Santo Domingo, R. D. –La matriz energética de la República Dominicana cerró el 2024 con un capacidad de generación de electricidad de 1,396 MW a través de fuentes renovables (solar, eólica y biomasa), lo que representa un 23.32 % de la capacidad generación nacional.

 Y un incremento superior al 137 % en relación con el 2020, cuando la capacidad de estas fuentes era de 588 MW y representaban el 11.94 %; además el país cuenta con más de 460 MW instalados en techos de residencias, comercios e industrias para autoconsumo.

Los datos fueron ofrecidos por la viceministra de Innovación y Transición Energética del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Betty Soto, al representar al país en la 15.ª Asamblea de la International Renewable Energy Agency (Irena), celebrada del 11 al 13 de enero en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

La viceministra explicó que, como país, la República Dominicana está comprometida con crear un modelo energético inclusivo, resiliente y sostenible que sirva de ejemplo para otros países de características similares, por lo que, en línea con la visión de país, en este 2025 será lanzada la tercera versión de Plan Energético Nacional 2025-2038.

“En este sentido, reafirmamos nuestra disposición de colaborar con naciones, instituciones y el sector privado para avanzar juntos hacia un futuro energético más limpio y sostenible”.

Soto manifestó que, la República Dominicana ha asumido con determinación el compromiso de liderar la transición hacia las energías renovables en Centroamérica y el Caribe, registrando un progreso significativo en la adopción de tecnologías de energía limpia, con la incorporación de 27 nuevos parques de energía renovable, algunos que ya iniciaron su producción durante 2024 y otros que iniciarán este 2025, que aportarán 1,567.47 MW al sistema energético nacional.

La viceministra explicó que esos avances han sido posibles gracias a un conjunto de medidas e iniciativas que se implementan en cumplimiento a la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12, que plantea la reducción del 25 % de las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030) y los incentivos establecidos en la Ley 57-07, que tiene como meta que, al menos el 25 % de la energía generada en el país, provenga de fuentes renovables en el 2025.

“La promoción de políticas sólidas para la energía renovable ha atraído inversión extranjera, resultando en una inversión privada de USD 1.070 millones en el sector energético en 2023, lo que promueve el desarrollo sostenible e impulsa la economía del país”, dijo Soto, durante una de sus intervenciones.

Agregó que, como parte de esos esfuerzos se han ratificado convenios internacionales, como el Acuerdo de París, consolidando su compromiso de reducir emisiones de dióxido de carbono o CO₂ y promover el uso de fuentes de energía limpia y se promulgó la Ley 57-07, sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía, que fomenta la inversión a través de incentivos fiscales y un entorno regulatorio favorable.

“Nuestro país forma parte de la iniciativa Renovables para Latinoamérica y El Caribe (Relac), la cual fue creada en 2019 durante la Cumbre de Acción Climática ante el secretario general de la Organización Naciones Unidas (ONU), donde nos proponemos el objetivo de alcanzar al menos un 30 % de penetración de Energía Renovable para el 2030”, dijo.

Desafíos

Con relación a los desafíos que enfrenta el país para continuar desarrollando la producción de energía limpia, la viceministra citó el fortalecimiento de la infraestructura de transmisión, poder garantizar el acceso universal a la energía a comunidades rurales y apartadas de las redes eléctricas mediante el uso de energías renovables, la expansión del gas natural como combustible de transición, crear el marco regulatorio para el almacenamiento de energía proveniente de fuentes renovables para ser incorporadas al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y la reducción de la dependencia de combustibles fósiles, así como mantener e incrementar la cooperación internacional.

Sobre Irena

La Agencia Internacional de las Energías Renovables (Irena, en inglés) es una organización intergubernamental que apoya a los países en su transición a un futuro energético sostenible y que actúa esencialmente como plataforma para la cooperación internacional, centro de excelencia y repositorio de conocimientos de políticas energéticas. 

Ministro Santos propone metodología para avanzar en acuerdos entre comunidades en Cotuí y la Barrick

La Vega.-  El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, propuso este miércoles una metodología que permita avanzar con la velocidad necesaria y establecer objetivos claros y justos, esto durante el segundo encuentro del diálogo para el reasentamiento de las comunidades enclavadas en zonas mineras en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.

“Debemos concentrarnos en definir las diferencias conceptualmente y determinar cuáles subcomisiones técnicas abordarán cada uno de los temas para que puedan trabajar en ellos”, señaló.

La reunión tuvo lugar en el Obispado de La Vega y estuvo también encabezada por el monseñor Carlos Morel Diplán; el defensor del pueblo, Pablo Ulloa; Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo; Rolando Muñoz, director de Minería; Roberto Núñez, alcalde de Bonao, y Martín Guzmán, por las comunidades.

El objetivo principal del encuentro fue que cada una de las partes presentará tres representantes para conformar una comisión de seguimiento que facilite una solución a los desacuerdos.

En este proceso, la Iglesia católica y el Defensor del Pueblo actuarán como garantes éticos y constitucionales, acompañando al Ministerio de Energía y Minas en el proceso de búsqueda de una salida favorable a ambas partes: comunidades y empresa.

Por parte de la Iglesia católica participaron los sacerdotes Juan Gabriel Belén, Johnny Durán y Osvaldo Concepción, SJ. En representación del Defensor del Pueblo asistieron Lorenzo Herrera, Harold Modesto y Sandra Nogué.

La comunidad estuvo representada por Matilde Manzueta Sosa, Martín Guzmán Tejada y Fernando Peña, mientras que Barrick Pueblo Viejo designó a Giselle Varela, Grant Beringer e Isaac Luciano como sus delegados.

El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, resaltó que en la reunión se avanzó en temas claves, incluyendo las normas para evaluar las viviendas, además de analizar información adicional requerida por las comunidades afectadas.

“Se creará una comisión tan pronto se finalice la recopilación de información necesaria, asegurando que esta sea de calidad para avanzar en los trabajos pertinentes”, indicó Ulloa.

El próximo encuentro está programado para el lunes 20 de enero, donde se dará seguimiento a los programas de trabajo que se están estableciendo progresivamente.

“Este ambiente de diálogo y confianza ha crecido con el esfuerzo conjunto de todas las partes”, expresó Ulloa.