El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha confirmado que Brasil ha reconocido ya a 37.000 refugiados venezolanos hasta situarse en la cabeza de América Latina a la hora de facilitar su acomodo.
Brasil adquirió esta categoría el pasado viernes tras anunciar el reconocimiento de 17.000 nuevos ciudadanos venezolanos como refugiados, en virtud del procedimiento simplificado para el reconocimiento prima facie aprobado en diciembre de 2019 por el Comité Nacional para los Refugiados (CONARE).
En virtud de esta regulación las personas venezolanas que solicitan la condición de refugiado en Brasil y que cumplen con los criterios necesarios, se acogen a un procedimiento sin necesidad de entrevista.
“Esta medida fortalece el papel de Brasil en la protección de las personas refugiadas en la región y se fundamenta en el reconocimiento, de una situación de violación grave y generalizada de los derechos humanos en Venezuela”, según ha constatado la agencia de la ONU.
El Representante de ACNUR en Brasil, José Egas, ha explicado que la adopción del procedimiento simplificado “fortalece el compromiso del Gobierno de Brasil para garantizar los derechos de los miles de personas venezolanas que buscan protección en Brasil”.
ACNUR recuerda que el flujo de venezolanos y venezolanas es el mayor éxodo humano en la historia reciente de América Latina y la ONU estima que más de 4,7 millones de personas ya salieron de Venezuela.
Las autoridades brasileñas estiman que alrededor de 264.000 personas venezolanas viven actualmente en el país, mientras en promedio unas 500 personas venezolanas siguen cruzando la frontera con Brasil cada día, principalmente en el estado de Roraima.
Hasta la fecha, han registrado más de 768.000 solicitudes de la condición de refugiado presentadas por personas venezolanas en todo el mundo, en su mayoría en los países de América Latina y el Caribe.
ACNUR, por último, “alienta a los gobiernos de la región a reconocer la condición de refugiado de personas venezolanas, siguiendo de ser posible la pauta marcada por Brasil, dada la magnitud del flujo actual de desplazados, que “conlleva desafíos complejos y puede sobrecargar los sistemas nacionales de asilo”.
