La Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019), que originalmente buscaba garantizar el derecho constitucional del pueblo puertorriqueño a acceder a la información gubernamental, ha sido objeto de recientes enmiendas que han generado una amplia preocupación.
La ley original establecía la política pública de que la información y documentación gubernamental se presume pública y accesible a todas las personas sin necesidad de acreditar interés particular.
Las enmiendas recientes (como las contenidas en el P. del S. 63, aprobado en la Legislatura) han sido criticadas por imponer obstáculos adicionales que, según organizaciones civiles y periodísticas, socavan el derecho a la información.
Efectos Negativos para la Transparencia y el Pueblo
Las críticas principales a las enmiendas se centran en los siguientes aspectos, que representan un retroceso en la transparencia y el acceso a la información pública:
- Aumento de Barreras Burocráticas para Solicitantes:
- Más Requisitos Formales: Se imponen más requisitos que deben cumplirse estrictamente para que una solicitud sea considerada válida. Si no se notifica al jefe de la agencia (o al presidente de la rama) con copia al Oficial de Información, la solicitud puede considerarse “defectuosa” y no detiene los plazos de respuesta.
- Eliminación de la Protección de la Identidad: Se elimina la protección expresa para no revelar la información personal del solicitante, lo que podría desincentivar a ciudadanos y empleados públicos a solicitar información por miedo a represalias.
- Mayor Flexibilidad para las Agencias y Retraso en la Respuesta:
- Plazos de Respuesta más Largos: Se le permite a las agencias extender significativamente sus plazos de respuesta, en algunos casos hasta 40 días laborables, lo que diluye la naturaleza “expedita” de la ley original y retrasa el conocimiento público de asuntos vitales.
- Menor Control sobre el Formato de Entrega: Se elimina la preferencia del solicitante sobre el formato (como correo electrónico) y se añade la opción de que la agencia cumpla con la solicitud únicamente mediante inspección física de los expedientes.
- Reconocimiento de Confidencialidad Preclasificada: Se establece que no se divulgará información que haya sido expresamente clasificada como confidencial por ley o reglamento previo a la solicitud, lo que podría permitir a las agencias esconder información bajo regulaciones internas antiguas.
- Dificultades en el Litigio Judicial:
- Centralización en San Juan: Se centralizaría el proceso de litigio para apelar negativas de información en un solo lugar (Tribunal de San Juan), dificultando el acceso a la justicia para ciudadanos de otras regiones de la isla.
- Eliminación de Discreción Judicial: Se limitaría la capacidad de los tribunales para acortar los plazos de contestación en casos urgentes, afectando la eficiencia judicial en temas críticos.
Efectos de las Enmiendas a la Ley de Transparencia en la Libertad de Prensa
Las enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019) afectan de manera directa y negativa la libertad de prensa en Puerto Rico, ya que limitan la principal herramienta del periodismo para fiscalizar el poder: el acceso rápido y completo a los documentos gubernamentales.
La libertad de prensa se ejerce, en gran parte, obteniendo la información para luego publicarla. Cualquier obstáculo en la obtención de datos públicos se convierte, de facto, en una restricción al ejercicio periodístico.
Aquí tienes un desglose de cómo las enmiendas impactan la labor de la prensa y la libertad de expresión:
1. Retraso en la Publicación de Noticias Cruciales
- Extensión de Plazos: Las enmiendas permiten a las agencias extender los plazos de respuesta de manera significativa (hasta 40 a 50 días laborables para solicitudes grandes).
- Efecto en la Prensa: La información crucial para la toma de decisiones públicas, como datos sobre la pandemia, contratos de emergencia o decisiones de política pública, se obtendría demasiado tarde para ser relevante. Esto hace que la noticia sea “académica” (pasada de moda) en lugar de oportuna, lo que se conoce como una forma de censura por dilación.
2. Dificultad en la Fiscalización de Datos Masivos (Periodismo Investigativo)
- Eliminación del Formato Abierto: Se elimina la obligación de las agencias de entregar la información en el formato que solicite el ciudadano o periodista (como hojas de cálculo o bases de datos).
- Efecto en la Prensa: El periodismo investigativo moderno depende del análisis de grandes conjuntos de datos (por ejemplo, para identificar patrones de corrupción o mal uso de fondos). Si el gobierno solo entrega cientos o miles de páginas en papel o en documentos PDF no buscables, la labor de análisis de datos se vuelve casi imposible, contraviniendo incluso la Ley de Datos Abiertos de Puerto Rico.
3. Riesgo de Represalias (Protección de la Fuente)
- Eliminación de la Protección de la Identidad: La ley enmendada elimina la protección expresa para no revelar la información personal del solicitante.
- Efecto en la Prensa: Aunque los periodistas suelen solicitar información a nombre de sus medios, esta eliminación crea un precedente peligroso. Más importante aún, desincentiva a los ciudadanos y a las fuentes internas (empleados públicos) a solicitar información que podría ser sensible, por temor a ser identificados y sufrir represalias (“carpeteo” o persecución). Esto dificulta obtener información a través de terceros.
4. Aumento de la Burocracia y los Costos Judiciales
- Más Requisitos de Solicitud: Se añaden más requisitos formales y burocráticos a la solicitud, lo que aumenta la probabilidad de que una agencia la deniegue por motivos técnicos.
- Centralización del Litigio: El proceso judicial para apelar las negativas se centraliza en el Tribunal de San Juan.
- Efecto en la Prensa: Obliga a los medios de comunicación (especialmente a las organizaciones pequeñas o sin fines de lucro) a recurrir con más frecuencia a costosos litigios en un solo tribunal, drenando recursos que podrían usarse para la propia investigación periodística.
Conclusión
Organizaciones internacionales como el Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa (RCFP) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) han advertido que los cambios debilitan la rendición de cuentas pública y convierten el silencio administrativo en un arma contra la prensa.
En esencia, al restringir el acceso oportuno y analizable a la información pública, las enmiendas no solo limitan el derecho a saber del ciudadano, sino que también censuran indirectamente la labor investigativa y fiscalizadora de la prensa libre.
