La Cámara de Representantes de Texas autorizó hoy un proyecto de ley que pretende suavizar los requerimientos de identificación de los votantes de ese estado sureño, una medida que ha sido catalogada por sus opositores como “insuficiente” y “discriminatoria”.
La legislación, que debe ser aprobada por el Senado antes de llegar al escritorio del gobernador, busca modificar las reglas estatales de identificación del votante, en un esfuerzo para cumplir con una decisión judicial que determinó que la ley actual discrimina a los votantes latinos y afroamericanos.
Con 95 votos a favor (todos republicanos) y 54 en contra (todos demócratas), la propuesta quedó aprobada tras un debate de más de seis horas en el que los demócratas argumentaron que la legislación “no iría lo suficientemente lejos” como para ampliar el acceso a las urnas de los electores y advirtieron que contiene disposiciones que podrían disuadir a algunos texanos de votar.
El SB5, como se conoce este proyecto de ley, agregaría opciones para los votantes de Texas que aseguren que no pueden “razonablemente” obtener una de las siete formas de identificación que se requieren en las urnas.
Más de 16.400 votantes de Texas firmaron declaraciones juradas de “impedimento razonable” durante las elecciones generales de 2016, según un recuento de documentos proporcionados por la oficina del Secretario de Estado de Texas, órgano encargado de regular los procesos electorales.
La ley, además, implicaría sanciones penales para aquellos que falsamente afirmen que necesitan presentar un documento secundario y requeriría que la secretaria de Estado de Texas cree un programa móvil para emitir certificados de identificación electoral.
Sin embargo, los legisladores demócratas y las organizaciones que luchan por los derechos de los votantes hispanos mostraron su disconformidad con la legislación.
“Esta ley no cumple con los requisitos que la justicia federal dictó en contra de la ley texana de votación de 2011”, denunció a Efe el director regional en Texas de Mi Familia Vota, Carlos Duarte, quien consideró que esta ley discriminará a varios grupos, entre ellos los estudiantes, que no podrán usar sus credenciales universitarias para votar.
En la misma línea se expresó Celina Moreno, abogada del Fondo México Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), quien consideró que Texas está aprobando un proyecto de ley que “probablemente” viola la ley federal.
“No hay razón para pensar que un tribunal no volverá a intervenir para proteger el derecho a voto de las minorías”, añadió en declaraciones a Efe la letrada.
La ley de Texas, vigente desde 2011, obliga a los votantes a mostrar un carné con fotografía para poder ejercer su derecho al voto, pese a que en Estados Unidos no hay un documento nacional de identidad y los ciudadanos no están obligados a disponer de esa identificación.
Los defensores de la ley argumentan que evita fraudes, pero sus opositores aseguran que, en realidad, busca impedir el voto de los pobres y las minorías, ya que esos sectores poseen carnés de conducir en menores proporciones debido a la imposibilidad, por ejemplo, de permitirse el pago de un vehículo.
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos dictaminó en julio del año pasado que los legisladores texanos discriminaron a grupos minoritarios, que tenían menos probabilidades de poseer uno de los documentos aceptables de identificación, que incluyen la licencia de conducir estatal, la tarjeta de identificación militar o el certificado de ciudadanía, entre otros.
Además, una jueza federal de la corte del distrito sur de Texas, con sede en Corpus Christi, dictó en abril que esta polémica ley restrictiva del voto se promulgó “intencionalmente” para discriminar a votantes latinos y afroamericanos a fin de amortiguar su creciente poder electoral.
En Texas, el segundo estado con mayor población hispana, 4,2 millones de latinos tienen derecho a votar, según datos del censo de 2010.
