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Alcalde de Lawrence enfrenta 26 cargos en dos casos

Brian DePeña, alcalde de Lawrence, Massachusetts, enfrenta una nueva acusación estatal por presuntas grabaciones ilegales dentro del Ayuntamiento e intimidación de un testigo. Los 15 nuevos cargos se suman a otros 11 federales relacionados con un supuesto fraude de más de $1.5 millones en préstamos de ayuda por la pandemia.

ACTUALIDAD | ESTADOS UNIDOS

Por Marcos A. Tejeda
Publisher & Editor-in-Chief
El Sol de la Florida

LAWRENCE, Massachusetts | 25 de septiembre de 2026. El panorama judicial del alcalde de Lawrence, Brian DePeña, se complicó considerablemente luego de que un Gran Jurado estatal presentara 15 nuevos cargos criminales en su contra, esta vez relacionados con un sistema privado de vigilancia instalado en el Ayuntamiento, la presunta grabación ilegal de conversaciones y la supuesta intimidación de un testigo.

La nueva acusación es independiente del proceso federal que DePeña ya enfrenta por presunto fraude con préstamos destinados a pequeños negocios afectados por la pandemia de COVID-19 y lavado de dinero.

Entre ambos procesos, el alcalde enfrenta actualmente 26 cargos: 15 estatales y 11 federales.

Es importante precisar que se trata de acusaciones. DePeña conserva la presunción de inocencia y los fiscales tendrán que probar los cargos en los tribunales.

15 nuevos cargos estatales

La Oficina de la Fiscal General de Massachusetts informó que un Gran Jurado estatal presentó el jueves 24 de septiembre 15 acusaciones contra DePeña.

De ellas, 14 corresponden a la distribución de comunicaciones presuntamente obtenidas mediante una interceptación ilegal y una a intimidación de testigo.

La investigación se concentra en un sistema privado de cámaras de seguridad que, según los fiscales estatales, DePeña solicitó e hizo instalar en 2023 en el área de su oficina dentro del Lawrence City Hall.

El sistema funcionaba de manera separada de las cámaras oficiales del Ayuntamiento.

La diferencia resulta fundamental para el caso: de acuerdo con la Fiscalía General, el sistema oficial de cámaras de la ciudad no graba audio, mientras que el sistema privado instalado en el área de la oficina del alcalde sí tenía esa capacidad.

Las autoridades sostienen además que no existían avisos que informaran a empleados y visitantes que sus conversaciones podían estar siendo grabadas.

Una conversación entre dos empleados

El episodio central de la acusación habría ocurrido en marzo de 2026.

Según los fiscales, una de las cámaras registró audio y video de una conversación entre dos empleados municipales en un pasillo ubicado fuera de la oficina del alcalde.

Al menos uno de los participantes presuntamente desconocía que la conversación estaba siendo grabada.

La Fiscalía alega que DePeña tuvo conocimiento de la existencia de la grabación y posteriormente distribuyó copias a 14 personas.

Esa distribución es la que da origen a los 14 cargos separados relacionados con las comunicaciones presuntamente interceptadas.

El caso adquirió notoriedad pública después de que una estación de radio difundiera audio de una discusión entre funcionarios municipales relacionada con un asunto salarial.

Posteriormente, investigadores de la Policía Estatal de Massachusetts ejecutaron una orden de registro en la oficina del alcalde y confiscaron equipos vinculados al sistema de vigilancia.

También lo acusan de intimidar a un testigo

La acusación contiene otro cargo potencialmente serio y distinto de los relacionados con las grabaciones.

La Fiscalía General acusa a DePeña de intimidación de testigo por una conducta que presuntamente ocurrió en agosto y estaría relacionada con una persona involucrada en la investigación.

Las autoridades no han revelado públicamente todos los detalles sobre la conducta específica que sustenta esa acusación.

Por esa razón, sería prematuro establecer qué ocurrió entre DePeña y el supuesto testigo más allá de lo alegado formalmente por los fiscales.

La comparecencia del alcalde para responder a los nuevos cargos estatales será programada posteriormente.

¿Hubo más personas grabadas?

La investigación ha provocado preocupación entre empleados municipales y miembros de la Policía de Lawrence sobre el alcance que pudo haber tenido el sistema de vigilancia.

Representantes del sindicato policial han planteado públicamente la posibilidad de que conversaciones mantenidas por sus miembros cerca de la oficina del alcalde también pudieran haber sido registradas.

Hasta ahora, sin embargo, esa preocupación no constituye evidencia de que efectivamente existan otras grabaciones ilegales.

Determinar cuántas conversaciones fueron registradas, durante cuánto tiempo funcionó el sistema con capacidad de audio y quién tuvo acceso a las grabaciones podría convertirse en una parte importante de la investigación.

El otro caso: más de $1.5 millones en préstamos de pandemia

Los nuevos cargos estatales llegan apenas semanas después de que DePeña fuera acusado en un caso federal completamente separado.

Un Gran Jurado federal presentó en agosto una acusación de 11 cargos: cuatro de fraude electrónico y siete de lavado de dinero.

Los fiscales federales sostienen que DePeña habría obtenido fraudulentamente más de $1.5 millones en préstamos para pequeños negocios relacionados con programas de asistencia por COVID-19.

Según la acusación, parte del dinero presuntamente terminó en su cuenta de campaña, fue utilizado para pagar impuestos personales y sirvió para cubrir más de $880,000 en hipotecas privadas de alto interés relacionadas con propiedades que poseía en Lawrence.

DePeña fue arrestado inicialmente el 14 de agosto y posteriormente un Gran Jurado amplió formalmente el proceso hasta los 11 cargos federales actuales.

El alcalde se ha declarado no culpable en el caso federal.

Dos investigaciones, 26 cargos

La existencia de dos procesos diferentes puede generar confusión.

Los 15 nuevos cargos estatales no sustituyen ni forman parte de los 11 cargos federales.

Son investigaciones separadas.

El caso estatal está relacionado con las presuntas grabaciones dentro del Ayuntamiento, su posterior distribución y la alegada intimidación de un testigo.

El caso federal, por otro lado, está relacionado con préstamos comerciales durante la pandemia y el uso que supuestamente se dio a esos fondos.

En conjunto, DePeña enfrenta actualmente 26 cargos criminales, pero cada proceso seguirá su propio curso y deberá probarse independientemente.

Crece la presión dentro de Lawrence

Las nuevas acusaciones también han provocado reacciones dentro del gobierno y las organizaciones municipales.

El sindicato de policías de Lawrence ha pedido públicamente que DePeña abandone la alcaldía.

El presidente del Concejo Municipal, Jeovanny Rodríguez, no llegó a solicitar directamente su renuncia, pero cuestionó públicamente el impacto que puede tener para la ciudad que su alcalde enfrente simultáneamente dos procesos criminales.

Estas posiciones corresponden a esas organizaciones y funcionarios y no determinan la responsabilidad penal de DePeña ni el resultado de los procesos judiciales.

Al momento de esta publicación, DePeña continúa siendo alcalde de Lawrence.

Una figura conocida en una ciudad de fuerte presencia latina

Brian DePeña fue elegido alcalde de Lawrence en noviembre de 2021 y reelegido en noviembre de 2025. Antes de llegar a la alcaldía había formado parte del Concejo Municipal entre 2016 y 2021.

El caso ha adquirido particular relevancia entre la comunidad dominicana y latina por el peso que esa población tiene en Lawrence y por la proyección política alcanzada por DePeña.

Ahora, la atención estará puesta en dos tribunales distintos.

En el ámbito estatal deberá responder por las acusaciones relacionadas con las presuntas grabaciones y la intimidación de un testigo. Paralelamente, continuará enfrentando el proceso federal por las alegaciones relacionadas con los préstamos de pandemia.

Las investigaciones plantean acusaciones serias, pero todavía no representan una condena.

Los próximos procedimientos judiciales deberán determinar si los fiscales estatales y federales pueden demostrar sus respectivas acusaciones. Hasta entonces, Brian DePeña mantiene, como cualquier acusado, su derecho a la presunción de inocencia.

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