La caravana “Together Juntos” que visitará 19 ciudades de la frontera sur de Texas, en respuesta a la implementación de la SB4, que permite a los agentes de cualquier corporación policial preguntar a personas detenida sobre su situación legal en el país, arrancó hoy en El Paso.
La caravana se detendrá en varios poblados en donde se realizarán pláticas comunitarias sobre derechos constitucionales, con el fin de que los inmigrantes estén preparados para responder a posibles detenciones por dicha ley estatal.
Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, con sede en El Paso, dijo a Efe que esta acción busca levantar la voz en resistencia al racismo y las violaciones a los derechos humanos.
“Vamos a estar explicando a la comunidad qué es la SB4 y cómo defenderse de posibles abusos. Vamos a dar talleres sobre cómo documentar abusos que nosotros creemos que se va a aplicar con esta ley”, afirmó.
La caravana, donde participan cerca de 100 manifestantes, tiene programados 32 eventos durante el recorrido en vehículos a lo largo de la frontera de la entidad con México.
“En algunos pueblos vamos a estar dos días. No es una caravana que se sigue sino que nos quedaremos en lugares a hacer entrenamientos con la comunidad”, dijo.
Entre las ciudades que estarán visitando se encuentran Fabens, Tornillo, Ft. Hancock, Marfa, Presidio, Del Río, Eagle Pass, Laredo, El Cenizo, San Benito, McAllen, San Juan, Rio Grande, Brownsville, Falfurrias y Corpus Christi, aseguró García.
La caravana tiene programado llegar a Houston el 12 abril donde finalizará sus actividades.
Verónica Macías, de la ciudad de Horizon, del condado de El Paso, dijo que muchos de los activistas están participando en contra del odio y de la separación de familias en Estados Unidos por motivos migratorios.
“Hay mucho temor en la comunidad con eso de que ya está implementada la SB4, y ellos tienen la autoridad de pedirle documentos a las personas y de hablarle a migración”, mencionó.
En el 2017, fue aprobada la llamada ley SB 4 que permite a los agentes de cualquier corporación policial preguntar a cualquier persona detenida sobre su situación legal en el país.
La Red Fronteriza por los derechos Humanos, así como una serie de organizaciones pro-inmigrantes de Texas han estado luchando para detener y eliminar esta ley que, aseguran, daña la economía, la seguridad y la confianza entre las agencias policiacas y la comunidad.
Varios gobiernos locales y grupos de derechos civiles interpusieron una demanda en contra de la ley al considerarla inconstitucional.
Un juez federal en San Antonio está pendiente de determinar la viabilidad legal del estatuto.
Mientras tanto, una Corte Federal de Apelaciones dictaminó 13 de marzo que la mayoría de los mandatos contenidos en la SB4 pueden aplicarse mientras continúa el proceso legal sobre su constitucionalidad. efe
