Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El Gobierno dominicano emitió este miércoles el Decreto 615-26, mediante el cual se declara de alto interés nacional y prioridad estratégica el combate al terrorismo medioambiental, estableciendo que las agresiones deliberadas contra los parques nacionales y los recursos naturales críticos recibirán una respuesta contundente con acciones drásticas y una persecución penal implacable.

Durante el acto de presentación de la normativa, celebrado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, catalogó como actos terroristas medioambientales aquellas acciones perpetradas por desaparición o daño sistemático a los parques nacionales, advirtiendo que habrá acciones más drásticas y persecuciones firmes contra nacionales dominicanos y extranjeros que incurran en estos ilícitos.

Un antes y un después en la protección de los recursos naturales

El mandatario señaló que, durante décadas, los parques nacionales carecieron de la atención y la seguridad jurídica necesarias por parte del Estado.

Informó que, al inicio de su gestión, se constató con sorpresa que la mayoría de estas áreas protegidas ni siquiera contaban con títulos de propiedad a nombre del Estado, situación que ya comenzó a corregirse mediante un proceso de titulación nacional.

Asimismo, el presidente Abinader advirtió que gran parte de los incendios forestales registrados recientemente —como el ocurrido en el Parque Nacional de Bahoruco— son provocados por actividades ilícitas que no solo destruyen la flora y la fauna, sino que comprometen gravemente el suministro de agua y la seguridad alimentaria de la nación.

Acciones drásticas y aplicación del Código Penal

Ante la vulnerabilidad detectada en los marcos legales anteriores, donde los infractores frecuentemente quedaban en libertad a los pocos días, el Gobierno ha decidido actuar con la mayor contundencia. Con el respaldo de las disposiciones legales y el nuevo Código Penal, las conductas que afecten los parques nacionales enfrentarán sanciones de 20 a 30 años de cárcel.

El jefe de Estado fue enfático al señalar que se han girado instrucciones precisas a las Fuerzas Armadas, a la Dirección General de Migración y a los cuerpos de inteligencia para que tanto los autores materiales —muchos de ellos nacionales haitianos— como los determinadores o patrocinadores de nacionalidad dominicana que los contraten o envíen, enfrenten exactamente el mismo peso de la ley, sin excepciones ni impunidad.

Puntos clave del Decreto núm. 615-26

Declaratoria de alto interés (Art. 1): Prioriza la prevención, detección e investigación del terrorismo medioambiental, definiéndolo como aquellos actos graves contra los recursos naturales y ecosistemas estratégicos que se equiparen a las normativas antiterroristas vigentes.

Activos protegidos (Art. 2): Otorga especial protección a los sistemas de áreas protegidas, cuencas hidrográficas prioritarias, presas, embalses, manglares, humedales y nacimientos de ríos.

Coordinación institucional (Art. 3 y 4): Instruye al Comité Nacional Antiterrorista, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Policía Nacional y a la Dirección General de Migración a diseñar una Política Nacional de Prevención y Combate orientada a neutralizar incendios forestales provocados y amenazas a la infraestructura hídrica y energética.

Persecución penal (Art. 5): Dispone la remisión inmediata de cualquier agresión al patrimonio ambiental ante el Ministerio Público para asegurar la acción penal correspondiente.

Participación ciudadana (Art. 6): Establece plataformas tecnológicas y mecanismos de denuncia confidencial para garantizar la protección de los ciudadanos colaboradores de buena fe.

Medio Ambiente demuele dos edificaciones levantadas en la franja del río Maimón

JUAN ADRIÁN, Monseñor Nouel.— El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales intervino y demolió dos edificaciones construidas ilegalmente dentro de la franja de protección del río Maimón, en el municipio de Juan Adrián, provincia Monseñor Nouel, tras comprobar mediante inspecciones técnicas que las obras vulneraban las disposiciones ambientales vigentes.

La intervención fue ejecutada por la Dirección de Fiscalización Ambiental, con apoyo operativo del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), luego de denuncias e inspecciones que permitieron verificar la continuidad de trabajos no autorizados próximos al cauce del río.

En el primer inmueble, el promotor disponía únicamente de un Certificado de Registro de Impacto Mínimo para realizar labores de limpieza y nivelación del terreno. El documento establecía expresamente la obligación de respetar los 30 metros correspondientes a la franja de protección del río.

Sin embargo, las inspecciones determinaron que en el lugar había sido levantada una estructura de dos niveles y que tres de sus seis vértices se encontraban dentro del espacio protegido. El expediente registra, además, antecedentes de paralización de los trabajos por parte de las autoridades ambientales desde agosto de 2025.

Pese a las notificaciones y a nuevas órdenes de detención emitidas durante 2026, los trabajos continuaron, hasta que las autoridades realizaron el operativo de esta semana. Informaciones difundidas sobre la intervención señalan que las estructuras se encontraban aproximadamente a 25 y 20 metros del río, respectivamente, por debajo del límite legal de protección.

En el segundo inmueble, los técnicos detectaron igualmente una edificación en proceso de construcción dentro del margen protegido del río Maimón, por lo que se procedió conforme a las medidas establecidas por la legislación ambiental, culminando el operativo con la demolición de ambas estructuras.

El artículo 129 de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, número 64-00, establece una franja de protección obligatoria de 30 metros en ambas márgenes de las corrientes fluviales, además de alrededor de lagos, lagunas y embalses. La disposición busca preservar los cauces, reducir riesgos asociados a crecidas e inundaciones y garantizar la conservación de los recursos hídricos.

La actuación en Juan Adrián se suma a otras intervenciones realizadas por las autoridades ambientales para recuperar márgenes de ríos ocupadas ilegalmente. En 2022, Medio Ambiente desalojó ocupantes de terrenos en la margen del río Yuna, en Bonao, también en Monseñor Nouel, por violaciones a la franja de protección establecida en la Ley 64-00.

Medio Ambiente ha reiterado que mantendrá las labores de vigilancia, inspección y fiscalización para impedir construcciones y otras intervenciones que comprometan las márgenes de los ríos y otros cuerpos de agua, cuya protección resulta fundamental para preservar los ecosistemas y disminuir la vulnerabilidad de las comunidades ante fenómenos naturales.

Los residentes del distrito municipal de Juan Adrián, en la provincia Monseñor Nouel, se tiran a la calle indignados, donde realizaron protestas a finales de agosto de 2026 en rechazo a la demolición de viviendas y cabañas cercanas al río Maimón

Detalles del conflicto

• El operativo: Miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y el Ministerio de Medio Ambiente derribaron estructuras, incluyendo una cabaña propiedad de la pareja formada por Nelson Batista Ángeles (“El Rubio”) y Guillermina de Jesús Ureña.
• La razón oficial: Las autoridades afirmaron que las construcciones no cumplían con la distancia mínima obligatoria de 30 metros de protección respecto al cauce del río.
• La protesta de la comunidad: Decenas de afectados y organizaciones comunitarias salieron a las calles con pancartas y consignas para denunciar el operativo y exigir respuestas ante lo que consideran una medida injusta.