San Juan, Puerto Rico. — Crece la indignación entre los consumidores luego de que LUMA Energy propusiera incluir en las facturas eléctricas un nuevo cargo destinado a cubrir las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El aumento, que afectaría a todos los abonados del sistema eléctrico, busca generar ingresos para sufragar el déficit del plan de retiro de la corporación pública.
El problema radica en que los consumidores nunca participaron ni aprobaron este cargo, y ahora se les intenta responsabilizar por obligaciones financieras que corresponden exclusivamente al patrono original —la AEE— y al gobierno de Puerto Rico.
Expertos en derecho energético sostienen que trasladar el costo de las pensiones al pueblo viola el principio de justicia tarifaria, que exige que las tarifas reflejen únicamente los costos razonables del servicio prestado.
La Junta de Control Fiscal como excusa
Fuentes cercanas a la industria señalan que algunos funcionarios y portavoces de LUMA Energy han justificado este cargo utilizando como argumento la presión impuesta por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Sin embargo, esa excusa tampoco es válida, según analistas legales y economistas, ya que la Junta es un ente impuesto por el Congreso de los Estados Unidos, creado mediante la ley federal PROMESA en 2016.
Sus miembros no son electos por el pueblo de Puerto Rico, sino designados por el Congreso y el Presidente de los Estados Unidos, lo que evidencia su carácter colonial y antidemocrático.
Por tanto, las decisiones que se tomen bajo su mandato no representan la voluntad del pueblo puertorriqueño ni justifican trasladar costos injustificados a los consumidores.
“El hecho de que la Junta lo ordene no convierte una medida en justa o legal. La Junta responde al Congreso, no al ciudadano puertorriqueño”, expresó un experto en derecho constitucional. “Usar su existencia como justificación es ignorar el principio de responsabilidad local y agravar aún más la dependencia colonial de Puerto Rico”.
¿Cómo se aprobó este cargo?
El ajuste propuesto por LUMA debe ser revisado por el Negociado de Energía de Puerto Rico, la agencia reguladora encargada de aprobar cualquier modificación en las tarifas. Sin embargo, en muchos casos anteriores los aumentos se han aplicado de manera provisional, antes de concluir los procesos de revisión y sin vistas públicas adecuadas, lo que ha generado reclamos de falta de transparencia.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
Los consumidores no están indefensos. Existen mecanismos legales y administrativos para impugnar este tipo de cobros:
- Presentar objeciones ante el Negociado de Energía:
Cualquier ciudadano puede radicar una oposición formal en los expedientes abiertos sobre aumentos tarifarios o cargos especiales. Estos documentos son públicos y pueden consultarse en la página del Negociado. - Solicitar vistas públicas y auditorías:
Los ciudadanos pueden exigir que el Negociado realice vistas públicas y que auditores independientes revisen los cálculos presentados por LUMA para justificar el cargo. - Radicar querellas individuales o colectivas:
Ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) o directamente en los tribunales, los consumidores pueden reclamar por cobros indebidos o por prácticas injustas.
En casos donde el impacto sea generalizado, se puede presentar una demanda de clase en representación de todos los abonados. - Presionar públicamente a las autoridades:
Las organizaciones comunitarias, alcaldes y legisladores pueden exigir explicaciones al Negociado y al gobierno central sobre por qué se pretende hacer pagar al pueblo por decisiones administrativas que ellos no tomaron.
Un precedente peligroso
De aprobarse este cargo, se establecería un precedente preocupante: que los consumidores paguen de su bolsillo las deudas acumuladas de agencias y corporaciones públicas, sin haber tenido voz ni voto en su administración.
“Esto equivale a cobrarle al ciudadano por un error que no cometió”, señaló un abogado especializado en energía. “El pueblo no contrató a los empleados de la AEE ni participó en los acuerdos de pensiones, por lo tanto, no debe ser responsable de esas obligaciones”.
En resumen
Los ciudadanos pueden defenderse participando activamente en el proceso regulatorio, reclamando transparencia y recurriendo a los mecanismos legales disponibles. La defensa más efectiva comienza por no guardar silencio ante cargos injustificados, exigir evidencia pública y actuar en conjunto para impedir que el peso de decisiones pasadas —y de un control fiscal impuesto desde Washington— recaiga nuevamente sobre los contribuyentes.
