La República Dominicana atraviesa momentos difíciles. El propio presidente Luis Abinader ha reconocido públicamente que el país necesita decenas de miles de millones de pesos para enfrentar la crisis económica y social que golpea a la población. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿cómo se explica que un gobierno que admite no tener recursos suficientes decida entregar 10 millones de dólares a Haití?
Esa decisión no solo resulta contradictoria; también representa una afrenta moral para millones de dominicanos que sobreviven entre hospitales colapsados, medicamentos inexistentes, inseguridad creciente, salarios insuficientes y una inversión pública cada vez más limitada.
Mientras en nuestros hospitales faltan jeringuillas, camas y atención digna; mientras miles de dominicanos no encuentran respuesta en un sistema de salud quebrado; mientras comunidades enteras viven abandonadas por el Estado, el gobierno decide enviar millones fuera del país. ¿Con qué lógica? ¿Bajo cuáles acuerdos? ¿Respondiendo a qué intereses?
El pueblo dominicano tiene derecho a saberlo.
Porque Haití hoy no es simplemente una nación en crisis. Es un territorio dominado en gran parte por bandas criminales, secuestrado por la violencia y el caos institucional. Y cualquier recurso que llegue allí sin controles claros ni garantías reales termina alimentando una estructura corrupta, descompuesta y peligrosa.
La solidaridad internacional jamás puede colocarse por encima de las necesidades urgentes del propio pueblo dominicano. Ningún gobernante tiene autoridad moral para actuar como benefactor extranjero mientras su propia nación se hunde en precariedades.
La frontera dominicana soporta una presión migratoria descontrolada. Los servicios públicos están saturados. La seguridad nacional enfrenta desafíos sin precedentes. Y aun así, el gobierno insiste en actuar como si la República Dominicana fuera una potencia económica capaz de sostener los problemas de otros países.
No. La prioridad de cualquier presidente debe ser su pueblo.
Por eso esta donación despierta indignación y sospechas legítimas. Porque no se trata simplemente de dinero; se trata del mensaje político que envía. Un mensaje que muchos dominicanos interpretan como sumisión ante intereses foráneos y organismos internacionales que presionan constantemente para que nuestro país cargue con responsabilidades que no le corresponden.
La República Dominicana no puede seguir pagando el precio de la incapacidad de la comunidad internacional frente al colapso haitiano. Mucho menos cuando nuestros propios ciudadanos viven abandonados por un Estado que les pide sacrificios mientras reparte millones fuera de nuestras fronteras.
El gobierno está obligado a explicar con absoluta transparencia:
¿Quién solicitó esa donación?
¿Qué organismo la administrará?
¿Qué beneficios concretos obtiene la República Dominicana?
¿Cuál fue el criterio para aprobarla?
¿Por qué ese dinero no se invirtió en salud, seguridad o infraestructura nacional?
Cuando un pueblo pasa necesidades y su gobierno entrega recursos al extranjero sin explicaciones convincentes, la indignación deja de ser política y se convierte en un deber patriótico.
Porque gobernar no es quedar bien con poderes internacionales. Gobernar es defender primero la dignidad y los intereses de la nación que se juró proteger.
