La crisis actual en el Departamento de Educación de Puerto Rico no es solo un problema de recursos, sino un colapso del sistema administrativo que debería estar enfocado en mejorar la educación de nuestros niños. En los últimos meses, se ha evidenciado un patrón alarmante de mala gestión, despilfarro de fondos y una falta de enfoque en lo que realmente importa: la enseñanza en el salón de clases.
Recientemente, el Departamento de Educación invirtió sumas considerables en la capacitación de maestros para enseñar cursos de tecnología y robótica, un esfuerzo necesario en un mundo cada vez más digital. Sin embargo, en un giro inexplicable, se les ha informado a estos mismos maestros que no hay fondos disponibles para contratarlos en las plazas para las que fueron capacitados. Es decir, se invirtió en su formación, pero no se les brindará la oportunidad de aplicar sus conocimientos en el aula. Mientras tanto, se han desembolsado $224,000 en la compra de mochilas para los maestros, una compra cuya justificación en medio de esta crisis resulta, como mínimo, cuestionable.
Por si esto fuera poco, se ha gastado la asombrosa cifra de $24 millones de dólares en un sistema digital para pasar lista en los salones de clase. Este tipo de gasto podría estar justificado si trajera consigo una mejora tangible en la calidad educativa, pero la realidad es que no garantiza un impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes.
En contraste, la situación en las oficinas regionales educativas de Ponce, Bayamón, Arecibo, Carolina, y otras, es desoladora. Los maestros que buscan empleo deben someterse a un proceso arcaico y absurdo: escribir sus preferencias de puesto en un papel y colocarlo en una caja. Luego, deben esperar pacientemente a que alguien busque su solicitud y procese la información a mano, un sistema ineficiente y desesperantemente lento que provoca una pérdida de tiempo invaluable para los maestros cualificados que están ansiosos por trabajar.
Esto no solo es un atropello para los maestros, sino una burla al sistema educativo. La Junta de Control Fiscal, en teoría responsable de supervisar el uso eficiente de los recursos en Puerto Rico, parece haber fallado en su función. ¿Cómo es posible que se aprueben gastos tan cuestionables mientras se niega la contratación de maestros que han sido capacitados para enriquecer la educación de nuestros niños?
El problema del Departamento de Educación de Puerto Rico no es la falta de planes educativos, sino el exceso de burocracia y el mal uso de los recursos disponibles. La solución no reside en crear más planes o sistemas digitales, sino en reducir la carga administrativa y enfocar el gasto en lo que verdaderamente importa: los maestros, los estudiantes y las escuelas.
El salario de un maestro de escuela elemental debería reflejar su valor y responsabilidad, con una compensación mínima de $50,000 al año. La mayor parte del dinero federal y estatal debe ser dirigida hacia el apoyo directo a los maestros y la mejora de la infraestructura escolar, no hacia un sistema administrativo inflado y politizado.
Es hora de que la Junta de Control Fiscal y el síndico federal reconsideren sus prioridades. Es urgente que se evalúe la efectividad del gasto de dinero federal y se tomen medidas para recortar los gastos administrativos innecesarios que no solo ahogan al sistema, sino que también frustran a los maestros y, lo que es peor, perjudican a nuestros estudiantes. El enfoque debe ser en la enseñanza directa, para que los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial académico, no en la creación de más trabas burocráticas.
La educación de nuestros niños es demasiado importante como para ser víctima del despilfarro y la ineficiencia. Es momento de poner a los maestros y a los estudiantes en primer lugar.
