El Gobierno de Estados Unidos va a reanudar la aplicación de la pena de muerte a nivel federal con las ejecuciones que ha programado en julio de cuatro condenados por el asesinato de niños, según informa la revista ‘Newsweek’.
Se trata de la primera ocasión desde 2003 en que las autoridades federales estadounidenses promulgan la aplicación de la pena capital. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, aprobó una adenda en julio de 2019 al Protocolo Federal de Ejecuciones, para proponer que se utilicen las mismas drogas en todo el país en las inyecciones letales usadas para acabar con la vida de los condenados.
Las ejecuciones de los cuatro convictos estaban programadas para diciembre pero sus defensas presentaron recursos contra la adenda aprobada por el fiscal general estadounidense. Aunque todavía falta que se pronuncie uno de los tribunales, la primera ejecución federal ya ha sido fijada.
“El pueblo americano, actuando a través del Congreso y de los presidentes de los dos partidos políticos, ha dado instrucciones desde hace tiempo para que los acusados condenados por los crímenes más atroces sean sometidos a pena de muerte”, ha indicado el fiscal general estadounidense, en un comunicado.
Barr ha señalado que los cuatro “asesinos” cuyas ejecuciones se han fijado este lunes han tenido unos procesos “completos y justos” de acuerdo con la Constitución y la legislación norteamericana. “Les debemos a las víctimas de estos horribles crímenes y a sus familias que se cumpla la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia”, ha argumentado.
En 2014 las críticas contra la pena de muerte aumentaron tras la ejecución por inyección letal del condenado Clayton Lockett en Oklahoma. Durante la aplicación de la inyección, la vena del reo se bloqueó y empezó a sufrir convulsiones hasta que terminó muriendo de un ataque al corazón. Varios observadores denunciaron entonces que la ejecución no se había realizado cumpliendo de forma adecuada por el sufrimiento que padeció y la forma en que terminó muriendo.
El entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró en una rueda de prensa que la ejecución fue “profundamente problemática” y solicitó una revisión sobre las drogas utilizadas en las inyecciones letales, que entonces solían basarse en una mezcla de varias sustancias.
Tras la llegada de Donald Trump a la Presidencia, Barr aprobó una instrucción a la Agencia Federal de Prisiones para que solo se utilizara en las inyecciones letales una sola sustancia, el pentobarbital, en lugar del cóctel de drogas que se empleaba antes, y anunció que se retomarían las ejecuciones a nivel federal con la aplicación de la pena capital a cinco condenados.
Las ejecuciones quedaron fijadas para que se llevaran a cabo en una prisión del estado de Indiana pero cuatro de los cinco presos presentaron recursos para parar la aplicación de la pena capital. Los abogados de los condenados argumentaron que la adenda de Barr viola la Ley Federal de Pena de Muerte de 1994, que establece que los reos deben ser ejecutados “de la forma prescrita por la legislación del estado en el que se dictó la sentencia”. Ninguno de los cinco condenados fueron sentenciados en el estado de Indiana.
Si bien en un primer momento un tribunal de distrito paralizó las ejecuciones, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC decidió en abril permitir que el Gobierno siguiera adelante con la aplicación de la pena capital.
Trump ha dejado claro en varias ocasiones que apoya la aplicación de la pena de muerte. “Siempre he apoyado la pena de muerte”, afirmó en febrero de 2016. “No entiendo por qué hay personas que no lo hacen”, apostilló.
En marzo de 2018, Trump aseguró que apoya la aplicación de la pena de muerte para determinados delitos de drogas. “Los traficantes de drogas matan a tantos miles de nuestros ciudadanos cada año”, indicó, antes de señalar que el Departamento de Justicia revisará la pena de muerte para ver si se puede aplicar a “camellos realmente malos”.
Según la Conferencia Nacional de Congresos Estatales de Estados Unidos, 28 estados siguen teniendo en su ordenamiento jurídico la aplicación de la pena capital.
