“Vivimos como una familia de naciones, es necesario que cada miembro de esta familia reciba oportunidades iguales de crecimiento económico, social y educacional. Malala Yousafzai
La pandemia de la Covid-19 magnificó las brechas estructurales y ampliado las necesidades financieras de los países de América Latina y el Caribe para afrontar esa emergencia, la crisis sanitaria también aumentó los niveles de endeudamiento de la región, todo ello pone en peligro la recuperación y la capacidad de esos países para una reconstrucción sostenible y con igualdad.
En todos los países de la región, sin excepción, la situación fiscal se ha deteriorado y el nivel de endeudamiento de los gobiernos en general ha aumentado, lo que convertirá a América Latina y el Caribe en la región más endeudada del mundo en desarrollo. Entre las medidas para afrontar ese problema, la ONU propone una reestructuración de la deuda soberana y la creación de una agencia multilateral de calificación crediticia.
Las declaraciones de Bárcenas tuvieron lugar en la presentación del informe especial Financiamiento para el desarrollo en la era de la pandemia de la Covid-19 y después: Prioridades de América Latina y el Caribe en la agenda mundial. La institución había destinado en enero del 2021 unos 66.500 millones de dólares a la región,lo que representaba un 63% del desembolso total (106.000 millones de dólares) para unas 85 economías en desarrollo.
Se debe favorecer la expansión del gasto público y prestar una atención especial a los grupos vulnerables, en particular a los segmentos de ingresos bajos y a las personas mayores. Además, las políticas de financiamiento para el desarrollo a corto plazo también son necesarias para compensar los efectos perjudiciales que las políticas de contención -basadas en el distanciamiento físico y el aislamiento voluntario- tienen sobre la actividad económica, el tejido y la estructura productiva, y el empleo. Esto supone sostener el consumo de las personas y las familias, para lo que es necesario adoptar medidas excepcionales transitorias de mantenimiento del ingreso, como una renta básica temporal garantizada por el Estado.
A mediano y largo plazo, a medida que la prioridad de las políticas pase a ser construir un futuro mejor en lugar de hacer frente a la urgencia, el programa de financiamiento para el desarrollo debe promover una orientación de política anticíclica que tenga por objeto aumentar el empleo y mantener un crecimiento adecuado. En este contexto, la ampliación de los gastos públicos de capital y los desembolsos destinados a la transformación productiva y la ecologización de la economía son fundamentales para impulsar la labor de recuperación.
- Una primera medida de política consiste en la ampliación y redistribución de la liquidez desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo a través de una emisión masiva de Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional. Una emisión y asignación hipotética de 500.000 millones, representaría 56.000 millones de dólares de reservas internacionales adicionales para las economías de América Latina y el Caribe. La redistribución de la liquidez también puede llevarse a cabo a través de fondos multilaterales, como el Fondo para Aliviar la Economía COVID-19 (FACE) propuesto por el Gobierno de Costa Rica. Este se financiaría con recursos de las economías desarrolladas canalizados a través de los bancos multilaterales de desarrollo y constaría de 516.000 millones de dólares (un 3% del PIB de los países de ingreso bajo y medio o el 0,7% del PIB de los países desarrollados).
- Una segunda medida de política se centra en el fortalecimiento de la cooperación regional aumentando la capacidad de préstamo y respuesta de las instituciones financieras regionales, subregionales y nacionales, y estrechando sus vínculos con los bancos multilaterales de desarrollo. También es necesario fomentar la cooperación y coordinación entre los bancos de desarrollo regionales, subregionales y nacionales. Los bancos nacionales de desarrollo han sido actores clave en la provisión de financiamiento, comprometiendo el equivalente a 93.000 millones de dólares de apoyo financiero contra el COVID-19.
- Una tercera medida de política consiste en el acceso a un mayor financiamiento que debe complementarse con impulso una reforma institucional de la arquitectura de la deuda multilateral, que incluya la creación de un mecanismo internacional de reestructuración de la deuda soberana y de una agencia multilateral de calificación crediticia. La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI) del Grupo de los Veinte (G20) también debe ampliar su alcance, para incluir a todas las partes interesadas (es decir, el sector privado y las instituciones multilaterales) y a los países vulnerables de renta media, y debe extenderse más allá de 2021.
- Una cuarta medida de política consiste en proporcionar a los países un conjunto de instrumentos innovadores destinados a aumentar la capacidad de reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo. Los instrumentos innovadores vinculan la capacidad de reembolso de los países a su exposición y vulnerabilidad a las catástrofes naturales (como en el caso de las cláusulas sobre huracanes) o a los altibajos del ciclo económico (como los bonos de contingencia vinculados a los ingresos o al Estado).
- Como quinta medida de política, se propone integrar las medidas de liquidez y de reducción de la deuda a una estrategia de financiamiento para el desarrollo encaminada a construir un futuro mejor. La crisis actual debe aprovecharse no solo como una oportunidad para repensar la agenda de financiamiento para el desarrollo de los países de renta media, sino también como una ocasión para alcanzar un amplio consenso social y político que permita implementar reformas ambiciosas con el fin de emprender un proceso de reconstrucción sostenible e igualitario.
Asimismo, los esfuerzos de recuperación deben centrarse en fomentar la resiliencia. El Fondo de Resiliencia del Caribe se dedicará a atraer financiamiento a gran escala y de bajo costo para destinarlo a invertir en sectores verdes, areducir la deuda mediante el canje de esta por adaptación al clima, y a apoyar la inversión en proyectos que fomenten la resiliencia. Además de atraer financiamiento en condiciones favorables y otras fuentes de financiamiento, el Fondo de Resiliencia del Caribe se financiaría mediante una reducción de la deuda que representa el 12,2% del total de la deuda pública de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) del Caribe, que asciende a solo 7.000 millones de dólares.
También se debe reorientar el gasto público hacia la creación de empleo y las actividades que son transformadoras y ambientalmente sostenibles. Para ello, en dicho gasto se deben priorizar la inversión pública, el ingreso básico, la protección social universal, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes), la inclusión digital y el desarrollo de tecnologías verdes.
“La desigualdad económica no es solo una cuestión moral, es mucho más probable que suceda una recesión en países con mayores desigualdades. Barack Obama
Dr. Amín Cruz, PhD, diplomático, historiador, educador, periodista, escritor, presidente del Congreso Mundial de Prensa y presidente del Congreso Mundial de Universidades, residente en New York.
