Honduras amaneció el viernes con un fuerte despliegue policial en calles del país después de que la presidenta Xiomara Castro declarara el estado de emergencia ante el aumento de las extorsiones llevadas a cabo por grupos criminales y pandillas.
“Para fortalecer esta estrategia de recuperación inmediata de los territorios sin ley en los barrios, en las colonias, en las aldeas, en los municipios y en los departamentos, declaro emergencia nacional en materia de seguridad”, señaló el jueves Castro.
El director de la policía, Gustavo Sánchez, señaló que destinará más presupuesto y al menos 20.000 agentes para este propósito.
La mandataria pidió también a la Policía Nacional que, luego de evaluaciones “comunitarias”, proponga el establecimiento de “estados de excepción y suspensión de garantías constitucionales parciales” en áreas o sectores del país donde sea necesario.
Sánchez informó que ya tienen localizados 120 barrios o colonias en Tegucigalpa y San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande del país, en los que declarar el estado de excepción.
La entrada en vigor del estado de emergencia llega tres días después de que cientos de transportistas se manifestaran en Tegucigalpa para exigir al gobierno medidas para acabar con el “impuesto de guerra” que les reclaman periódicamente las pandillas.
“Este gobierno del socialismo democrático, le declara la guerra a la extorsión, así como desde el primer día de declaramos la guerra a la corrupción, a la impunidad y al narcotráfico”, indicó la mandataria.
Castro enfatizó que la Policía Nacional debe recuperar “en el menor tiempo posible” los espacios públicos “asaltados y controlados por el crímen organizado y sus pandillas”.
“Vamos a erradicar la extorsión hasta en el último rincón de nuestra patria”, prometió Castro, tras asegurar que su gobierno dará su apoyo a la policía en el combate al crimen organizado.
La presidenta no dio cifras sobre el número de extorsiones, que en su mayoría son cometidas por pandillas, según las autoridades de seguridad hondureñas.
