La violencia y las amenazas empujan cada vez con más frecuencia a la emigración familiar desde la zona norte de Centroamérica. Casi un 20 por ciento de las familias entrevistadas en un sondeo de la ONU reconocen que huyen de contextos violentos, y el dato es aún mayor –supera el 30 por ciento– en el caso de los menores no acompañados.
En 2019, el número de unidades familiares detenidas en la frontera sur de Estados Unidos se disparó un 456 por ciento, hasta las 432.000. En un intento por explicar estas cifras, el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) y el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) han entrevistado a más de 3.100 personas.
Casi una de cada cinco personas encuestadas han citado como motivo de su emigración desde la zona norte de Centroamérica la violencia, con situaciones que incluyen amenazas de muerte, extorsión, reclutamiento por parte de pandillas y violencia de género.
La violencia afecta directamente a niños y adolescentes, especialmente en relación a las amenazas de muerte asociadas con el reclutamiento, mientras que los numerosos adultos han reconocido que han recibido amenazas de pandillas dirigidas a toda la familia y que han optado por emigrar con los hijos para no dejarlos en peligro.
El representante de ACNUR para la región, Giovanni Bassu, ha explicado que “el cambio en las dinámicas de desplazamiento forzado desde el norte de Centroamérica refleja una compleja realidad en los países de origen, donde familias enteras están amenazadas y huyen juntas para encontrar un lugar seguro”.
Por su parte, la responsable de UNICEF en la zona, Jean Gough, ha lamentado que “muchas personas del norte de Centroamérica están literalmente corriendo por su vida mientras las pandillas atacan a familias enteras”, de tal forma que “no dejan a ningún familiar atrás porque temen represalias de las pandillas en las comunidades”.
Gough teme que haya aún más migraciones “en las próximas semanas y meses” por el previsible aumento de la pobreza y la violencia derivado de la pandemia de COVID-19 y de los dos “devastadores” huracanes que azotaron recientemente Centroamérica. La semana pasada ya intentó partir una primera ‘caravana’ de Honduras compuesta principalmente por damnificados de estas tragedias.
Ya a finales de 2019, más de 800.000 personas de El Salvador, Guatemala y Honduras habían buscado protección dentro de sus países o habían cruzado fronteras internacionales en busca de asilo. ACNUR y UNICEF han emplazado a los distintos gobiernos a cumplir sus obligaciones y garantizar los derechos de estos migrantes, especialmente cuando se trata de menores de edad.
