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Un sistema nuevo sobre un modelo viejo: el caos de Íntegra PR

Más de $170 millones en contratos, cuatro meses de operación y una pregunta que nadie en el Gobierno quiere contestar: ¿para qué se instala un sistema digital de primera clase encima de una estructura administrativa que nunca se reformó?

El apagón que se convirtió en embudo

El 22 de junio de 2026 las agencias del Gobierno de Puerto Rico entraron sus últimas órdenes de compra en el sistema viejo. Entre el 30 de junio y el 6 de julio, todo se apagó. El 7 de julio, según documentó la propia Comisión de Derechos Civiles en una resolución oficial, debía arrancar el nuevo sistema financiero: Íntegra PR, una plataforma de Oracle Cloud implementada por la firma Deloitte, que sustituye un sistema creado a finales de la década de 1990.

Cuatro meses después, el balance es este. La administradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado Rivera, advirtió ante el Senado que las fallas ponen en riesgo el pago del combustible de la flota del Gobierno, incluida la Policía, de cara a diciembre. En el Departamento de Educación, según su testimonio, quedan sin pagar 2,373 facturas de transportación por unos $7.4 millones. Los porteadores escolares ya habían advertido en agosto que no podían seguir financiando al Departamento, que les debía unos $17 millones. La Unión General de Trabajadores denuncia que cientos de empleados públicos llevan meses sin cobrar dietas y millaje. Y la Comisión de Derechos Civiles informó que los suplidores no pudieron someter facturas desde el 23 de junio.

En la Cámara, la representante Tatiana Pérez Ramírez radicó la Resolución 838 para investigar costos, desembolsos y capacitación. En el Senado, el vicepresidente Carmelo Ríos Santiago citó a Deloitte y a E3 Solutions, y anunció una nueva vista para el 30 de noviembre con Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).

Para ser justos con los datos: el sistema sí paga. La ASG informó que desde julio se han procesado 80,692 facturas por aproximadamente $5,950 millones a más de 7,000 suplidores, y el propio tablero de Íntegra PR muestra desembolsos acumulados que rebasan los $6,000 millones. La gobernadora Jenniffer González Colón, por su parte, reconoció públicamente que el sistema no funciona como debe, porque de lo contrario se estaría pagando el 100%, y atribuyó parte del problema a deudas viejas y a la resistencia a abandonar el trabajo en papel. Anunció, además, que se volverá a adiestrar a empleados y suplidores.

Pero ese es precisamente el punto. Un sistema que paga miles de millones y aun así deja a pequeños negocios sin cobrar durante meses no es un sistema que funciona «con tropiezos». Es un sistema que concentra el dolor en los eslabones más débiles de la cadena: los pequeños y medianos suplidores que no pueden financiar al Gobierno.

Una factura de $172 millones y contando

El proyecto no nació en 2026. Según información publicada por la AAFAF, el esfuerzo de un ERP comenzó en 2015 y consumió unos $78 millones sin llegar a ponerse en marcha. Se hizo necesario un nuevo contrato con Deloitte, firmado en 2022 por $73,104,102.76 para implementar Oracle Cloud en finanzas, compras, presupuesto y capital humano. Ese contrato fue enmendado en repetidas ocasiones, con prórrogas aprobadas por la Junta de Supervisión Fiscal; en 2025 la Junta evaluó una enmienda que añadía $12 millones y extendía el término hasta el 31 de julio de 2027. Ante el Senado, Deloitte informó que el valor máximo ya asciende a unos $86.4 millones y que la segunda fase —recursos humanos y nómina— no estará lista en enero de 2027, como se había anunciado.

Sumando contratos anteriores (incluido el trabajo previo con PeopleSoft), el Senado calcula que el esfuerzo del ERP ha supuesto unos $172 millones en contratos autorizados. Un proyecto que, según el entonces director de la OGP, Juan Carlos Blanco, debía estar completado en el verano de 2024.

La pregunta de fondo no es solo cuánto costó. Es quién respondió por qué no funcionó:

  • Deloitte sostiene que los problemas se deben a la conversión de datos y al uso del sistema por las agencias, y que la gestión del cambio organizacional quedó fuera de su alcance contractual desde antes del acuerdo de 2022.
  • E3 Solutions, la firma asesora, dice que su rol fue de apoyo y que Deloitte configuró y construyó la plataforma.
  • La ASG afirma que advirtió de errores de configuración desde 2020 y que el módulo de compras no estaba listo, pero que fue encendido de todos modos en el Departamento de Educación.
  • El Ejecutivo admite fallas y promete más adiestramiento.

Cada parte tiene una versión, y todas coinciden en algo: nadie era dueño del problema completo. Esa es la huella digital de una administración pública sin una autoridad técnica central con poder real.

El pecado original: digitalizar el laberinto

Un ERP no es un programa que se «instala». Es un espejo que obliga a la organización a ver cómo funciona realmente. Y cuando lo que está en el espejo es un laberinto, el sistema lo reproduce a la velocidad de la nube.

Puerto Rico no rediseñó primero cómo se compra, cómo se aprueba una factura, quién la intervine ni cuántas oficinas la tocan. Digitalizó el proceso tal como existía. La propia gobernadora lo resumió, sin proponérselo, al decir que el Gobierno estaba acostumbrado a trabajar en papel. Esa es la raíz: trasladar un trámite de papel a una pantalla sin eliminar los pasos innecesarios solo produce un trámite de papel más lento y más caro, con una licencia anual.

Los síntomas documentados lo confirman: facturas que aparecen en agencias a las que no corresponden, retenciones que el sistema no aplica automáticamente, facturas que llegan a la bandeja de finanzas sin que el oficial responsable las atienda, falta de visibilidad del dinero. No son fallas de Oracle. Son fallas de proceso y de diseño organizacional que ninguna plataforma puede arreglar sola.

Si a esto se suma que el sistema debía cubrir unas 60 a 66 agencias y más de 8,000 usuarios, y que, según reportó la prensa, miles de empleados no estaban adiestrados cuando arrancó, el resultado era previsible.

¿Cuántas agencias hacen falta?

La AAFAF describe el ERP como un esfuerzo para estandarizar los procesos financieros de las 132 instrumentalidades del Gobierno, que antes operaban en islas. Una exposición de motivos oficial habla de 118 agencias, con duplicidad de funciones y gasto excesivo en administración. La cifra exacta varía según quién la cuente, y ese es ya un hallazgo: el Gobierno no tiene una definición única, pública y actualizada de cuántas entidades tiene, qué hace cada una ni cuánto cuesta su administración.

No se puede rediseñar lo que no se ha inventariado. Antes de seguir activando módulos, Puerto Rico necesita un censo funcional: por cada agencia, cuántos empleados administrativos y cuántos de servicio directo; cuántas oficinas tocan una misma factura, permiso o pago; qué funciones se duplican con otra agencia; y qué agencias supervisan a otras agencias. Donde el valor público no pueda demostrarse, la función debe consolidarse, absorberse o eliminarse.

Aquí conviene precisión, porque el debate público suele equivocarse. Un análisis publicado en julio de 2026 señala que el empleo público de Puerto Rico es de unos 577 por cada 10,000 habitantes, frente a unos 696 en Estados Unidos según datos de la OCDE y el Banco Mundial. Es decir, que la afirmación de que la Isla tiene más empleados públicos que la mayoría de los estados no se sostiene con esa medida. El problema, por tanto, no parece ser solo cuántos empleados hay, sino cómo están organizados: demasiadas capas de administración, demasiadas oficinas que se supervisan unas a otras y muy pocas manos en la línea de servicio. Cuando una agencia dedica más personas a procesar papel que a atender al público, el ciudadano lo siente igual, con una nómina grande o pequeña.

El dinero que se va por la tubería de los contratos

Los contratos externos son la otra herida. Cada vez que el Gobierno contrata a una gran firma para modernizar un sistema que no ha reformado, paga por la implementación, por las enmiendas, por las extensiones y luego por el soporte. Si esa firma subcontrata parte del trabajo a otros proveedores, incluso fuera del país, el costo se multiplica y el control se diluye.

En esta investigación no encontramos documentación pública que confirme cuántos subcontratistas participan en Íntegra PR, ni dónde se realiza su trabajo. Esa es precisamente la información que el Senado debe exigir: una lista completa de subcontratistas, sus países de operación, las horas facturadas, los productos entregados y el acceso que tienen a datos del Gobierno. Si el País paga más de $170 millones, tiene derecho a saber quién hizo cada parte del trabajo.

Lo que Puerto Rico debe hacer ahora

  1. Pagar primero a los suplidores pequeños. Un mecanismo de pago de emergencia, con revisión posterior, para facturas verificadas de pequeños y medianos negocios, transportistas y proveedores de servicios de salud. Un suplidor que no cobra no solo se ahoga: deja de servir al Gobierno.
  2. Detener la activación de nuevos módulos hasta rediseñar los procesos. La fase de nómina y recursos humanos no debe encenderse sobre el mismo desorden. Primero el rediseño; después el software.
  3. Una auditoría independiente y pública del contrato de Deloitte y de todos los contratos relacionados: alcance original, enmiendas, pagos, entregables, penalidades aplicadas y subcontratistas.
  4. Un censo de agencias y funciones, con la meta de consolidar y reducir las oficinas administrativas. Un Gobierno más pequeño en la trastienda y más grande en el servicio directo.
  5. Un dueño único. Una autoridad técnica con poder real sobre los procesos financieros, en lugar de un proyecto que pasó de Hacienda a la Secretaría de la Gobernación y de ahí a la subsecretaría.
  6. Infraestructura y ciberseguridad antes que más plataformas. Ninguna modernización con inteligencia artificial o comunicaciones de alta velocidad puede sostenerse sobre equipos y redes que no estén a la altura. Esa evaluación técnica debe ser pública y transparente.

Conclusión

Puerto Rico cometió un error clásico: comprar una solución antes de entender el problema. Íntegra PR no es el origen del caos; es el instrumento que lo hizo visible. Los miles de millones que el sistema ya ha pagado demuestran que la tecnología puede funcionar. Los suplidores sin cobrar demuestran que la tecnología sola no basta.

Si el País insiste en pagar por un sistema moderno sin reformar un modelo de gobierno y agencias arcaico, seguirá pagando dos y tres veces: una al contratista y otra, mucho más cara, a los ciudadanos que esperan su pago, su permiso o su servicio.


Fuentes consultadas (nov. 2026): El Nuevo Día; El Vocero; Metro Puerto Rico; NotiCel; AAFAF (aafaf in the news); Junta de Supervisión Fiscal (cartas de revisión de contrato Deloitte 2025); portal oficial del ERP (pr.gov/erp); tablero de Íntegra PR (PRITS); Comisión de Derechos Civiles (Resolución 2026-003); Cámara de Representantes (R. de la C. 838).

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