Investigan red clandestina de hogares asistidos que operó durante años en Osceola y Polk
Por Alejandro Salazar
Senior Political Investigative Editor
El Sol de la Florida
Kissimmee, Florida. — Lo que aparentaba ser una red de hogares dedicados al cuidado de adultos mayores y personas con discapacidades terminó convirtiéndose en uno de los casos más alarmantes de presunto abuso, negligencia y fraude descubiertos recientemente en la Florida Central.
Las autoridades estatales y del Condado de Osceola investigan una organización que habría operado durante años múltiples hogares asistidos sin licencia bajo los nombres Cherish Home Care y Cherish Independent Living Care, dejando a decenas de residentes viviendo en condiciones que el propio Sheriff de Osceola calificó como “impactantes” y “difíciles de creer”.
Una investigación que tomó más de un año
El caso comenzó a desarrollarse en marzo de 2025, cuando detectives del Condado de Osceola recibieron denuncias relacionadas con posibles irregularidades en varios hogares donde residían adultos mayores y personas con discapacidades.
Durante más de doce meses, investigadores realizaron vigilancia, entrevistas, inspecciones, análisis de registros financieros y recopilación de mensajes de texto y otros documentos que, según la investigación, permitieron demostrar que los inmuebles funcionaban en realidad como instalaciones de asistencia residencial sin las licencias exigidas por el Estado de Florida.
El resultado fue la ejecución de múltiples órdenes de allanamiento en propiedades ubicadas en los condados de Osceola y Polk.
Dos arrestos y múltiples cargos graves
Como resultado del operativo fueron arrestados:
- Ronald Keith Pack, de 60 años.
- Marie Tarah Carenan, de 56 años.
Ambos enfrentan numerosos cargos, entre ellos:
- Negligencia contra personas mayores.
- Abuso agravado de adultos mayores.
- Explotación económica.
- Fraude en programas de asistencia pública.
- Esquema organizado para defraudar.
- Otros delitos relacionados con el manejo de personas vulnerables.
Los fiscales sostienen que ambos representan un peligro para la comunidad. Un juez ordenó mantenerlos detenidos sin derecho a fianza mientras continúa el proceso judicial.
Lo que encontraron los detectives
Las imágenes y testimonios recopilados durante la investigación muestran un panorama preocupante.
Según las autoridades:
- Ventanas aseguradas con cerraduras.
- Puertas con candados.
- Refrigeradores cerrados con llave.
- Gabinetes de alimentos bloqueados.
- Ausencia de equipos médicos básicos.
- Pacientes postrados sin personal de enfermería autorizado.
- Condiciones sanitarias deficientes.
El Sheriff Christopher Blackmon declaró que muchas de las escenas encontradas “revuelven el estómago” y aseguró que algunos residentes recibieron a los agentes con abrazos y expresiones de alivio al saber que finalmente serían retirados del lugar.
Más de 300 llamadas de emergencia
Uno de los datos que más preocupa a los investigadores es que desde enero de 2024 se registraron más de 300 llamadas de servicio relacionadas con estas propiedades, muchas de ellas por emergencias médicas.
Esta cifra plantea interrogantes importantes sobre cómo la operación pudo mantenerse activa durante tanto tiempo sin una intervención definitiva.
Treinta y ocho residentes tuvieron que ser evacuados
El Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF), junto con otras agencias estatales, coordinó el traslado de 38 residentes hacia instalaciones autorizadas y con licencia.
Entre los afectados había:
- Adultos mayores.
- Personas con discapacidades del desarrollo.
- Pacientes con problemas de salud mental.
- Personas con movilidad limitada.
Muchos de ellos dependían completamente del personal para alimentarse, recibir medicamentos y realizar actividades básicas de la vida diaria.
Acusaciones de explotación financiera
Además del presunto abuso físico y negligencia, la investigación sostiene que los administradores tomaban control de beneficios públicos pertenecientes a los residentes.
Según documentos judiciales, las autoridades investigan el uso de:
- Tarjetas SNAP (cupones de alimentos).
- Beneficios del Seguro Social.
- Documentos de identidad.
- Medicamentos.
- Otros recursos económicos de los residentes.
La Fiscalía también afirma que varios pacientes tenían restringida su libertad de movimiento y no podían administrar su propio dinero ni acceder libremente a alimentos o atención médica.
¿Cómo pudo ocurrir durante tanto tiempo?
Esta es quizás la pregunta más importante que deja el caso.
Si la investigación confirma todas las acusaciones, será necesario determinar:
- ¿Cómo funcionaron durante años varios hogares sin licencia?
- ¿Qué agencias estatales tenían la responsabilidad de supervisarlos?
- ¿Por qué no se actuó antes, pese a cientos de llamadas de emergencia?
- ¿Existieron fallas en los procesos de inspección?
- ¿Quién autorizó el traslado de pacientes hacia estas viviendas?
El propio Sheriff Blackmon señaló que cinco residentes ya habían sido retirados de algunas de estas propiedades en 2025 por condiciones inseguras, pero la red continuó operando hasta los recientes allanamientos.
Una investigación que apenas comienza
Las autoridades han indicado que podrían presentarse cargos adicionales conforme avance el análisis de la evidencia.
No se descarta que otras personas u organizaciones hayan participado en la captación de pacientes o en la operación de los hogares.
El reto para Florida
Este caso ha reabierto el debate sobre la supervisión de hogares asistidos y viviendas para adultos vulnerables en Florida.
Expertos en protección de personas mayores recomiendan que las familias verifiquen siempre que cualquier instalación esté debidamente autorizada por el estado antes de confiar el cuidado de un ser querido.
La tragedia descubierta en Osceola y Polk constituye un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de inspección y vigilancia para evitar que personas vulnerables vuelvan a quedar expuestas a condiciones similares.
Para la comunidad hispana de la Florida Central, donde muchas familias dependen de servicios de cuidado para adultos mayores, el caso representa una advertencia sobre la importancia de investigar cuidadosamente cualquier centro antes de tomar una decisión que pueda afectar la seguridad y la dignidad de sus seres queridos.
