Donald Trump ha decidido rebautizar oficialmente, para el Gobierno federal estadounidense, al lago Ontario como «Lake America» (Lago América). Se trata del más pequeño en superficie y el más oriental de los cinco Grandes Lagos situados entre Estados Unidos y Canadá.
La decisión es unilateral. Washington puede determinar cómo sus propias agencias federales denominan al lago, pero no puede obligar a Canadá ni al resto del mundo a aceptar esa denominación. Esto resulta particularmente significativo porque Canadá posee aproximadamente el 53% de la superficie del lago, mientras el restante 47% corresponde a Estados Unidos.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha rechazado el cambio, al igual que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, cuyo estado es el único de Estados Unidos que limita con el Ontario. Ambos quieren mantener su denominación histórica.
Además, «Ontario» no es una creación canadiense moderna. Su nombre tiene raíces amerindias, generalmente relacionadas con lenguas iroquesas y con el término wendat Ontari’io. Se trata de un nombre utilizado desde hace alrededor de cuatro siglos y que antecede tanto a los actuales Estados Unidos como a Canadá.
Trump ha convertido la controversia en una provocación aún mayor. Publicó un vídeo generado mediante inteligencia artificial en el cual gansos canadienses armados con fusiles y luciendo el característico peinado rubio de Trump patrullan el supuesto «Lake America». Las aves aparecen incluso disparando mientras se observan fuegos artificiales.
Es toda una provocación contra el vecino septentrional de Estados Unidos, un país cuyos soldados combatieron junto a los estadounidenses en las dos guerras mundiales y que durante décadas ha sido uno de sus principales aliados militares y económicos.
Todo esto ocurre en medio de la confrontación económica de Trump con Canadá. Carney se ha negado a aceptar diversas presiones comerciales de Washington, mientras Trump ha planteado repetidamente que Canadá —el segundo país más extenso del planeta y el mayor del hemisferio occidental— debería convertirse en el 51.º estado de Estados Unidos.
Hay, además, otro aspecto particularmente llamativo: Trump decide estos cambios de nombres esencialmente por iniciativa presidencial, sin someterlos a consulta popular ni a una votación del Congreso. No se realizó un referéndum entre los estadounidenses ni se pidió a los habitantes de Nueva York que decidieran cómo querían llamar al lago. Mucho menos se llegó a un acuerdo con Canadá, que posee más de la mitad de su superficie.
No es el pueblo estadounidense el que decidió llamar «Lake America» al Ontario: es una denominación decretada desde la presidencia porque Trump decidió que así debía llamarse.
ESTADOS UNIDOS YA TIENE UN «AMERICAN LAKE»
Existe, además, una ironía: Estados Unidos ya posee un American Lake.
Se encuentra en el estado de Washington, cerca de Tacoma. Su denominación se remonta al siglo XIX y está relacionada con la temprana presencia estadounidense en aquella región.
Por tanto, ni siquiera sería necesario apropiarse simbólicamente del nombre de un lago compartido con otro país para tener un lago asociado explícitamente con América.
Y si Trump estuviese determinado a rebautizar como «Lake America» a uno de los cinco Grandes Lagos, tendría una alternativa mucho menos conflictiva: el lago Michigan, único de los cinco situado íntegramente dentro de Estados Unidos.
Ontario, por el contrario, es una masa de agua internacional compartida con Canadá.
PRIMERO FUE EL GOLFO DE MÉXICO
Lo ocurrido con Ontario no constituye un episodio aislado.
Apenas regresó a la Casa Blanca, Trump ordenó que las agencias del Gobierno federal estadounidense denominaran «Gulf of America» (Golfo de América) al histórico golfo de México, nombre con el cual esa masa de agua ha sido conocida durante alrededor de medio milenio y cuyas costas pertenecen a Estados Unidos, México y Cuba.
Nuevamente, una decisión presidencial estadounidense pretendía modificar unilateralmente la denominación de un accidente geográfico internacional compartido con otros países.
DESPUÉS, DENALI VOLVIÓ A SER MOUNT McKINLEY
Trump también ordenó eliminar nuevamente el nombre indígena Denali de la montaña más alta de Estados Unidos y de toda América del Norte, restaurando la denominación Mount McKinley.
Aquí ni siquiera existía el argumento de una disputa con otro país: Denali se encuentra íntegramente dentro de Alaska. La cuestión era qué memoria histórica debía representar la montaña.
Denali es un nombre indígena anterior a Estados Unidos. Trump decidió sustituirlo por el apellido de William McKinley, presidente estadounidense entre 1897 y 1901.
La elección posee un profundo contenido político. McKinley fue un presidente proteccionista que defendió elevados aranceles, política que Trump reivindica constantemente. Pero también presidió Estados Unidos durante la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898.
Como consecuencia de aquella guerra, España perdió sus últimas grandes posesiones ultramarinas. Estados Unidos adquirió Puerto Rico, Guam y Filipinas, mientras Cuba pasó de la soberanía española a la ocupación militar estadounidense antes de constituirse formalmente como república.
McKinley simboliza así dos elementos que Trump admira: proteccionismo económico y expansión del poder estadounidense.
Resulta especialmente significativo que Ontario y Denali sean ambos nombres de origen indígena.
Y LUEGO ESTÁ KALAALLIT NUNAAT
Esta misma concepción expansiva aparece en las reiteradas pretensiones de Trump sobre Kalaallit Nunaat (Groenlandia), la isla más grande del planeta.
Trump ha insistido en que Estados Unidos debería adquirir o controlar este territorio, pese al rechazo expresado por sus habitantes y por Dinamarca.
Kalaallit Nunaat posee una población mayoritariamente inuit, una fuerte identidad nacional propia y una particularidad extraordinaria: es el único territorio autónomo del hemisferio occidental cuya única lengua oficial no es europea, sino una lengua indígena americana: el groenlandés o kalaallisut.
Desde 2009, el kalaallisut es oficialmente la lengua de Groenlandia.
Incluso el nombre empleado por sus habitantes para denominar su propia tierra resulta revelador: Kalaallit Nunaat, «la tierra de los kalaallit».
Trump, en cambio, contempla ese enorme territorio ártico fundamentalmente desde el punto de vista estratégico estadounidense: su posición geográfica, sus minerales y su importancia militar. Estados Unidos ya mantiene allí una importante instalación militar.
Resulta paradójico reivindicar denominaciones estadounidenses sobre territorios y accidentes geográficos mientras se resta importancia a los nombres, lenguas y derechos de autodeterminación de pueblos indígenas que habitaban América mucho antes de la creación de Estados Unidos.
DE McKINLEY AL PROPIO TRUMP
La política de rebautizar lugares llega a un punto todavía más personal cuando Trump pretende incorporar su propio nombre al Kennedy Center, una de las principales instituciones culturales y de artes escénicas de Estados Unidos.
El centro fue establecido por el Congreso como memorial del presidente John F. Kennedy, asesinado en 1963. Sin embargo, Trump y sus aliados han impulsado que pase a identificarse también con el actual presidente, incorporando «Trump» a la denominación del Kennedy Center.
De esta manera, la secuencia resulta todavía más llamativa: Ontario pasa a ser «Lake America»; el golfo de México, «Gulf of America»; Denali pierde nuevamente su nombre indígena para convertirse en Mount McKinley; Trump pretende incorporar Kalaallit Nunaat a la órbita estadounidense; y finalmente busca colocar su propio apellido sobre una institución nacional dedicada a conmemorar a otro presidente.
Existe una diferencia importante entre estos casos, pero también un hilo conductor: la utilización presidencial de los nombres como instrumentos de identidad, memoria y poder.
Y hay otra diferencia reveladora. Cuando Trump sustituye Denali por McKinley, reivindica a un presidente fallecido hace más de un siglo. Cuando pretende añadir «Trump» al Kennedy Center, la persona a la que busca homenajear es él mismo mientras todavía ocupa la presidencia.
LOS LAGOS Y MARES COMPARTIDOS NO SON PROPIEDAD DE UN SOLO PAÍS
La práctica internacional ofrece numerosos ejemplos en sentido contrario.
Israel no ha pretendido denominar «mar de Israel» al mar Muerto, que comparte con Jordania.
Rusia, ni siquiera durante los momentos de máxima expansión del Imperio zarista, pretendió imponer su propio nombre al mar Caspio, la mayor masa de agua interior del planeta, ni al mar Negro, ambos compartidos históricamente con otros pueblos y actualmente con varios Estados.
Bolivia tampoco intentó convertir al Titicaca en un «lago Bolivia», pese a compartirlo con Perú.
Ni Perú pretendió bautizarlo con su propio nombre, aunque durante aproximadamente tres siglos el lago estuvo entre el Perú y el territorio que históricamente se denominó Alto Perú, del cual surgiría Bolivia.
Los accidentes geográficos internacionales no dejan de ser compartidos porque el gobierno de uno de los Estados ribereños decida cambiar unilateralmente sus mapas.
PANAMÁ, ORMUZ Y LA GEOGRAFÍA DEL PODER
Durante meses Trump también amenazó con reclamar nuevamente el Canal de Panamá, que Estados Unidos administró durante gran parte del siglo XX y entregó definitivamente a Panamá el 31 de diciembre de 1999.
Por ahora ha dejado de insistir con la misma intensidad en esa demanda.
Pero Washington sostiene actualmente que sus fuerzas controlan militarmente el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas estratégicas más importantes del planeta.
Aquí debe hacerse una distinción importante: afirmar que Estados Unidos ejerce un determinado control militar sobre una vía marítima no significa que esta se haya convertido jurídicamente en territorio estadounidense. El estrecho de Ormuz no pertenece a Estados Unidos y se encuentra a miles de kilómetros de sus costas.
VENEZUELA, GAZA Y EL CONTROL DE LOS RECURSOS
La misma visión del poder estadounidense trasciende la cartografía.
Trump acaba de presentar como uno de los mejores acuerdos petroleros conseguidos por Estados Unidos el nuevo arreglo para explotar determinados campos de Venezuela, mediante una compañía en la cual la participación operativa estadounidense alcanzaría el 55%.
Todo ello ocurre en circunstancias extraordinariamente desiguales, después de enormes presiones estadounidenses sobre Venezuela y con su presidente capturado y encarcelado por Estados Unidos.
También permanece en la memoria la propuesta de Trump de transformar Gaza en una especie de «Riviera de Oriente Medio», imaginando hoteles y desarrollos inmobiliarios de lujo sobre un territorio devastado por la guerra.
La iniciativa encontró una enorme oposición entre los palestinos y numerosos gobiernos, porque implicaba decidir desde Washington el futuro de un territorio habitado por millones de personas.
¿DE QUIÉN ES EL NOMBRE «AMÉRICA»?
Este culto de Trump al nombre «America» encierra, finalmente, una profunda paradoja histórica.
La primera utilización cartográfica conocida del nombre America aparece en el célebre mapamundi elaborado en 1507 por el cartógrafo alemán Martin Waldseemüller.
Waldseemüller empleó aquel nombre en homenaje a Amerigo Vespucci (Américo Vespucio), cuyos relatos contribuyeron a convencer a numerosos geógrafos europeos de que aquellas tierras no constituían simplemente el extremo oriental de Asia, sino un Nuevo Mundo.
Y aquí se encuentra una ironía histórica extraordinaria: el «America» de Waldseemüller no era Estados Unidos ni inicialmente Norteamérica.
En su mapamundi de 1507, Waldseemüller colocó el nombre AMERICA sobre la masa continental que hoy conocemos como Sudamérica, precisamente la región del Nuevo Mundo asociada a los viajes de Vespucio.
Las tierras septentrionales del Nuevo Mundo aparecían todavía representadas de manera incompleta y visualmente diferenciadas de aquella masa continental.
Con el paso del tiempo, América dejó de designar solamente aquella parte meridional y terminó convirtiéndose en el nombre del gigantesco conjunto continental que se extiende desde el Ártico hasta Tierra del Fuego.
Resulta entonces paradójico que un solo país haya terminado apropiándose lingüísticamente de un nombre que históricamente corresponde a un espacio muchísimo mayor.
Los Estados Unidos de América poseen solamente una fracción de la superficie de América y ni siquiera constituyen el país más extenso del hemisferio occidental: Canadá posee una superficie total mayor.
De allí que en castellano resulte mucho más preciso emplear el término «estadounidense» que simplemente «americano».
Un canadiense, mexicano, cubano, haitiano, guatemalteco, colombiano, brasileño, peruano, boliviano, chileno o argentino es geográficamente tan americano como cualquier ciudadano de Estados Unidos.
Hay incluso otra curiosa paradoja geográfica. Barack Obama nació en Hawái, uno de los 50 estados de Estados Unidos, pero situado en el archipiélago hawaiano, que geográfica y culturalmente forma parte de Polinesia, en Oceanía, y no del continente americano.
Estados Unidos, además, es una potencia de alcance planetario, con territorios, instalaciones y bases militares distribuidos por numerosas regiones del mundo. Su poder político y militar trasciende ampliamente las fronteras del continente del cual tomó parte de su nombre.
Todo esto hace todavía más paradójica la insistencia en identificar «America» exclusivamente con Estados Unidos.
Trump puede ordenar a las agencias federales estadounidenses que escriban «Lake America» en sus mapas. Puede ordenar que escriban «Gulf of America» en lugar de golfo de México. Puede sustituir Denali por Mount McKinley en la nomenclatura federal.
Pero no puede decretar que cuatro siglos de historia del nombre Ontario desaparezcan.
No puede obligar a Canadá y al mundo a dejar de llamarlo Ontario.
Y tampoco puede apropiarse mediante un decreto de la historia de una palabra que designa a todo un continente.
Porque cuando «America» apareció por primera vez escrita sobre un mapamundi en 1507, no estaba colocada sobre Estados Unidos —país que ni siquiera existiría hasta más de dos siglos y medio después—, sino sobre Sudamérica.
Dr. Isaac Bigio
Politólogo, economista e historiador con grados y postgrados en la London School of Economics and Political Science.
