento verificado. Instalar y dar mantenimiento continuo a sistemas de almacenamiento de agua en cada plantel, con protocolos claros de limpieza y desinfección periódica.
3. Estaciones de agua potable embotellada de emergencia. Mientras se resuelve la infraestructura permanente, todo plantel sin suministro confiable debe contar con agua embotellada suficiente para consumo, lavado de manos e higiene básica.
4. Brigadas sanitarias móviles del Departamento de Salud. Equipos que recorran los planteles más afectados para realizar pruebas rápidas de calidad de agua y desinfección de baños antes y durante el semestre.
5. Inversión prioritaria en infraestructura hídrica escolar. Canalizar fondos de reconstrucción y asignaciones federales específicamente hacia la modernización de tuberías y sistemas de agua en las escuelas más vulnerables, en coordinación directa con la AAA.
6. Protocolo de cierre automático por riesgo sanitario. Establecer, por reglamento, que ningún plantel puede operar sin agua potable certificada por más de 24 horas, sin excepción ni discreción administrativa.
7. Educación comunitaria sobre conservación e higiene. Involucrar a las Asociaciones de Padres, Maestros y Estudiantes en campañas de conservación de agua y prácticas de higiene que mitiguen el impacto mientras se resuelve la infraestructura.

Una crisis de infraestructura no puede convertirse en una crisis de salud pública

Puerto Rico ya conoce el costo de la negligencia en su infraestructura: apagones prolongados, tuberías centenarias que colapsan, y un Superacueducto que ha fallado repetidamente en los últimos meses. No podemos permitir que esa misma negligencia se traslade, sin filtro alguno, a las aulas donde pasan sus días nuestros niños y jóvenes. Abrir una escuela sin agua potable no es “hacer lo mejor posible con lo que hay”: es una decisión administrativa que arriesga la salud pública para cumplir con un calendario académico. El Departamento de Educación y el Departamento de Salud tienen la responsabilidad compartida de anteponer la vida y la salud de nuestros estudiantes y maestros por encima de cualquier fecha en el calendario escolar.