En un país en quiebra, los privilegios no son solo inmorales: son insostenibles. Puerto Rico vive una contradicción profunda y dolorosa. Mientras se cierran escuelas, faltan maestros, se recortan servicios esenciales y la Policía carece de recursos para patrullar comunidades enteras, el Estado continúa destinando millones de dólares a proteger a exfuncionarios públicos que ya no gobiernan.
El debate público suele reducir este tema a una cifra manejable y casi inocua: “un millón de dólares en horas extra”. Esa narrativa es incompleta y, por tanto, engañosa. El verdadero costo de las escoltas no se limita a las horas extra reportadas en titulares. Incluye salarios base, vehículos oficiales, combustible, mantenimiento, peajes y, quizá lo más grave, el costo de oportunidad de tener policías fuera de la calle.
Cuando se analizan todos estos factores, el gasto real anual de las escoltas en Puerto Rico ronda los $1.9 millones, lo que se traduce en casi $10 millones en un periodo de cinco años. Diez millones de dólares para custodiar el pasado, mientras se abandona el presente. Lo que podemos ver es que la Junta de Control Fiscal Sigue Ciega antes estas practicas engañosas que siguen hundiendo a la isla en una pobreza sin control. Para frenar estas practicas del gobierno central, la Junta de Control Fiscal Federal debe pedirle al gobierno de Puerto Rico que publique todos sus gastos de forma digital en una página web en vivo 24/7 para que el publico pueda ver con transparencia todos los gastos y contratos.
El desglose que nadie quiere discutir
Cada escolta de la policía permanente implica al menos dos policías asignados de manera rotativa. Con un salario promedio anual conservador de $42,000 por agente, solo en salarios base el país desembolsa aproximadamente $504,000 al año. A esto se suma el gasto ya documentado en horas extra, que ronda los $1.3 millones anuales.
Pero el costo no termina ahí. Cada escolta requiere vehículos oficiales, cuyo costo prorrateado anual —entre compra y depreciación— asciende a cerca de $39,000. El combustible representa otros $21,600, el mantenimiento unos $15,000 adicionales y los peajes alrededor de $9,000 al año.
El total es innegable: $1,888,600 anuales. No es una percepción, es una suma.
Policías ausentes, comunidades vulnerables
Este análisis ni siquiera incorpora el costo social. Cada escolta significa menos policías disponibles para patrullaje preventivo, menos respuesta rápida a emergencias y mayor sensación de abandono en comunidades ya golpeadas por la criminalidad. En términos prácticos, el Estado está priorizando la seguridad de exfuncionarios sobre la seguridad del pueblo.
El veto que protegió el privilegio
La Legislatura aprobó una medida para eliminar las escoltas a exfuncionarios. Sin embargo, la gobernadora Jeniffer Gonzalez Colón tuvo esa ley en sus manos y decidió vetarla. La alternativa presentada fue limitada: retirar escoltas únicamente a quienes cometan felonías o a ciertos jefes de gobierno. El mensaje fue claro: el privilegio no se elimina, se administra.
Un país que se protege a sí mismo
Eliminar las escoltas permanentes no es un acto de revancha política. Es una decisión básica de responsabilidad fiscal y justicia social. La protección debe concederse solo bajo evaluaciones reales de riesgo, de forma temporera y documentada. Todo lo demás es un subsidio al poder que ya no existe.
Puerto Rico no puede seguir financiando símbolos de una clase política desconectada de la realidad fiscal y social del país que luego se mudan al extranjero. Rascando la llaga, esta es una de las heridas que más dinero y credibilidad nos cuesta.
