Manuel Díaz Aponte |
¿La corrupción en Brasil quedará sepultada tras consumarse el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff? Evidentemente que no porque el robo de los dineros del pueblo seguirá como ha sido la norma en esa nación desde que los portugueses pisaron suelo brasileño hace mas de 500 años.
Ha sido un triste final para la primera mujer en convertirse en presidenta de la República Federativa de Brasil. Y lo peor, que más de la mitad de los parlamentarios que la sacaron del poder a través de un juicio político y no jurídico están acusados de actos de corrupción.
La Constitución de Brasil es sustentada en el sistema presidencialista como orientación, conducción y aplicación de sus políticas desde el Estado.
Pero, ¿cómo queda ahora ese régimen presidencialista ante el golpe parlamentario que ha destituido a la presidenta Dilma Rousseff?
La derecha brasileña optó por sacar del poder a una mandataria que obtuvo en las urnas 54 millones de votos bajo alegato de violaciones constitucionales por la emisión de tres decretos dirigidos a estabilizar las estructuras fiscales y presupuestarias.
Una vieja norma seguida por anteriores gobiernos incluyendo a los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inacio Lula Da Silva, con la diferencia de que éstos últimos dispusieron de una mayoría de representación en el Congreso, lo que evitó que pasaran por la amarga experiencia de Dilma Rousseff.
Daño Irreparable
La última instancia a la que deberá recurrir la defensa de Rousseff es el Tribunal Supremo y es muy probable que así ocurra a juzgar por el tono de la defensa de la propia ex mandataria y sus abogados.
Sin embargo, el daño está hecho no solo contra la destituida presidenta sino también para toda la sociedad brasileña que nuevamente tiene que contemplar las acciones de un sistema político con ribetes inquisidores.
Es la segunda destitución de un Jefe de Estado en Brasil luego del restablecimiento de la democracia, después de haber transitado por medio siglo de dictaduras militares. En 1992, el entonces joven presidente Fernando Collor de Mello se vio forzado a dejar el poder por acusaciones de malversación de fondos públicos.
Es incongruente que ante la ejecución del golpe parlamentario se quiera justificar no tan solo su acción sino vincularlo a una supuesta ingobernabilidad en la que estaría sumergida la administración que presidió la señora Rousseff.
Pero se pierde de vista que es ahora precisamente cuando la sociedad brasileña se enrumba por el resbaladizo y peligroso camino de la ingobernabilidad.
Las propias encuestas difundidas por diversas firmas de Brasil aseguran que el hoy presidente Michel Temer apenas cuenta con un diez por ciento de aceptación popular, comprobado por violentas protestas escenificadas en los últimos nueve meses en las principales ciudades del gigante del cono sur bajo el auspicio de organizaciones de la sociedad civil, anticipando un horizonte oscuro y de grandes incertidumbres.
Nadie garantiza que habrá paz y una efectiva gobernabilidad en Brasil ante un episodio político tan vergonzoso, que ha dividido al país de la samba y el fútbol.
¿Qué estatura y moral política tiene Temer para conducir los destinos de una nación, luego de haberse comprobado que sistemáticamente conspiró desde la vicepresidencia contra la mandataria elegida por el voto popular?
¿Para que sirven las elecciones presidenciales en América Latina cuando sus instituciones son continuamente pisoteadas y lanzadas al zafacón, por sectores de poder que no obtienen el respaldo electoral en las urnas?
El golpe de Estado tradicional que ejecutaron brutalmente durante décadas las cúpulas militares latinoamericanas respaldadas por la oligarquía rancia de la región y la bendición de Washington, ahora ha sido sustituido por un esquema político que estudia los puntos débiles de los gobiernos democráticos y ejecuta su perversa acción bajo el amparo de las estructuras mediáticas y fuerzas políticas conservadoras.
El ex presidente de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, una de esas víctimas del nuevo esquema de derrocar gobiernos liberales cuando fue sacado del poder el 28 de junio del 2009, por un golpe de Estado encabezado por el presidente del Congreso Nacional de ese país centroamericano, Roberto Michelleti que tuvo respaldo de sectores militares.
Parecía que las constituciones e instituciones latinoamericanas incluyendo el nivel presidencial siguen siendo un pedazo de papel, con el que cada cierto tiempo grupos de poder incurren en utilizarlas según sus conveniencias y circunstancias.
Repudio Generalizado
La destitución de la ex presidenta de Brasil ha sido condenada por diversos líderes y mandatarios latinoamericanos que advierten su peligrosidad para la estabilidad del continente latinoamericano.
Los presidentes de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba y Ecuador han repudiado el “golpe de Estado” llamando a consultas a sus embajadores en Brasil para fijar una posición en las próximas horas.
La crisis política en que está sumergida la sexta economía mundial puede tener consecuencias impredecibles y no apunta hacia una solución en el corto plazo. En definitiva, es un retrato de su pasado régimen colonialista que ha marcado el débil funcionamiento y trayectoria de sus instituciones y de sus propias normativas constitucionales.
