Gobernador Texas aplicaría represalias a ciudades santuario

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El gobernador de Texas intensificó el miércoles un enfrentamiento con la jefa de policía de Austin por las llamadas ciudades “santuario”, y prometió quitar del cargo a la demócrata a pesar de que carece del poder para hacerlo.

Hizo su promesa horas antes de que el presidente Donald Trump firmara un decreto para recortar el flujo de fondos federales a quienes apliquen las políticas de santuario, con las cuales se protege a los inmigrantes que carecen de permiso para radicar en Estados Unidos.

El gobernador republicano Greg Abbott ya tiene planes de recortar algunas subvenciones estatales a partir de 1 de febrero porque la jefa de policía del condado Travis, Sally Hernandez, dice que las cárceles de la ciudad más liberal de Texas ya no acatarán todas las solicitudes de retención de reos que les hagan las autoridades federales de inmigración.

“Si ella no lo hace, la quitaremos del cargo”, dijo Abbott durante una entrevista para el programa “Fox and Friends”.

Hernandez fue elegida al puesto que desempeña por voto popular.

Abbott señaló que la Legislatura de Texas está trabajando en iniciativas de ley contra las ciudades santuario, con las cuales algunos funcionarios serían retirados de sus puestos y se les impondrían sanciones penales y financieras a los que protejan a los inmigrantes no autorizados. Su amenaza va más allá de un proyecto de ley anti santuarios que propone bloquearles el flujo de dinero de los contribuyentes como castigo.

Un vocero de Hernandez no respondió de inmediato el miércoles a una solicitud para que comentara al respecto.

El representante estatal demócrata Rafael Anchia dijo que, “a menos que el gobernador quiera ser rey y quite gente de su cargo unilateralmente”, eso es algo que le corresponde decidir a los votantes.

Trump planea disminuirles los fondos a las ciudades que no arresten o detengan a inmigrantes que carecen de permiso para vivir en el país, lo cual podría costarle millones de dólares a ciertas jurisdicciones. Pero el gobierno podría enfrentar impugnaciones jurídicas, dado que algunas cortes federales han determinado que las jurisdicciones locales no pueden retener a inmigrantes más tiempo del que marca su sentencia de cárcel ni negarles la libertad bajo fianza con base en una solicitud de las autoridades de inmigración.

Hernandez ha dicho que seguirá acatando las solicitudes para que retenga a reos acusados de homicidio, agresión sexual agravada y tráfico de personas. Pero ha señalado que cumplir todas las peticiones le ata las manos a sus agentes y siembra desconfianza entre los policías y los residentes del condado, quienes podrían temer ser deportados.

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Paul J. Weber

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