En un país donde cada año 117.000 personas reciben un impacto de bala, matanzas como la ocurrida en la discoteca Pulse de Orlando, en la que murieron 49 personas, se presentan insuficientes para agitar conciencias y cambiar legislaciones a nivel nacional que eviten nuevos tiroteos.
El director ejecutivo del centro de estudios Violence Policy Center (VPC), Josh Sugarmann, dijo a Efe que lamenta que no se hayan producido “avances” en Washington después de la que es considerada la peor matanza por arma de fuego en la historia reciente de Estados Unidos, de la que este lunes 12 de junio se cumple un año.
En su opinión, el “poder” de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés), que cuenta con el apoyo expreso de Donald Trump, el primer presidente en participar en su reunión anual desde Ronald Reagan en 1983, y la “cobardía” del Congreso llevan a que se esté pagando un “precio inaceptable”, como en ningún otro país avanzado.
Para el congresista por Florida Darren Soto, de origen puertorriqueño, al igual que buena parte de las víctimas de Pulse, es “muy difícil” endurecer las normas en Washington debido al rechazo republicano, que controla ambas cámaras legislativas, y a que parte de su electorado es insensible a las cifras de las masacres.
“Para lograr un cambio es necesario cambiar los corazones de los votantes de las primarias republicanas. Son una minoría, pero tienen un gran poder de influencia. Ahora son un bloque muy unido en contra de la reformas” legislativas para un mayor control de la venta de armas, dijo.
Soto hace referencia a encuestas que señalan que el 96 % de los estadounidenses está a favor de un mayor control en la venta de armas, con revisión de antecedentes a los compradores, y el 91 % apostaría por una prohibición a antiguos delincuentes y enfermos mentales.
La unanimidad se alejaba, según esta encuesta, hecha por CNN en 2012, cuando se hablaba de prohibir la venta o la posesión de armas con cargadores de alta capacidad (60 %) o la de armas de asalto semiautomáticas (57 %).
Cifras de VPC señalan que, al contrario de lo que afirma la industria, las personas raramente usan estas armas para defenderse, pues en 2014 solo se registraron 224 muertes por arma de fuego en casos de defensa propia, al tiempo que se produjeron 7.670 homicidios con el mismo tipo de armamento.
Desde 1980 ha habido en Estados Unidos al menos 55 masacres (con tres o más víctimas mortales) cometidas con armas con cargadores de alta capacidad, en los que fallecieron 503 personas y 495 más resultaron heridas.
En Pulse, el asesino, Omar Matten, utilizó un rifle de asalto con cargadores con capacidad para 30 balas y algunos de ellos los había unido con cinta adhesiva para recargar con mayor rapidez.
Si no se tiene en cuenta el tipo de arma de fuego, desde enero de 2009 se han producido al menos 162 tiroteos en Estados Unidos, de los cuales 13 se registraron en Florida.
El último de ellos fue el pasado lunes, donde, también en Orlando, murieron seis personas, incluido el asesino, que se suicidó después de entrar armado a las oficinas de su antigua empresa.
Tras este nuevo suceso, Michelle Gajda, del grupo Madres Demandan Sensatez en el Uso de Armas en Estados Unidos, exigió “soluciones” a los políticos para que los ciudadanos puedan “ir a trabajar, a bailar en un club o disfrutar de una noche en el cine sin la amenaza de violencia armada”.
Sin embargo, Sugarmann no ve factible ganar la “cara batalla” que plantean los grupos de cabildeo y la industria, que presionan al Congreso para que no aumente los controles a la compra de armas.
Sin embargo, el responsable de VPC sí cree que más personas se han “comprometido” con este tema, especialmente después de las matanzas de Orlando o la que se registró en la escuela Sandy Hook, en Newtown (Connecticut), que costó la vida a veinte niños y seis adultos.
Por ello, estimó, la clave está en educar a la sociedad de los “peligros” de intentar defenderse con un arma, pues los estados con mayor número de armas per cápita son los que registran un mayor índice de muertes por armas de fuego.
Hannah Sheare, del Centro Legal para Prevenir la Violencia por Armas de Fuego, apunta a que, lejos de Washington, las reformas de “sentido común” para lograr un mayor control en la venta de armas de fuego provienen de los estados.
En este sentido, consideró un “inicio” que ocho estados y el Distrito Federal hayan prohibido o restringido la venta de armas con cargadores de alta capacidad, lo que se contrapone con las “leyes extremas” y las “políticas peligrosas” que el NRA apoya en Washington.
