Por Diego Oré |
CARACAS (Reuters) – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó el sábado a la justicia a revisar una polémica sentencia con la que se arrogó competencias parlamentarias, en un intento por acallar las protestas en casa y los llamamientos internacionales a honrar la democracia.
En la semana, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó que su sala constitucional asumirá el rol del Parlamento, al considerar que este cuerpo permanece en “desacato” por no haber desincorporado a tres de sus miembros acusados de comprar votos.
Además, la corte limitó la inmunidad parlamentaria abriendo la posibilidad de llevar a juicio o apresar a los diputados opositores, mayoría en el hemiciclo.
“Hemos llegado a un acuerdo de solución de esta controversia y puedo decir que queda superada esta controversia, demostrando las capacidades de diálogo y resolución que se pueden activar por nuestra Constitución”, dijo el vicepresidente Tareck El Aissami, leyendo un comunicado la madrugada del sábado.
El oficio fue firmado por el Consejo de Defensa, el máximo órgano de consulta en asuntos relacionados con la defensa y soberanía nacional e integrado por Maduro, los presidentes de los poderes públicos, altos mandos militares, el vicepresidente y la canciller.
La víspera, la fiscal general, Luisa Ortega, quien no acudió a la reunión del Consejo de Defensa, criticó el fallo del TSJ asegurando que se trataba de una “ruptura del orden constitucional”.
La mañana del sábado, algunos medios locales aseguraban que el TSJ ya había revertido sus polémicos fallos, pero una fuente del organismo negó el hecho a Reuters.
Pase lo que pase, la Asamblea Nacional seguiría bloqueada por la justicia, que le ha impedido aprobar leyes desde que asumió funciones en el 2016 acusándola de “desacato”.
La oposición señala a Maduro como el principal responsable de la grave crisis económica que sufre Venezuela, con la inflación más alta del mundo, recesión y escasez de alimentos y medicinas, pero el mandatario sostiene que sus adversarios libran una “guerra económica” con el fin de desbancarlo.
Desde que el presidente asumió en 2013, la oposición ha protestado contra lo que considera una dictadura que encierra a sus críticos, cercena elecciones e impide la apertura de un canal humanitario para suavizar la escasez de alimentos y medicinas.
El sábado, cientos de opositores volvían a las calles del país petrolero para protestar contra Maduro.
Reflejando la creciente presión internacional, el Mercosur se reunirá de urgencia el sábado para discutir sobre Venezuela y la OEA hará lo propio el lunes, a pedido de 20 países de la región, incluidos Estados Unidos y Canadá.
