OSCEOLA 360
La radiografía investigativa del Condado de Osceola
Publicación oficial de El Sol de la Florida
Por Marcos A. Tejeda
Publisher & Editor-in-Chief
El Sol de la Florida
Dos días después de las primarias, el Condado entra en una etapa más complicada que la campaña: dos contiendas avanzan hacia recuentos, el Distrito Escolar advierte que necesita nuevos ingresos y Kissimmee cerró un proceso contra su alcaldesa sin resolver el fondo de las acusaciones.
Las elecciones terminaron el martes, pero Osceola County todavía no ha terminado de contar todas sus consecuencias.
Hoy, jueves 20 de agosto, la Canvassing Board de la supervisora de Elecciones Mary Jane Arrington tiene programado incorporar las papeletas del Día de Elecciones al sistema independiente de auditoría. Mañana deberá considerar resultados no oficiales y asuntos relacionados con votos provisionales, firmas y papeletas por correo. La certificación definitiva está prevista para el 25 de agosto.
El procedimiento adquiere una importancia especial porque al menos dos contiendas del martes quedaron dentro del margen que puede activar un recuento automático, incluida la carrera por el Distrito 3 de la Junta Escolar.
Pero la elección dejó algo más profundo que ganadores, perdedores y posibles recuentos.
En menos de 48 horas, Osceola ha colocado sobre la mesa tres problemas que parecen separados, pero no lo están: confianza en las instituciones, capacidad financiera del gobierno y calidad de las decisiones públicas.
Kissimmee acaba de cerrar, por empate, el intento de llevar a juicio político municipal a la alcaldesa Jackie Espinosa.
El Distrito Escolar, mientras tanto, advierte que prácticamente agotó las alternativas para reducir gastos y quiere pedir a los contribuyentes una nueva fuente de ingresos.
Y los funcionarios electorales deben demostrar ahora, voto por voto, que unas elecciones cerradas pueden resolverse mediante procedimientos verificables y no mediante percepciones políticas.
Ese es el Osceola que queda después de retirar los carteles de campaña.
La elección todavía no ha terminado
El calendario oficial de la Oficina de Elecciones ayuda a entender por qué los resultados de la noche del martes deben considerarse preliminares hasta completar el proceso legal.
La Canvassing Board se reunió esta mañana para introducir las papeletas del Día de Elecciones en el sistema independiente de auditoría.
Mañana, 21 de agosto, está prevista la reunión para los resultados no oficiales. Allí también se resolverán determinados votos provisionales, declaraciones para corregir problemas de firma y papeletas por correo remitidas para consideración de la Junta.
Si procede un recuento, el calendario reserva también una reunión para el sábado 22.
La certificación de resultados oficiales y la auditoría están previstas para el martes 25.
Esto importa especialmente en carreras estrechas.
El trabajo de Mary Jane Arrington y de la Canvassing Board no consiste en determinar quién debería ganar. Consiste en establecer cuántos votos válidos recibió cada candidato conforme a las reglas.
En elecciones separadas por márgenes pequeños, esa diferencia institucional resulta fundamental.
La Junta Escolar puede cambiar por unos pocos votos mientras enfrenta una decisión de millones
Una de las carreras que exige especial atención es el Distrito 3 de la Osceola County School Board, disputado por Natalie Guzman y Alyssa Noel.
La diferencia preliminar quedó suficientemente estrecha para colocar la contienda dentro del proceso de recuento previsto por la ley, según la información divulgada después de las elecciones.
En el Distrito 1 no existe la misma incertidumbre: Greg Filak ganó la elección para el asiento abierto.
Pero lo realmente significativo es el momento en que ocurre la transición.
La Junta Escolar que resulte de estas elecciones tendrá que enfrentar una de las decisiones financieras más importantes de los próximos años.
El Distrito, encabezado por el superintendente Dr. Mark Shanoff, sostiene que necesita ingresos operacionales adicionales y está impulsando un referéndum para noviembre que autorizaría un impuesto ad valorem de un mill anual durante cuatro años, desde julio de 2027 hasta junio de 2031.
La propuesta ya fue formalmente transmitida para aparecer en la boleta del 3 de noviembre. Los documentos del Condado dejan claro que la Comisión del Condado no tenía autoridad para modificar o aprobar el contenido de la pregunta: actuó ministerialmente a petición de la Junta Escolar.
Ahora la discusión pertenece a los votantes.
Mark Shanoff está planteando el problema en términos mucho más serios
Hoy, la discusión educativa dejó de ser abstracta.
Shanoff sostiene que el Distrito ha llegado a un punto en que ya no dispone de suficientes áreas donde continuar recortando sin afectar las operaciones escolares.
Su argumento coloca el próximo referéndum dentro de una realidad incómoda para Osceola.
El mismo Condado que acaba de abrir Nova Lakes High School para responder al crecimiento residencial afirma simultáneamente que necesita más dinero para operar su sistema educativo.
Ahí está la contradicción que los electores deberán examinar cuidadosamente.
Construir infraestructura y operarla son dos problemas financieros diferentes.
Los impact fees asociados al crecimiento pueden ayudar a financiar nuevas instalaciones.
Pero un edificio nuevo necesita maestros, personal de apoyo, seguridad, electricidad, transporte, mantenimiento y administración todos los años.
Una escuela puede construirse una vez.
Debe financiarse todos los días.
El impuesto escolar merece números, no consignas
La pregunta que llegará en noviembre autoriza un mill adicional sobre propiedad gravable durante cuatro años.
Eso significa que el debate no debería reducirse a “apoyar a los maestros” frente a “oponerse a los impuestos”.
El Distrito tendrá que demostrar con precisión cuánto dinero espera recaudar.
Cuánto irá a salarios.
Cuánto recibirán las escuelas charter bajo las reglas aplicables.
Qué programas dependerían de esos recursos.
Qué ocurriría si el referéndum fracasa.
Y qué mecanismos permitirán al contribuyente comprobar posteriormente que el dinero fue utilizado como se prometió.
Si la administración de Shanoff afirma que no queda prácticamente nada significativo por recortar, la documentación presupuestaria deberá permitir que el público llegue a esa misma conclusión.
La responsabilidad del Distrito no es solamente pedir dinero.
Es demostrar la necesidad.
Mientras el Condado cuenta votos, Kissimmee sigue contando daños políticos
Existe otra razón por la cual esta semana gira alrededor de la confianza pública.
Horas después de que los residentes acudieran a las urnas el martes, la Comisión de Kissimmee celebró una reunión especial para decidir si avanzaba hacia un juicio municipal contra la alcaldesa Jackie Espinosa.
La votación terminó 2-2.
Sin mayoría, el proceso no avanzó.
Pero es fundamental explicar exactamente qué significa ese resultado.
La Comisión no determinó que Espinosa fuera inocente de las alegaciones.
Tampoco determinó que hubiera violado el código de ética.
Decidió si debía avanzar a una etapa de juicio público basada en las conclusiones de la fiscal especial Mayanne Downs.
El empate impidió continuar.
Eso es muy diferente a una resolución sobre el fondo del caso.
$50,000 y tres negocios están en el centro del expediente
Downs había encontrado causa probable en tres de siete alegaciones relacionadas con el programa municipal BOOST 2.0, financiado con recursos federales de recuperación de COVID-19 destinados a ayudar a negocios de Kissimmee.
Según los hallazgos citados en la cobertura del proceso, tres negocios propiedad de Espinosa o de integrantes de su familia recibieron conjuntamente $50,000.
Los registros identificados por la investigación señalan a Espinosa como propietaria de Adanse LLC, que recibió $20,000, y como vicepresidenta con más de 5% de participación en Kissimmee Diner Inc., que recibió $15,000. Otro negocio operado por familiares recibió $15,000.
Downs sostuvo que Espinosa participó en tres acciones de la Comisión relacionadas con el financiamiento y expansión de BOOST 2.0 sin revelar sus intereses financieros.
La defensa presentó una interpretación distinta.
La abogada de Espinosa, Migdalia Perez, argumentó que Downs no identificó una decisión específica de concesión que la alcaldesa hubiera influenciado ni un empleado municipal al que hubiera presionado. También sostuvo que las solicitudes fueron posteriormente evaluadas por empleados de la ciudad.
Son dos posiciones diferentes.
Ninguna debe presentarse como sentencia definitiva.
Janette Martinez quería llevar el caso hasta una audiencia pública
La comisionada Janette Martinez votó a favor de continuar hacia un juicio.
Su argumento fue particularmente relevante desde el punto de vista institucional: después de que Kissimmee había gastado más de $25,000 en la investigación, consideraba que una audiencia permitiría presentar públicamente las pruebas y terminar el proceso ya fuera responsabilizando o exonerando a Espinosa.
Los otros dos comisionados elegibles que votaron se opusieron a continuar, produciendo el empate 2-2.
Espinosa no participó en la votación sobre su propio procedimiento.
El resultado mantiene a la alcaldesa en el cargo y termina, por ahora, el intento municipal de llevar el asunto a juicio.
Pero no elimina todo el expediente.
La defensa de Espinosa confirmó que existe una revisión separada pendiente ante la Florida Commission on Ethics.
Por eso sería incorrecto escribir que “el caso terminó”.
Terminó una vía municipal.
La revisión estatal sigue siendo un asunto que merece seguimiento.
Kissimmee tiene ahora un problema mayor que Jackie Espinosa
El problema institucional es más amplio que determinar quién tenía razón en la sala el martes.
Kissimmee acaba de demostrar que puede invertir meses y decenas de miles de dólares investigando una denuncia, contratar una fiscal especial, obtener hallazgos de causa probable y llegar al punto de considerar un juicio sin contar con un procedimiento de impeachment suficientemente claro para evitar una disputa jurídica sobre las propias reglas.
Ese argumento fue precisamente uno de los ejes de la defensa de Perez.
La ciudad debería aprender de ello.
Un gobierno no debe comenzar a diseñar el procedimiento para remover a un funcionario después de que aparece el funcionario que podría ser removido.
Las reglas deben existir antes del conflicto.
Deben definir estándares, etapas, derechos de defensa, votaciones necesarias y posibles sanciones.
Eso protege tanto al funcionario acusado como al ciudadano que presenta una denuncia.
Las tres historias tienen algo en común
A primera vista, un recuento electoral, un impuesto escolar y una investigación ética parecen asuntos completamente diferentes.
En realidad, todos dependen de la misma moneda institucional:
credibilidad.
Mary Jane Arrington necesita demostrar que cada voto válido fue contado correctamente.
Mark Shanoff y la Junta Escolar deberán convencer a los contribuyentes de que el Distrito realmente necesita nuevos ingresos y que los administrará responsablemente.
Kissimmee necesita demostrar que puede investigar a sus propios funcionarios mediante reglas claras que no cambien según quién esté sentado en la silla.
Ninguno de esos desafíos se resuelve mediante un comunicado de prensa.
Se resuelven mostrando documentos, números, procedimientos y decisiones.
Qué debemos observar
Mañana será un día importante para las elecciones.
La Canvassing Board tiene programada la reunión de resultados no oficiales y deberá resolver los asuntos pendientes contemplados en el calendario electoral. Si los márgenes permanecen dentro de los parámetros legales, el proceso de recuento continuará. (Vote Osceola)
También habrá que seguir cuidadosamente el Distrito 3 de la Junta Escolar y cualquier otra contienda que permanezca dentro del margen correspondiente.
En educación, el próximo paso será exigir al Distrito un desglose comprensible del referéndum de un mill antes de noviembre: cuánto espera recaudar y exactamente cómo cambiaría las operaciones escolares.
En Kissimmee, la atención deberá desplazarse hacia la Florida Commission on Ethics y hacia una pregunta que la ciudad debería resolver independientemente del resultado de ese organismo: ¿necesita Kissimmee establecer un procedimiento formal y permanente para futuras investigaciones y procesos contra funcionarios electos?
Conclusión editorial
Las elecciones producen una tentación peligrosa.
Pensar que una vez contados los votos comienza una página nueva.
No funciona así.
Los gobiernos heredan problemas.
Los funcionarios electos heredan presupuestos.
Las juntas escolares heredan obligaciones.
Y las instituciones heredan las consecuencias de decisiones tomadas mucho antes de que llegaran los nuevos integrantes.
Esta semana Osceola está viendo las tres cosas simultáneamente.
Unos pocos votos pueden decidir quién integra una Junta Escolar que pronto pedirá a los propietarios pagar más para sostener el sistema educativo.
Una alcaldesa continúa en su cargo después de que un empate impidiera llegar a una determinación municipal sobre alegaciones que ya costaron más de $25,000 investigar.
Y la oficina de Mary Jane Arrington trabaja ahora en la parte menos espectacular pero más importante de una elección cerrada: demostrar exactamente quién ganó.
Después de una campaña, los candidatos piden confianza.
Después de una elección, las instituciones tienen que ganársela.
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Por Marcos A. Tejeda
Publisher & Editor-in-Chief
El Sol de la Florida
