Palacio Nacional, Santo Domingo, R. D.- El presidente Constitucional de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona presentó este lunes los avances alcanzados para establecer un régimen de consecuencias en la República Dominicana y llevar a la justicia a toda persona “con acciones que le comprometan con la corrupción, sin importar quién sea ni el momento que sea”.
El Gobierno busca sancionar el incumplimiento de la transparencia en todos los órganos y entes públicos bajo el Poder Ejecutivo y registra, a la fecha, 287 casos de faltas administrativas remitidos al MAP y 49 casos de funcionarios públicos actuales llevados al MP. También se han recuperado RD 6,500 millones del patrimonio público y hay más de RD 130,000 millones en casos en curso.
“Podemos decir que somos el primer gobierno que ha establecido un régimen de consecuencias a todos los niveles. Hoy estamos más firmes que nunca en la lucha contra la corrupción, en que no debe haber impunidad, en que se deben respetar los bienes públicos”, destacó el presidente Abinader.
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig)
A través de esta entidad, el gobierno promueve una gestión pública transparente, ética y orientada al bien común, que reconoce el derecho a saber del ciudadano y el deber de informar del Gobierno.
230 instituciones fueron evaluadas entre enero y marzo 2025, de las cuales 211 obtuvieron entre 85-100 puntos, demostrando un alto compromiso institucional con la transparencia.
Hito en la transparencia
Por primera vez, un gobierno emite un decreto que sanciona el incumplimiento de la transparencia (núm. 166-25), el cual será aplicado a partir de septiembre y que establece la pérdida de beneficios extraordinarios y sanciones administrativas.
Asimismo, mediante el Decreto núm. 791-21 las antiguas Comisiones de Ética Pública evolucionaron a Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento, que operan desde dentro de las instituciones.
Más de 8,000 servidores públicos han sido capacitados para prevenir malas prácticas en contrataciones públicas, sobornos y gestión de riesgo de corrupción. Se han desarrollado 96 matrices de riesgo para detectar posibles vulnerabilidades a la corrupción y se trabaja para fortalecer el Sistema Nacional de Integridad Pública con la asesoría de Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
La Digeig realizó también el primer estudio sobre servidores electos, contactando a 195 instituciones de las cuales 139 respondieron, y de esas, 60 confirmaron tener servidores electos en los comicios municipales.
Faltas administrativas más comunes, denuncias y tiempos de respuesta
Entre 2020 y 2025 se enviaron 287 expedientes al Ministerio de Administración Pública por abuso de poder, acoso o maltrato laboral, nepotismo y duplicidad de funciones. Se remitieron 49 casos al Ministerio Público con un tiempo de respuesta promedio de 55 días, agilizando así los 90 días que se establecen en el manual. En estos procesos ha sido clave el involucramiento ciudadano, cuyas denuncias han dado paso a muchas investigaciones, aunque no todas resultan en sanciones.
Unidad Antifraude
La Unidad Antifraude de la Contraloría General, fundamentada en la prevención y la investigación, realizó, entre 2021 y 2024, 368 colaboraciones con la Procuraduría General, 31 acciones de prevención, 20 análisis financieros forenses y 72 análisis de denuncias.
Su éxito se debe a la robusta base de datos de la institución matriz y a la sinergia con demás órganos de control y persecución de la corrupción. Con el Decreto núm. 382-25 quedó formalizada como mecanismo preventivo técnico, concebido para perdurar en el tiempo.
Procuraduría General de la República
En cuanto a persecución de la corrupción, existe mayor independencia y capacidad de actuación, lo que ha permitido a la DGCP y la Unidad Antifraude procesar más de 600 solicitudes del Ministerio Público. Existe además una coordinación efectiva entre los órganos de control y el Ministerio Público, para que los informes de auditoría se traduzcan en acciones judiciales concretas.
Como resultados tangibles, se han llevado a la justicia, en este y el otro gobierno, los casos Calamar, Intrant: Pago RD, sobornos para temas de seguridad, agricultura, asfalto, Cestur, Operación 13, Minerd e Inaipi (estos dos últimos en investigación).
Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)
En el área de prevención, se ha bloqueado la corrupción antes de que ocurra, con un monitoreo preventivo que permitió la supervisión de más de RD 853,000 millones para prevenir irregularidades antes de que afecten al Estado.
Más de 517 procesos de compras sospechosas se cancelaron o detuvieron, protegiendo más de RD 43,000 millones y se han emitido 112,000 alertas a instituciones públicas para frenar comportamientos riesgosos.
También se implementó el Programa de Cumplimiento Regulatorio en 30 instituciones claves, cubriendo el 85 % del presupuesto público, para mejorar la vigilancia y la rendición de cuentas en las compras del Estado y obligar a la revisión de la integridad de los proveedores, con 135 informes para evitar riesgos.
Los controles de tolerancia cero a la impunidad han facilitado la suspensión de 567 proveedores por estar impedidos legalmente de contratar con el Estado, mientras otros 144 fueron inhabilitados por fraude documental y violaciones graves a la ley. Se han emitido más de 618 respuestas a entidades de control y entregado 3,900 certificaciones a procesos investigativos . Además, 13 casos han sido llevados ante el Ministerio Público.
La proactividad se pone de manifiesto con 16 investigaciones iniciadas sin necesidad de denuncias externas, suspendiendo 12 procesos y anulando 35, por un valor superior a RD 6,500 millones. Hay un 93 % de respuestas a las solicitudes de reclamaciones con 0 % de silencio administrativo; un 88 % de éxito en la defensa ante el Tribunal Administrativo y 100 % de éxito ante demandas temerarias de responsabilidad patrimonial.
Con un marco legal robusto se promovió la Ley de Contrataciones Públicas, con sanciones claras, y se implementó el Reglamento 416-23 para actualizar y fortalecer el sistema de compras públicas. También se creó el monitoreo preventivo, el código de pautas éticas, sistema de alertas y Siscompras.
Finalmente, con el Decreto sobre Gestión de Bienes de Consumo no. 385-25 se institucionaliza un modelo de gestión eficiente y articulado para los bienes y suministros de uso recurrente e inventariables en las dependencias del Poder Ejecutivo.
El mismo también fortalece la eficiencia y la transparencia en las contrataciones públicas, inteligentes desde el proceso de compra, así como garantiza la trazabilidad y el monitoreo preventivo en todo el ciclo de vida de estos bienes, desde la planificación hasta su disposición final.
Dirección General de Presupuesto (DGP)
Para garantizar un uso responsable de los recursos públicos, se realizó un compromiso con la eficiencia, el ahorro y la transparencia, fortaleciendo el sistema presupuestario tanto como la contención y racionalización del gasto.
Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP)
Este se creó mediante decreto en 2021 con respaldo presidencial e interés nacional para recuperar los bienes sustraídos al Estado mediante acciones legales y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Cuenta con una estructura ágil, enfocada en resultados y sin carga presupuestaria directa al Estado, es decir, sus integrantes cobran solo si recuperan activos.
El equipo está formado por expertos en derecho penal, administrativo, empresarial, civil y de ejecución. Funciona con autonomía, sigilo y respeto a los procesos judiciales y al rol del Ministerio Público, bajo un marco jurídico claro y resistente a impugnaciones.
Resultados obtenidos
Los logros financieros en este sentido son más de RD 6,500 millones ya recuperados (RD 3,500 millones en recuperación directa y RD 3,000 en caso EDES). Mientras, hay más de RD 130,000 millones en casos en curso, implicando una mejora en los indicadores de percepción sobre corrupción, al tiempo de fortalecer la confianza ciudadana y un cambio cultural en la defensa del patrimonio público.
Retos enfrentados
Entre los retos enfrentados se enumeran: resistencia de funcionarios, acceso limitado a información internacional, presión de poderes fácticos y limitaciones legales al igual que logísticas.
Para las labores de supervisión y control se realiza un monitoreo constante, tanto en lo interno, con la supervisión por una junta de coordinadores, como en lo externo con una vigilancia del MP, tribunales y contrapartes, así como informes trimestrales evaluados por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
En cuanto a la implementación y destino de bienes, se da una colaboración interinstitucional con el Ministerio Administrativo, Hacienda y Consultoría Jurídica, depositados todos los fondos recuperados en la Tesorería Nacional. Además, se transfieren al Estado los bienes muebles e inmuebles a través del Instituto de Bienes Incautados (Incabide).
Liderazgo internacional
El país ha tenido un gran liderazgo internacional ocupando la presidencia de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales de la OEA, del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (Mesicic) y la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública Iberoamericana (RTA).
Somos también el único país de Latinoamérica miembro observador del Comité de Contrataciones Públicas de Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Presidente Abinader crea unidad antifraude para prevenir corrupción en Estado
SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader anunció la creación formal de la Unidad Antifraude dentro de la Contraloría General de la República, durante su intervención en La Semanal con la Prensa. Aunque sus funciones ya se venían ejecutando desde 2021, esta iniciativa queda oficializada mediante el Decreto 382-25, con base en el artículo 14 de la Ley 10-07.
Desde su puesta en funcionamiento, la Unidad Antifraude ha fortalecido su rol técnico y preventivo dentro de la Contraloría General de la República. Entre 2020 y 2024, ha realizado 368 colaboraciones con la Procuraduría General de la República (PGR), contribuyendo en investigaciones clave contra la corrupción.
Además, ha ejecutado 31 acciones preventivas orientadas a evitar irregularidades en el uso de recursos públicos, así como 20 análisis financieros forenses que permitieron rastrear operaciones sospechosas dentro de distintas instituciones estatales.
En ese mismo período, la unidad también procesó 72 análisis de denuncias recibidas, canalizadas principalmente a través de mecanismos ciudadanos y auditorías internas.
ENFRENTAN IMPORTANTES CASOS CORRUPCION
Abinader destacó que su gestión ha enfrentado importantes casos de corrupción, varios de los cuales ocurrieron durante su mandato. Entre los más relevantes se encuentran:
- Operaciones Calamar, 13, CESTUR, INTRANT
- Casos relacionados con Agricultura, MINERD, INAIPI, Asfalto
- Contratos con Dekolor, Pago RD y pagos sospechosos en temas de seguridad
MONITOREO PREVENTIVO DE CONTRATACIONES
La Contraloría, bajo el lema “bloquear la corrupción antes de que ocurra”, ha implementado un sistema de monitoreo con resultados contundentes:
- RD$853 mil millones supervisados en procesos de compras públicas
- 517 procesos detenidos o cancelados por sospechas de irregularidad
- 112,000 alertas emitidas a instituciones estatales
Además, el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, indicó que se han desplegado oficiales de cumplimiento en 30 instituciones que manejan el 80% del presupuesto nacional. Estas acciones son respaldadas por un software que permite la detección temprana de fraudes.
LEY QUE AMPARA MEDIDA
La Unidad Antifraude se ampara en el artículo 14 de la Ley 10-07, que otorga a la Contraloría la facultad de:
- Evaluar el control interno de entidades públicas
- Proponer mejoras constantes al sistema
- Supervisar la captación y registro de ingresos estatales
- Informar resultados al Poder Ejecutivo.
Abinader señala que el Código Laboral y el Código Penal deben ser aprobados en la actual legislatura
El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader manifestó que las modificaciones al Código laboral y al Código penal, además de la reforma a la ley de Compra y Contrataciones, deben ser aprobadas por los legisladores durante la actual legislatura, la cual culmina el próximo 26 de julio.
La reforma al Código Laboral fue aprobada en primera lectura por los senadores el pasado martes, sin embargo tras el visto bueno de la cámara alta, el sector empresarial emitió un comunicado donde expresó su preocupación y rechazo a la pieza por considerar que “representa un retroceso”.
El empresariado manifestó en ese comunicado que la modificación desconoce “importantes acuerdos alcanzados tras años de trabajo en el marco del diálogo tripartito y no refleja los principios de equilibrio y sostenibilidad que el país requiere” por lo que hicieron un llamado a retomar el dialogo entre ellos, el gobierno y los sindicalistas.
Con relación al nuevo Código Penal, la pieza está supuesta a ser aprobada por los senadores en segunda lectura este martes, sin embargo en esa sesión, los legisladores ya han indicado que someterán varias modificaciones; uno de ellos fue el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, quien manifestó que durante la segunda lectura estarán sometiendo una modificación a la propuesta de artículo 393 que habla de “los atentados a los intereses fundamentales de la nación”.
La modificación aprobada por los senadores en una primera lectura no contiene la despenalización del aborto asistido en tres causales excepcionales e integraría la figura del cúmulo de penas por el cual a un mismo individuo se le puede sentenciar tras ser hallado culpable en varios cargos en su contra; el cúmulo puede llegar hasta los 60 años de prisión.
Ambas piezas deben ser aprobadas en segunda lectura por los senadores antes de ser remetida a la Cámara de Diputados para repetir el mismo proceso.
El mandatario agregó que en caso de que una de las piezas no sea aprobada antes del 26 de julio, estaría convocando a una legislatura extraordinaria.
Abinader ante criticas de oposición: “Esas son declaraciones políticas”
Durante el fin de semana, en eventos por separado, tanto Fernández como Medina criticaron el accionar del Poder Ejecutivo con relación a la aplicación de políticas públicas.
El presidente Luis Abinader manifestó que “es normal” el hecho de que los líderes de los partidos políticos opositores critiquen el accionar del Gobierno y que las mismas solo son “declaraciones políticas”
Al responder sobre las críticas realizadas el fin de semana por los exmandatarios Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo y Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es parte de su labor como opositores.
“Han visto a alguna vez a un líder opositor hablando bien del Gobierno. Eso es la democracia, eso hay que aplaudirlo, porque ese te dice que es democracia y que el balance del sistema funciona bien. Nosotros estamos tan desarrollados ya que nos podemos poner de acuerdo sobre un tema fundamental como es (la crisis de) Haití, sin embargo tenemos diferencia sobre todos los otros temas, entonces esas son declaraciones políticas”, manifestó.
Durante el fin de semana, en eventos por separado, tanto Fernández como Medina criticaron el accionar del Poder Ejecutivo con relación a la aplicación de políticas públicas.
Por un lado, Fernández aseguró en un acto político en Bonao que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene “el motor fundido”, calificando al gobierno actual como “quebrado”, y afirmó que esto se evidencia en múltiples sectores, especialmente en el sistema de salud pública.
Mientras que Medina añadió “que la gente se está preparando para cambiar el cambio en el 2028. Trabajamos para que eso ocurra para que se acaben las promesas y regresemos a los hechos concretos”.
Vicepresidenta Peña encabeza reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana
Santo Domingo.- La vicepresidenta Raquel Peña encabezo hoy lunes 14 de Julio 2025, en lo que es la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana para continuar fortaleciendo ese aspecto en el país.
El encuentro se realiza en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, donde se sigue haciendo una evaluación de las tareas asignadas, logros obtenidos y las medidas que garantizan el bienestar de los dominicanos.
En la reunión de hoy se encuentra la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial (REDPPOL), la cual fue creada como mecanismo de cooperación internacional para la generación y gestión de conocimientos policiales adecuados a las nuevas circunstancias de seguridad de la región. Con ello se promueve el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de formación y capacitación policial.
En compañía de la vicepresidenta, se encuentran el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; así como la procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso; el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; el inspector general de la Fuerza Aérea, general de vrigada Euler Euménides Sierra Pérez, en representación del comandante de la Fuerza Aérea, mayor general piloto Floreal T. Suárez Martínez; el viceministro de la Presidencia para Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad, Roger G. Pujols, y la presidenta de la Comisión Técnica para la Reforma del Sistema Educativo de la Policía Nacional, maestra Mu-Kien Adriana Sang Ben.
También, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, el del Consejo Nacional de Drogas (CND), Alejandro de Jesús Abreu; el director de la Comisión Militar y Policial (Comipol), coronel Luis Rafael Herrera Almonte; el titular de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Pascual Cruz Méndez; el de la Policía de Turismo (Politur), general Minoru Matsunaga, y de Asuntos Internos de la Policía Nacional, general Werner Núñez Quezada.
Además, el director de la Policía Escolar, coronel Martín Miguel Tapia Sánchez; de Prisiones, Roberto Hernández Basilio, y el comisionado ejecutivo para Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández.
Del mismo modo, asisten el coronel Pablo Alexander Belén, en representación del comandante del Ejército Nacional, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; el coronel paracaidista Osvaldo W. Montero Mena, en representación de la Fuerza Aérea, y el capitán de navío Rafael García Aybar, en representación del comandante general de la Armada de República Dominicana. Por el Comando Conjunto Unificado, está presente el vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez.
En la reunión participa una comisión de fiscales integrada por la del Distrito Nacional, Rosalba Ramos; de San Cristóbal, Ramona Santana; de La Vega, Aura Luz García; de María Trinidad Sánchez, Juan Antonio Mateo Ciprián; de La Altagracia, Claudia Garrido; de San Pedro de Macorís, Suleyka Mateo, y de Duarte, Smaily Yamel Rodríguez.
Igualmente, el fiscal titular de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán; de Santo Domingo Oeste, Eduard López; de Valverde, Víctor Mejía; de Hermanas Mirabal, Zoila Agustina Rodríguez Ynfante; de Barahona, Wellington Matos Espinal; de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal; de Dajabón, Yeisin Alcántara; de Espaillat, Yorelbin Rivas, y de La Romana, Kevin Santana.
Violencia de género “no solo está en la Policía”: Faride propone la educación social como solución
Tras el reciente feminicidio de Mindalis Núñez, presuntamente a manos de su pareja, el sargento Wilkin Vásquez Ozoria, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, hizo un llamado a la sociedad dominicana: educar en el respeto y la tolerancia como vía para detener la violencia contra las mujeres.
“No solamente en la Policía. Nosotros tenemos que educar a todo el pueblo dominicano, porque la agresión contra las mujeres se da no solamente de miembros activos de la Policía, sino de todas partes”, afirmó Raful este lunes.
“Tenemos que educar en la tolerancia, en el respeto a la dignidad de los demás seres humanos”, agregó la ministra en rueda de prensa desde el Palacio de la Policía Nacional.
La funcionaria explicó que el cuerpo del orden público está tomando medidas internas para sancionar a sus miembros involucrados en hechos violentos, como la suspensión inmediata, apertura de investigaciones y retiro del arma de reglamento.
“La Policía Nacional está haciendo lo que tiene que hacer con las instrucciones policiales”, dijo.
“Debemos hacer un ejercicio ciudadano todos para salvar la vida de las mujeres y que no hayan más agresiones”, insistió.
El llamado de la ministra se produce luego de que, la madrugada del domingo, Mindalis Núñez, de 31 años, falleciera tras recibir un disparo en la cabeza por parte de su pareja, el sargento Vásquez Ozoria, en un hecho ocurrido en Villa Hermosa, La Romana.
La pareja habría tenido una discusión tras salir de una discoteca. El agente también resultó herido en el cuello, aunque aún no se han esclarecido todos los detalles del suceso.
Acciones policiales
El director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, explicó que los agentes que presentan antecedentes de violencia son referidos a la Dirección General de Sanidad Policial, donde reciben evaluaciones psicológicas y tratamientos especializados.
“Se le dan los tips que se le tienen que dar, los psicológicos, se le hace todo lo que tiene que ver con el tema”, señaló.
A pesar de esos protocolos, el caso de Núñez reaviva el debate sobre la eficacia de los controles internos de la Policía y la necesidad de abordar la violencia de género como un problema estructural.
tasa de homicidios y robos
La ministra Raful también informó que la tasa nacional de homicidios se sitúa actualmente en 8.2 por cada 100 mil habitantes, lo que sigue evidenciando una tendencia a la baja.
En comparación, para esta misma fecha en años anteriores, la tasa era de 12.29 en julio de 2023 y de 9.96 en julio de 2024, lo que representa una disminución progresiva atribuida al fortalecimiento de las acciones preventivas y operativas implementadas a nivel nacional.
“Quiere decir que va en una tasa a un ritmo descendente gracias a los esfuerzos de esta fuerza de tarea”, subrayó.
“La mayoría de las provincias del país están en verde en el mapa de calor, lo que indica que 26 de ellas registran tasas de homicidios por debajo de un dígito. Solo ocho provincias superan el umbral de 10, y en esas zonas estamos intensificando las intervenciones”, detalló la funcionaria.
En cuanto a los robos, hasta la fecha, se han contabilizado 43,486 denuncias, lo que representa una disminución frente a las 47,309 reportadas en 2024 y las 52,312 en 2023.
Esto equivale, según los datos presentados por Raful, a 3,823 casos menos entre 2024 y 2025.
fuerza de tarea
La reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, que se celebra todos los lunes en el Palacio de la Policía Nacional, fue encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
Durante la reunión se destacó la presencia en el país de delegaciones de la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial (REDPPOL), mecanismo de cooperación de la OEA, que desarrolla un curso de formación en suelo dominicano.
Este miércoles 16 y jueves 17, el presidente Luis Abinader encabezará en Santiago de los Caballeros el acto de clausura de este programa, que congregará a ministros de seguridad de todo el continente.
