Una corte federal en Texas detuvo una política clave de la administración Biden destinada a aliviar la carga de la deuda médica en los historiales de crédito de millones de ciudadanos. La medida, impulsada por la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB), pretendía reformar la manera en que se evalúan las puntuaciones crediticias, eliminando ciertos registros relacionados con facturas médicas.
El juez Sean Jordan, designado durante el mandato del expresidente Donald Trump, dictaminó que la CFPB se extralimitó en sus facultades legales al implementar este cambio. Según su interpretación de la Ley de Informes Crediticios Justos, la agencia no está autorizada a excluir ese tipo de información de los reportes crediticios.
De haberse mantenido la norma, se habrían eliminado aproximadamente 50 millones de dólares en deuda médica de los registros crediticios, impactando favorablemente a cerca de 15 millones de personas. Además, se estimaba que este ajuste generaría un promedio de 22,000 nuevas aprobaciones hipotecarias al año y un aumento promedio de 20 puntos en las calificaciones de crédito de los afectados.
Los cambios fueron introducidos en enero como parte del esfuerzo de la CFPB por promover mayor equidad financiera. No obstante, con la reciente decisión judicial, la agencia queda limitada a recomendar a los prestamistas que consideren otros factores al evaluar la solvencia de los solicitantes, sin imponer nuevas reglas al respecto.
