¿Para qué tanto número de agencias si no pueden servir al público?
En 1952, la Rama Ejecutiva de Puerto Rico tenía 52 agencias. Para el año 2000 ya eran 145. En ese mismo período, los empleados públicos pasaron de unos 25 mil a más de 208 mil. Un estudio comisionado por la propia Oficina de Gerencia y Presupuesto lo documenta, y el mismo estudio admite algo más grave: en Puerto Rico no existe una tradición de evaluar si las agencias funcionan. Se crean, se financian y se heredan de una administración a otra, y casi nunca se mide qué resultados producen. Hoy, una isla de poco más de tres millones de habitantes sostiene un aparato que, en cantidad de entidades, rivaliza con el de estados mucho más grandes.
La pregunta es sencilla: ¿para qué?
Procuradurías que no procuran
Tenemos procuradurías que no procuran. Tenemos agencias creadas para vigilar a otras agencias, que a su vez necesitan ser vigiladas. Cada capa añade un sello, una firma, un formulario y un plazo. El resultado no es más control ni más protección para el ciudadano; es un trámite más lento, un pago que tarda meses y un servicio que se pierde entre oficinas que no se hablan.
La desconexión es la regla. Una persona que necesita un permiso, una certificación o un pago tiene que llevar el mismo papel de ventanilla en ventanilla, porque las agencias no comparten información entre sí. Hasta columnistas que han estado dentro del gobierno describen agencias que operan como si no fueran parte de un mismo gobierno. Si el Estado no se conoce a sí mismo, ¿cómo va a conocer y atender a su gente?
Se legisló para estorbar
Se ha legislado de más, y se ha legislado mal. Cada ley nueva promete protección y entrega un requisito adicional. El ciudadano que quiere estudiar, emprender un negocio, mejorar su situación económica o simplemente cobrar lo que se le debe se topa con un laberinto que no se diseñó para ayudarlo. Las agencias que se crearon con buenas intenciones colapsaron bajo su propio peso y hoy sirven, en demasiados casos, a una sola función: ser fuente de empleo político. Esa práctica ya no se puede sostener.
Mientras tanto, los servicios esenciales están dislocados. Los que dependen de ellos lo saben mejor que nadie.
Una oficina de presupuesto que no presupuesta
La Oficina de Gerencia y Presupuesto debería ser el cerebro financiero del gobierno. Los resultados, a la vista de todos —cuentas sobregiradas, pagos tardíos, presupuestos que no se
cumplen—, sugieren otra cosa. La función de presupuesto puede y debe ser una división pequeña, técnica y eficiente dentro del Departamento de Hacienda, con un solo sistema de información para todo el gobierno, en lugar de una estructura aparte con su propia burocracia.
La reingeniería no vendrá de arriba
Ninguna administración va a reducir el aparato que la sostiene. Ya se ha intentado, una y otra vez, con planes de consolidación que se anuncian y se archivan. La reingeniería tiene que venir de la gente: de los maestros, los empresarios, los profesionales, los municipios y las universidades que usan el sistema todos los días y saben dónde se atasca. Hay que preguntarles a ellos cuáles servicios funcionan, cuáles se duplican y cuáles sobran, y actuar sobre esa información, no sobre la conveniencia política del próximo cuatrienio.
Lo que cuesta la camisa de fuerza
Al desorden interno se suma una limitación externa. La relación territorial con Estados Unidos deja a Puerto Rico sujeto a leyes federales en cuya redacción no tiene voz ni voto efectivos. La Ley de Cabotaje es el ejemplo más citado: obliga a usar barcos de construcción, bandera y tripulación estadounidenses para el comercio entre puertos de Estados Unidos y la Isla. Un estudio de 2024 de investigadores de la Universidad de Purdue estimó que su costo equivale a un arancel promedio de 30.6 % sobre productos del continente y a unos $1,400 millones anuales para la economía puertorriqueña, medidos en dólares de 2016. Ese costo lo paga, al final, el trabajador, en el supermercado y en la factura de luz.
Dejen de decirle al pueblo lo que no es
Se repite que tenemos un gobierno autónomo. Un gobierno autónomo no necesita pedir permiso para cambiar una ley que lo encarece, ni puede ser supervisado por una Junta de Supervisión Fiscal. Hay que llamar las cosas por su nombre.
Lo mismo ocurre con los fondos de FEMA. Cada cierto tiempo se anuncia una cifra millonaria como si fuera un regalo personal de quien ocupe la posición de comisionado residente. Pero FEMA es una agencia federal. Sus fondos llegan por declaraciones de desastre y por leyes federales, sean quienes sean el comisionado y el gobernador, y el comisionado no los administra ni los controla. Puede abogar, puede presentar legislación, puede exigir agilidad, y eso es valioso. Pero no es quien trae ni quien maneja ese dinero. Presentarlo así es engañar al pueblo.
Y el verdadero escándalo está en otro lado. Informes han señalado que más de $11 mil millones de esos fondos seguían pendientes de aprobación de FEMA, y a casi nueve años del huracán María, más de $24 mil millones de reconstrucción no se habían desembolsado. El obstáculo no es la falta de dinero. Es un sistema que no sabe, o no quiere, ejecutar.
Educar para ser independientes
Ninguna de estas cosas se arregla con otro comité, otra agencia o otro slogan. Se arregla con un pueblo educado, capaz de leer un presupuesto, exigir cuentas, crear empresas y resolver sus propios problemas. Un país de ciudadanos independientes y creativos no necesita 130 agencias que le digan cómo vivir. Necesita unas pocas, bien conectadas, medidas por resultados y dirigidas por quienes saben hacer el trabajo.
Eso exige decisiones concretas:
- Consolidar las agencias duplicadas y eliminar las que no demuestren resultados medibles.
- Integrar los sistemas de información para que el ciudadano entregue un documento una sola vez.
- Reducir la función de presupuesto a una división técnica dentro de Hacienda.
- Medir y publicar el desempeño de cada agencia, con auditorías públicas periódicas.
- Convocar a la ciudadanía, las universidades y los municipios a rediseñar el servicio público desde abajo.
- Educar para el pensamiento crítico y la creatividad, porque solo así habrá desarrollo económico y progreso para todos. El pueblo ya pagó demasiado por un gobierno que no le sirve. Es hora de exigir uno que sí.
