Mientras el mundo digitaliza sus gobiernos, la Isla retrocede hacia la opacidad institucional
Por Dr. Edgar León Ayala
SAN JUAN, Puerto Rico — En pleno siglo XXI, cuando países de todo el mundo compiten por alcanzar mayores niveles de eficiencia y transparencia mediante la digitalización gubernamental, Puerto Rico ha decidido caminar en sentido contrario.
Una nueva ley aprobada recientemente exime al Gobierno de su obligación de compartir información pública con la ciudadanía y la prensa. Esto significa que detalles esenciales —como contratos, gastos, nóminas y transacciones diarias— dejarán de estar disponibles para el escrutinio público.
En una democracia que debería rendir cuentas a su pueblo, esta decisión representa un retroceso institucional y un golpe directo a la confianza ciudadana.
El velo de la opacidad
La medida marca un cambio profundo en la relación entre el Estado y sus ciudadanos. A partir de ahora, conocer quién recibe contratos públicos, cuántos empleados de confianza tiene cada agencia o cómo se gastan los fondos públicos será prácticamente imposible.
En un país que atraviesa una crisis fiscal prolongada y donde la transparencia debería ser una prioridad, esta decisión envía un mensaje preocupante: el gobierno no quiere que el pueblo sepa cómo se maneja su dinero.
El peligro es evidente. Sin acceso a la información pública, se desmantela el mecanismo más poderoso de fiscalización democrática: el derecho de los ciudadanos y periodistas a cuestionar y verificar el uso de los recursos públicos.
El mundo avanza; Puerto Rico retrocede
El contraste con las tendencias internacionales no podría ser más marcado.
Estonia lidera el gobierno digital permitiendo a cualquier ciudadano ver cada transacción pública en tiempo real a través de la plataforma X-Road.
Uruguay publica todos sus contratos en el portal Comprando y usa inteligencia artificial para detectar irregularidades antes de que ocurran.
Georgia, una de las naciones más corruptas hace apenas dos décadas, se reinventó digitalizando cada trámite y abriendo sus registros públicos.
Nueva Zelanda y India también han demostrado que la transparencia digital no solo es posible, sino rentable: reduce corrupción, mejora eficiencia y restaura la confianza pública.
Puerto Rico, con 3.2 millones de habitantes y acceso a la tecnología de primer mundo, podría estar en esa lista. Pero ha elegido el camino contrario: más papel, más burocracia, menos transparencia.
El costo real de la oscuridad
La falta de transparencia no es solo un problema moral o ético; tiene consecuencias económicas directas:
- Corrupción sin freno: Los contratos públicos se convierten en premios políticos, muchas veces otorgados a empresas allegadas sin competencia real.
- Empleados fantasma: Sin registros accesibles, prosperan las nóminas infladas y los asesores invisibles.
- Despilfarro institucionalizado: Se pagan precios excesivos por equipos y servicios sin justificación alguna.
- Desconfianza ciudadana: La opacidad erosiona la fe en las instituciones y desanima la participación cívica.
- Crisis perpetua: Sin transparencia, no hay eficiencia. Sin eficiencia, no hay desarrollo. Puerto Rico seguirá atrapado en un ciclo de endeudamiento y recesión.
Un golpe a la libertad de prensa
Más allá de la corrupción administrativa, la nueva ley constituye un ataque directo a la libertad de prensa.
Los periodistas investigativos dependen de los datos públicos para exponer irregularidades. Si esa información desaparece, el periodismo pierde su capacidad de fiscalizar y el poder político actúa sin contrapeso.
La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) ya advirtió que esta ley “viola el derecho constitucional de acceso a la información y socava el rol fiscalizador de la prensa libre”.
Una democracia sin información pública no es una democracia funcional; es una fachada administrativa.
La paradoja tecnológica
Lo más irónico es que Puerto Rico posee el talento necesario para liderar la transparencia digital en el Caribe. Ingenieros, programadores y tecnólogos puertorriqueños desarrollan software para empresas globales, mientras el propio gobierno continúa operando con procesos analógicos, redundantes y arcaicos.
No se trata de falta de capacidad técnica. Se trata de falta de voluntad política. O peor: de una voluntad deliberada por mantener el control a través de la opacidad.
Siete soluciones viables para devolver la transparencia
Aunque el panorama parece sombrío, existen soluciones inmediatas —tecnológicas y legales— que pueden implementarse en cuestión de meses:
- Portal de Datos Abiertos Gubernamental:
Plataforma central donde se publiquen contratos, nóminas, compras y auditorías. Software gratuito (CKAN) y probadamente exitoso en EE. UU. y Europa.
Costo estimado: $1 millón. Tiempo de implementación: 3–6 meses. - Auditoría con Inteligencia Artificial:
Sistemas que detectan patrones sospechosos en contratos y pagos. Ciudades como Buenos Aires y Bogotá ya lo usan con resultados comprobados.
Ahorros potenciales: decenas de millones anuales. - Blockchain para Contratos Públicos:
Cada contrato registrado con sello digital inmutable, imposible de alterar o borrar.
Ejemplo: Georgia y Estonia. - Observatorio Ciudadano Digital:
Plataforma independiente donde periodistas, académicos y ciudadanos puedan subir, cruzar y analizar datos públicos. - Presupuesto Participativo Digital:
Que los ciudadanos voten y den seguimiento a proyectos municipales, creando “islas de transparencia” desde las comunidades. - APIs gubernamentales abiertas:
Cada agencia debe ofrecer interfaces digitales para que periodistas, desarrolladores y ciudadanos accedan a los datos en tiempo real. - Coalición de Medios y Sociedad Civil:
Alianza formal entre prensa, universidades y ONGs para impugnar la ley, litigar por transparencia y construir portales alternos de información.
Vías legales para revertir el retroceso
Aunque la ley limita el acceso, existen mecanismos legales aún vigentes:
- Impugnación constitucional: La medida podría violar el derecho a la libre prensa y acceso a información, protegidos por la Constitución de Puerto Rico y la de EE. UU.
- Presión federal: El Congreso y la Junta de Supervisión Fiscal pueden exigir transparencia como condición para aprobar presupuestos o fondos federales.
- Tratados internacionales: La Convención Interamericana contra la Corrupción obliga a garantizar acceso público a información sobre actos de gobierno.
Una ventana de oportunidad
Los próximos 12 a 18 meses serán decisivos.
Si la sociedad civil, los medios y los ciudadanos no actúan, este precedente de opacidad podría arraigarse por décadas.
Pero si hay resistencia organizada —desde litigios hasta plataformas ciudadanas digitales—, Puerto Rico puede convertir este momento oscuro en el punto de partida para una revolución de transparencia.
El costo de no actuar
Si Puerto Rico no corrige este rumbo:
- La fuga de talento aumentará.
- Las instituciones colapsarán bajo su propia burocracia.
- La inversión privada se alejará por falta de confianza.
- Y la pobreza institucional se volverá permanente.
La elección
Puerto Rico está en una encrucijada. Puede resignarse a la opacidad o puede liderar una nueva era de transparencia y gobierno digital.
La tecnología existe. El conocimiento también. Lo único que falta es voluntad —política o ciudadana— para hacerlo realidad.
La democracia no se defiende con discursos, sino con acción y vigilancia.
Puerto Rico merece saber cómo se gasta cada dólar de sus impuestos.
Y si el gobierno no quiere mostrarlo, la sociedad civil tiene el deber de construir la transparencia desde abajo.
“La transparencia es la moneda de la confianza. Sin ella, no puede haber gobierno legítimo.”
— Kofi Annan, ex Secretario General de la ONU
