Más sillas, más despachos, el mismo fracaso

La gobernadora Jenniffer González Colón acaba de convertir en ley el Proyecto del Senado 772, ahora Ley 125-2026, presentada como una “modernización” del Departamento de Educación. Léase bien el anuncio oficial: se crean un Oficial Principal Financiero, un Oficial Principal de Informática y un Oficial Principal Académico; se define un subsecretario; se establece una línea de sucesión. De acuerdo con las evaluaciones y memoriales de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) compartidos durante el proceso legislativo para viabilizar estas estructuras, los salarios bases proyectados para estos altos ejecutivos son sustanciales:

Oficial Principal Académico (CAO): A diferencia de los otros dos, esta posición no se considera estrictamente un puesto “nuevo” desde cero, sino una transformación/renovación de una plaza existente de alta jerarquía académica. OGP estimó que el impacto neto directo en nómina base sería cercano a cero, aunque contempla un ajuste salarial adicional de entre $10,000 y $15,000 anuales sobre lo que ya devengaba la plaza equivalente anterior para ajustarlo al nuevo nivel de responsabilidad. eso suena a organigrama corporativo, a PowerPoint de consultoría. Lo que no suena por ningún lado es la palabra que debería estar en el centro de cualquier reforma educativa: el estudiante.

Oficial Principal Financiero (CFO): El salario anual estimado oscila entre los $162,500 y los $188,500.

Oficial Principal de Informática (CIO): Al igual que el puesto financiero, su rango salarial proyectado se sitúa entre los $162,500 y los $188,500 anuales, respondiendo a la complejidad de manejar la infraestructura tecnológica y de datos del sistema público.

Llevamos décadas en el mismo ciclo. Cada nueva administración descubre que el Departamento de Educación no funciona, y cada nueva administración responde con la misma receta: más estructura, más cargos, más “oficiales principales” con salarios de seis cifras, más niveles de supervisión sobre supervisores que supervisan a otros supervisores. Nadie, en ninguna versión de esta obra que se repite cada cuatrienio, se pregunta si el problema es precisamente que hay demasiada administración y demasiado poco salón de clases. Estamos graduando analfabetas funcionales que resultan en la quiebra de recursos humanos que afectan directamente al desarrollo económico de la isla.

Los números no mienten, aunque la retórica oficial se esfuerce en taparlos. La matrícula del sistema público lleva más de veinte años en caída libre. Las pruebas META-PR y los resultados comparables a NAEP documentan, año tras año, que la mayoría de nuestros estudiantes no domina las competencias básicas de lectura y matemáticas. Y mientras la población estudiantil se reduce a la mitad, la estructura administrativa central y regional se ha mantenido prácticamente intacta, protegida por capas de “puestos de confianza” y de plazas que sobreviven a cualquier reorganización porque nunca se toca lo verdaderamente estructural: el tamaño del aparato burocrático.

La Ley 125-2026 no rompe ese patrón. Lo perfecciona. Añade cargos ejecutivos nuevos a una agencia que ya arrastra oficinas regionales, subsecretarías, direcciones auxiliares y programas especiales que, en su inmensa mayoría, no tocan jamás un salón de clases ni resuelven el problema de un maestro con treinta y cinco estudiantes y sin materiales. La “coordinación tecnológica” con el PRITS y el “uso de datos” que promete la ley son, en el mejor de los casos, gestos administrativos; en el peor, otra capa de reportes que alguien en San Juan pedirá a directores de escuela ya agobiados de papeleo.

El error de enfoque: hablamos de dinero y de cargos, no de aprendizaje

Y aquí hay que detenerse, porque el debate público —incluyendo buena parte de la crítica a esta ley— corre el riesgo de cometer el mismo error que critica. Si la conversación se limita a cuántos empleados administrativos sobran, cuánto dinero se ahorra o cuántas oficinas se cierran, seguimos discutiendo el problema equivocado. El presupuesto y el organigrama son medios, no fines. El único fin legítimo del Departamento de Educación es uno solo: que el estudiante aprenda. Y en eso, medido con cualquier vara seria, el sistema lleva décadas en fracaso sostenido.

Por eso la respuesta correcta no es una discusión de eficiencia administrativa ni de recorte de nómina como fin en sí mismo. Es una pregunta mucho más incómoda para quienes diseñan estas leyes: ¿en qué momento el aparato dejó de existir para servir al estudiante y empezó a existir para sostenerse a sí mismo? Cada carta circular nueva, cada nivel de aprobación adicional, cada informe que un maestro tiene que rendir antes de comprar materiales, es micromanejo que le resta tiempo y autonomía profesional al único adulto que de verdad incide en el aprendizaje: el maestro frente a sus estudiantes. Se siguen creando puestos —incluyendo los que crea esta nueva ley— que consumen presupuesto real sin que exista una sola métrica que demuestre que esos puestos mejoran el aprovechamiento académico. Eso no es gestión pública responsable; es inercia burocrática disfrazada de reforma.

El dato que debería dominar cualquier titular es este: en el Departamento de Educación de Puerto Rico, el personal que enseña directamente a los estudiantes —maestros frente al salón— representa apenas cerca de la mitad de la nómina total del sistema; el resto son funciones administrativas, de apoyo y de supervisión que no tocan el aula. Un sistema donde poco más de la mitad del personal se dedica a la función que justifica su existencia no tiene un problema de organigrama: tiene un problema de propósito.

La Constitución de Puerto Rico es clara: toda persona tiene derecho a una educación que propenda a su pleno desarrollo, y el Estado tiene la obligación de mantener un sistema de educación pública libre y gratuito capaz de cumplir ese mandato. Un sistema que gradúa —cuando gradúa— a estudiantes que no dominan la lectura ni las matemáticas básicas, no está cumpliendo ese mandato constitucional. No se trata de una falla administrativa menor que se resuelve con un CFO y un CIO nuevos: se trata de un incumplimiento sostenido de un derecho constitucional, y ese incumplimiento no se corrige reorganizando el mismo aparato que lo ha producido durante generaciones.

Por eso la propuesta no puede quedarse en reducir la administración central y regional a un 10% de la nómina. Tiene que ir más lejos: el Departamento de Educación, tal como existe hoy, debe eliminarse en su totalidad como agencia, y debe sustituirse por un sistema enteramente nuevo, diseñado desde cero alrededor de una sola pregunta —¿esto ayuda a que el estudiante aprenda?— y no alrededor de cuántos puestos de confianza, oficinas regionales o niveles de supervisión hacen falta para administrar el fracaso con más elegancia.

El diagnóstico que nadie quiere firmar

Seamos claros sobre lo que de verdad ocurre en el Departamento de Educación de Puerto Rico. No es un problema de organigrama. Es un problema de diseño institucional: un sistema centralizado que concentra el dinero, el poder de decisión y el personal administrativo en San Juan y en oficinas regionales, mientras la escuela —el único lugar donde ocurre el aprendizaje— opera como una sucursal sin autoridad real sobre su presupuesto, su personal o su calendario académico. Bajo ese diseño, no importa cuántos “oficiales principales” se nombren: el dinero seguirá sin llegar al salón, y el fracaso académico seguirá siendo, año tras año, la única constante verificable del sistema.

Una propuesta distinta: cerrar, no reorganizar

Puerto Rico no necesita una reorganización más elegante de la burocracia central y regional del Departamento de Educación. Necesita su desmantelamiento ordenado y su sustitución por un modelo radicalmente distinto. La propuesta es sencilla de enunciar, aunque exige valentía política para ejecutarla:

1. Eliminar el Departamento de Educación como agencia y disolver la administración central y las oficinas regionales tal como existen hoy. No reformarlas, no “modernizarlas”: cerrarlas. La agencia, en su diseño actual, ha incumplido de forma sostenida el mandato constitucional de proveer una educación de excelencia, y ningún organigrama nuevo cambia esa realidad. Toda la estructura intermedia entre el Departamento y la escuela —regiones educativas, distritos, oficinas auxiliares que duplican funciones— debe eliminarse en un periodo de transición definido por ley, no dejado a la discreción de la próxima administración.

2. Crear un nuevo sistema con un tope estatutario de 10% de personal administrativo. El otro 90% de las plazas y del presupuesto de nómina del sistema debe estar en la escuela: maestros, personal de apoyo estudiantil, consejería, mantenimiento y seguridad escolar. Ese 10% administrativo remanente debe concentrarse en funciones que la ley federal y la Junta de Supervisión Fiscal exigen de forma insustituible —auditoría, cumplimiento de fondos federales, certificación de nómina— y nada más. La misma debe ser transparente y en vivo por una pagina electronica. Ninguna función que pueda automatizarse con las herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos que hoy existen debe ocupar una plaza humana permanente.

3. Transferir el remanente presupuestario directamente a la escuela, con autonomía fiscal real sin que se nombren puestos en educación con leyes fatulas. El dinero que hoy se queda en niveles centrales y regionales —en salarios administrativos, en alquileres de oficinas, en capas de supervisión— debe fluir directamente a cada escuela mediante una fórmula per cápita transparente y auditable. Cada director escolar, con un consejo escolar de padres, maestros y comunidad, debe tener autoridad final sobre cómo se gasta ese dinero: contratación, materiales, tecnología, mantenimiento. Sin pedir permiso a un distrito, sin esperar la firma de una oficina regional, sin que un funcionario en San Juan decida qué necesita un salón en Yauco o en Loíza.

4. Sustituir la supervisión burocrática por auditoría de resultados. El control sobre las escuelas no debe ejercerse mediante trámites previos —permisos, autorizaciones, formularios— sino mediante rendición de cuentas posterior: resultados académicos medidos con estándares internacionales como PISA, uso correcto de fondos verificado por auditoría independiente, y consecuencias reales, incluyendo intervención o reemplazo de liderazgo escolar, cuando una escuela falle sistemáticamente.

La objeción previsible, y por qué no basta

Ya se puede anticipar la defensa oficial: “esta ley fortalece los controles fiscales tras la intervención federal de 2021”. Es cierto que el Departamento necesita controles fiscales serios; nadie lo niega, y la historia reciente de mal manejo de fondos federales lo confirma con creces. Pero un control fiscal más riguroso no requiere más burocracia: requiere menos manos entre el dinero y su destino final, y más transparencia en cada una de esas manos. Añadir un CFO y un CIO a una estructura que ya tiene decenas de niveles de aprobación no reduce el riesgo de mal uso de fondos; lo redistribuye entre más oficinas, con más oportunidades de que la responsabilidad se diluya entre despachos. Pero tampoco ayuda al estudiante en nada con su aprovechamiento deficient actual.

Lo que está en juego

Lo que está en juego no es cuánto dinero se ahorra ni cuántos empleados sobran. Eso es, en el mejor de los casos, un efecto secundario. Lo que está en juego es si Puerto Rico va a seguir tolerando que una agencia con un mandato constitucional claro —proveer una educación de excelencia— siga midiendo su éxito por cuántas oficinas nuevas crea, en lugar de por cuántos estudiantes de verdad aprenden a leer, a razonar y a resolver un problema de matemáticas. Cada año que pasamos “reorganizando” en lugar de rediseñar desde el aprendizaje, es un año más de estudiantes que se gradúan —cuando se gradúan— sin las competencias básicas que esa misma Constitución les garantiza. La Ley 125-2026 es, en el mejor de los casos, un gesto de buena fe mal dirigido. En el peor, es la confirmación de que el sistema político puertorriqueño prefiere seguir nombrando puestos y administrando el fracaso antes que atreverse a preguntarse, con honestidad, si la agencia misma debe seguir existiendo en su forma actual. La pregunta que tenemos que hacer es lal siguiente: ¿De dónde sale el dinero para estas nuevas oficinas? ¿Porque usamos ejemplos de estados de la union las cuales están en problemas de niveles académicos? ¿Porque no se menciona la crisis de lectura y comprensión de lectura en las escuelas publicas de Puerto Rico? ¿Porque no eliminamos todo personal de confianza en el Departamento de Educación?

Puerto Rico ya probó, durante generaciones, el modelo de “más estructura arriba, menos autoridad abajo, más micromanejo sobre el maestro”. Los resultados están documentados, son públicos y son devastadores. Ha llegado el momento de dejar de discutir el tamaño de la nómina administrativa como si fuera el problema central, y empezar a discutir lo único que de verdad importa: si el niño puertorriqueño está aprendiendo de forma eficiente. Esa, y no el organigrama, es la única métrica que debería definir el éxito o el fracaso de cualquier reforma educativa futura.