Puerto Rico pierde más del 60% del agua que produce antes de que llegue a un solo grifo. Ese dato ya lo hemos repetido hasta el cansancio. Lo que no tenemos —lo que el país entero necesita y ningún gobierno ha querido entregar— es un mapa. Un mapa público, actualizado, municipio por municipio, que le diga a cada ciudadano dónde está el salidero que lleva tres meses regando la calle, quién lo reportó, quién lo ignoró y cuánto dinero se fue por ese tubo mientras el expediente dormía en una gaveta.
No hablamos de tecnología complicada. Hablamos de voluntad.
El problema no es técnico, es de opacidad
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) sabe, o debería saber, dónde están sus fugas. Los municipios reciben quejas todos los días sobre agua que corre por las cunetas mientras sus vecinos cargan agua en baldes. Pero esa información vive dispersa, si es que vive en algún lado: en una llamada telefónica que nadie documentó, en un reclamo de Facebook que se perdió en el algoritmo, en la memoria de un alcalde que promete “atenderlo” y no vuelve a mencionarlo.
Esa dispersión no es accidental. La opacidad protege a quien no quiere rendir cuentas. Mientras no exista un registro público, no hay manera de exigir que una fuga reportada en enero se resuelva antes de diciembre. No hay manera de comparar el desempeño de un municipio contra otro. No hay manera de que la prensa, la academia o un vecino cualquiera señale con datos —no con quejas sueltas— cuál administración está fallando.
Lo que proponemos: una base de datos pública, municipio por municipio
1. Registro georreferenciado de salideros de agua potable, alimentado por reportes ciudadanos, inspecciones municipales y datos de la AAA, con fecha de reporte, ubicación exacta, estado (activo, en reparación, resuelto) y tiempo transcurrido.
2. Panel de indicadores sociales por municipio que acompañe el dato de infraestructura: acceso a agua potable en escuelas y comunidades vulnerables, quejas de salud ambiental asociadas, y zonas con interrupciones recurrentes del servicio.
3. Botón de seguimiento ciudadano, para que cualquier persona pueda abrir un caso, adjuntar una foto y recibir notificaciones sobre su estatus, sin depender de que un funcionario conteste el teléfono.
4. Auditoría pública trimestral, obligatoria por ley, donde cada municipio y la AAA reporten cuántos salideros se resolvieron, en cuánto tiempo y con qué costo. Los datos deben publicarse en un portal accesible, no enterrados en un informe técnico de cien páginas.
5. Participación del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) en el diseño técnico de la plataforma y en el análisis de los datos, como ya hemos propuesto en la modernización del sistema de agua. La universidad tiene la capacidad técnica; lo que ha faltado es la orden de usarla.
Por qué esto le sirve a los alcaldes, no solo a los ciudadanos
Un alcalde honesto debería ser el primer interesado en esta base de datos. Le da evidencia para exigirle a la AAA que repare lo que le corresponde. Le da un historial documentado cuando un vecino lo acusa de inacción sin fundamento. Y le da, sobre todo, una herramienta política legítima: números, no promesas, para pedirle a la Legislatura o a la Junta de Supervisión Fiscal que libere fondos donde realmente se necesitan.
El que no quiera esta base de datos es, precisamente, el que no quiere que se sepa cuánto tiempo lleva ignorando el problema.
Un mapa no resuelve un tubo roto, pero expone a quien no lo repara
No proponemos esto como una solución mágica a la crisis del agua en Puerto Rico. Proponemos esto como el primer paso sin el cual ninguna otra solución se puede exigir con seriedad. Mientras la información sobre salideros y su seguimiento siga viviendo en la opacidad, cada promesa de reparación seguirá siendo eso: una promesa, sin fecha, sin responsable y sin consecuencia.
Puerto Rico no necesita otro comité. Necesita un mapa que no se pueda borrar.
