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Palacio Nacional, R. D.-El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales canceló el permiso ambiental a Metales Antillanos. Además, cerró la empresa, ubicada en la Zona Industrial La Isabela, en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte.
La compañía que representa José Ignacio Acero se dedicaba a la compra, recolección, transporte y tratamiento de metales ferrosos (chatarras). Lo hacía con fines de exportación.
También realizaba lo mismo con los metales no ferrosos, derivados del desguace de las embarcaciones.
Permiso solo contemplaba uso temporal
El Permiso Ambiental 0558-07, de fecha 31 de marzo 2015, fue cancelado. Esto es debido a que la empresa realizaba actividades permanentes de desmantelamiento de barcos. Esta acción la hacía dentro de la franja de los 30 metros de protección.
Medio Ambiente informó que el permiso solo contemplaba el uso temporal de dicha franja. En ese sentido, indicó que esa autorización era para realizar cortes de piezas grandes.
Incumplió año otorgado para impermeabilizar de un 30 a un 40%
También se consideró que la empresa realizaba cortes, acopio y tratamiento de metales en áreas no impermeabilizadas. Tampoco cumplió con el plazo otorgado de un año para impermeabilizar de un 30% a 40%. Esto último está establecido en la disposición de su permiso ambiental.
Otras razones motivaron el cierre
La resolución RSA-2-2017-0042-VGA, firmada por Francisco Domínguez Brito indica que existen también otras razones. La medida le fue aplicada, además, por realizar desguace de embarcaciones en una dársena o fosa no impermeabilizada. Igualmente por la quema de residuos a cielo abierto, de manera reiterada, y almacenamiento y disposición inadecuada de residuos peligrosos.
La disposición cumple con la resolución13/2016, mediante la cual se prohíbe las actividades y operaciones de desguaces de embarcaciones. Asimismo, está vedado el reciclaje de metales o de cualquier tipo en los ríos Ozama e Isabela.
Lo anterior es en virtud de las Declaratorias de alto interés y prioridad nacional. Esto es, de la rehabilitación, saneamiento, preservación y uso sostenible de la cuenca alta, media y baja de los ríos Ozama e Isabela.
Del mismo modo, la medida fue adoptada mediante las atribuciones conferidas al Ministerio, por las Ley 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. También, a través de Ley 247-12, Orgánica de la Administración Pública, del 9 de agosto de 2012.
Instruye a las demás dependencias ayudar a dar fiel cumplimiento a las disposiciones señaladas en dicha resolución. Entre están el viceministerio de Gestión Ambiental, Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y entre otras entidades competentes.
RD obtiene victoria total en arbitraje internacional: favorece clima jurídico (VIDEO)
Los ministros de Industria y Comercio, José del Castillo y de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, anunciaron que República Dominicana obtuvo un triunfo histórico al salir airoso de un reclamo por 100 millones de dólares, en el marco de DR-CAFTA.
País se ahorra 100 millones de dólares
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“Es un placer informarles de este hito trascendental en la historia del arbitraje internacional de la República Dominicana y que por primera vez hemos asistido a un arbitraje inversionista-Estado, en este caso de la empresa Corona Materials que demandó al país en el marco del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica” dijo Del Castillo.
Explicó que los alegatos se relacionan con la denegación de una licencia ambiental minera, por lo cual el inversionista alegó la violación de sus derechos y de los compromisos.
Bautista Rojas Gómez, ministro de Medio Ambiente precisó que se trataba de una licencia ambiental para extracción de material de construcción en la zona de Sánchez, Samaná, denegada porque implicaba la construcción de un muelle en una zona turística y violentaba la disposición legal de distancia de 30 metros para realizar labores de minado cerca de ríos y arroyos.
Los ministros hablaron sobre el tema durante una rueda de prensa ofrecida en el salón Orlando Martínez del Palacio Nacional, luego de reunirse con el presidente Danilo Medina en su despacho para presentar
Logro institucional
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José del Castillo expresó que el Ministerio de Industria y Comercio a través de la Dirección de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales (DICOEX) funge en virtud del decreto 303-15 y el 610-07, como la Autoridad Nacional de Prevención y Defensa del Estado ante arbitrajes internacionales de inversión, acuerdos de libre comercio, y los acuerdos de la OMC, teniendo a su cargo la coordinación de la defensa de los intereses de la República Dominicana, obtuvo este logro conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Indicó que esto favorece y habla muy bien del clima jurídico y de inversiones que prevalecen en el país.
Del Castillo Saviñón resaltó que el Estado dominicano articular una defensa adecuada y pudo obtener el laudo del Tribunal Arbitral favoreciendo a la República Dominicana.
Equipo técnico de defensa del país
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El equipo de defensa de la República Dominicana estuvo liderado por Katrina Naut, directora general de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio (DICOEX) en conjunto con Patricia Abreu, viceministra de Medio Ambiente.
También integraron el equipo de defensa Leslie Marmolejos, coordinadora de Prevención y Solución de Controversias y Ariel Gautreaux, analista, ambos de la DICOEX, así como Rosa Otero, directora de Comercio y Ambiente; Marisol Castillo, consultora Jurídica; Claudia Adames y Johanna Montero del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La firma de abogados internacional que asistió al Gobierno Dominicano fue Arnold & Porter LLP bajo la dirección de sus socios Paolo Di Rosa, Raúl Herrera y su asociado José Antonio Rivas. También, Eduardo Jorge Prats fue parte del equipo en calidad de experto de la República Dominicana.
CIADI desestima demanda
Sobre este particular, el 31 de mayo de 2016 el tribunal de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) desestimó totalmente la demanda interpuesta por la compañía estadounidense Corona Materials LLC, la cual fue presentada bajo el DR-CAFTA y las Reglas de Arbitraje del Mecanismo Complementario del CIADI, en la que había solicitado una condena por US$100 millones de dólares en contra de la República Dominicana.
El país como parte de su estrategia de defensa solicitó al Tribunal del CIADI realizar un procedimiento expedito de conformidad con el artículo 10205 del DR-CAFTA, lo cual fue aceptado por el Tribunal Arbitral, constituyendo esto un ahorro en tiempo y recursos económicos para el Estado, celebrándose una sola audiencia en París, Francia.
José del Castillo Saviñón manifestó que esta decisión es fruto del trabajo y esfuerzo realizado desde el 2013 por el Ministerio de Industria y Comercio, teniendo como resultado la creación del Sistema Nacional de Prevención y Defensa del Estado Dominicano, mediante decreto No. 303-15 del presidente Danilo Medina, recayendo esta responsabilidad en el Ministerio a través de la DICOEX.
