El alcalde de Miami se suma a la guerra contra los sin papeles

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Los Ángeles y Chicago manifiestan su respaldo a los inmigrantes sin papeles ante la hostilidad de Donald Trump , el alcalde del condado de mayoría hispana Miami-Dade (Florida), el republicano Carlos Giménez, dio la nota discordante al apurarse a ordenar a su equipo penitenciario que obedezca lo que disponga el presidente.

Hasta ahora, Miami-Dade se negaba a llevar a prisión a los sin papeles detenidos por infracciones administrativas, como por ejemplo conducir sin licencia. Esta postura no tenía una motivación política de protección a los inmigrantes, sino de ahorro, ya que Giménez consideraba que los gastos de prisión por cuestiones migratorias correspondían al gobierno federal. Pero ahora el panorama cambió y el alcalde pidió que se cumplan las instrucciones que lleguen de Washington. Reconoció que tomó esa decisión porque esta semana, Trump advirtió que retirará fondos a las llamadas “ciudades santuario”, aquellas que tienen una política de tolerancia con los inmigrantes irregulares.

“No voy a poner en peligro millones en fondos federales por 52.000 dólares”, dijo el alcalde, al referirse a lo que ahorraba al evitar tener en sus cárceles a indocumentados detenidos por faltas menores. Giménez precisó que su policía local no se pondrá a detener indocumentados. Habrá que ver, pese a su afirmación, qué órdenes dicta el gobierno de Trump a los condados.

Giménez se ubica en una tesitura delicada. Está a cargo de uno de los condados más hispanos de Estados Unidos (66% de sus dos millones y medio de habitantes), que incluye a la ciudad de Miami, cuya identidad se funda en el orgullo latino y en su tradición de receptor. Nacido en Cuba, llegó refugiado con su familia cuando era un chico de 6 años y dio un vacilante paso adelante con Trump en materia migratoria que lo puede llevar ante un precipicio.

Ayer, defensores de los migrantes se concentraron ante la oficina del alcalde para protestar. “Es una vergüenza que se ponga en contra de su comunidad para caerle bien a Trump”, dijo Lis Marie Alvarado, presidenta de la ONG We Count (Nosotros Contamos).

Alvarado cree que la orden de Giménez de obedecer a la autoridad migratoria federal podría derivar en un incremento de la desconfianza de los sin papeles hacia la policía local. “Una inmigrante irregular maltratada por su marido no denunciará lo que le pasa por temor a que la deporten por ser indocumentada”, puso como ejemplo hipotético. Recordó que en la pasada Navidad, Giménez recibió a un grupo de chicos con cartas que le pedían que protegiese a sus padres inmigrantes.

El alcalde siempre estuvo en contra de que se calificase a Miami-Dade como “santuario” de inmigrantes, aunque así la catalogó el Departamento de Justicia. Un informe de 2015 del Instituto de Política Migratoria cifró en 150.000 los indocumentados en este condado, el más poblado de Florida.

Trump y Giménez no tienen una relación estrecha, pero mantuvieron contacto en los últimos años por el interés del magnate en comprar un campo de golf en Miami. En 2015, tras los primeros comentarios xenófobos de Trump contra los mexicanos, Giménez devolvió 15.000 dólares que el entonces empresario, con fuertes inversiones en la zona, había donado a su campaña de reelección como alcalde. En las presidenciales, el alcalde no apoyó a Trump y anunció su voto por Hillary Clinton. Calificó de “despreciables” los comentarios sexistas de Trump que salieron a la luz durante la campaña y afirmó que no tenía “lo necesario para ser un candidato presidencial”.

Hoy, Giménez está con una realidad impensada para muchos, también para él: Trump es el presidente. Raudo en anunciar que respetará su voluntad en materia migratoria, es posible que el alcalde haga del “santuario” de Miami su purgatorio político.

Críticas de la SIP por el ataque a los medios

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó ayer las acusaciones del gobierno de Donald Trump a los medios de comunicación y periodistas por “inexactos y alejados del espíritu de la Primera Enmienda” de la Constitución norteamericana. El gobierno debe “respetar los valores fundamentales de la Primera Enmienda”, entre ellos el que atañe a la libertad de prensa y expresión, y frenar la “espiral de acusaciones contra medios y periodistas”, señaló en un comunicado la SIP, con sede en Miami. Matt Sanders, presidente de la SIP, criticó a Stephen Bannon, jefe de estrategia de Trump, que afirmó que la prensa tiene que “callarse la boca”, y que se convirtió en un “partido opositor”.

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