La situación actual de la educación pública en Puerto Rico es un tema que clama por atención urgente y honesta. Lejos de ser un faro de oportunidades y crecimiento para nuestros jóvenes, la institución educativa pública se ha convertido en una sombra de lo que debería ser, operando en flagrante contradicción con su propósito fundamental. La verdad, aunque dolorosa, es que todos mienten.
Se nos dice que nuestros estudiantes sufren un rezago académico producto de los embates del huracán María y los recientes temblores. Si bien estos eventos sin duda han tenido un impacto, utilizarlos como la causa principal del fracaso educativo es una cortina de humo para ocultar una realidad mucho más profunda y alarmante. La verdadera razón del deplorable estado de nuestro sistema educativo radica en una cultura de engaño y una estructura administrativa descontrolada que ha florecido durante décadas. Mientras el resto del mundo se automatiza y reduce sus procesos administrativos para ser mas eficientes y democráticos, en Puerto Rico aumentamos el control dictatorial por medio de los puestos meramente administrativos que infectan el proceso educativo de los niños.
La base de cualquier aprendizaje sólido reside en la capacidad de leer y escribir con comprensión. Sin embargo, la cruda realidad es que un número significativo de nuestros estudiantes egresan del sistema público sin dominar estas habilidades fundamentales. ¿Cómo podemos esperar entonces que comprendan conceptos matemáticos complejos o se adentren en el fascinante mundo de las ciencias si no pueden siquiera descifrar un enunciado o plasmar sus ideas en papel de manera coherente?
Esta deficiencia no es un accidente. Es el resultado directo de un sistema que perpetúa la mediocridad bajo la fachada de igualdad. Se nos vende la idea de un currículo estándar, diseñado para un estudiante promedio que simplemente no existe. El conocimiento es un viaje individual, un proceso único para cada mente. Sin embargo, preferimos aferrarnos a la mentira de las expectativas uniformes, con un sistema de internet que no aguanta el sistema electrónico accidentado de las pruebas, culpando convenientemente a las condiciones familiares o a la labor del maestro cuando los resultados no son los esperados.
La autonomía del educador, la persona que está en contacto directo con la realidad del aula, se ve constantemente socavada por directrices burocráticas y una administración centralizada que parece más interesada en mantener su poder que en fomentar un aprendizaje significativo. Se controla al maestro, limitando su capacidad para adaptar la enseñanza a la cultura y la realidad social de sus estudiantes, elementos cruciales para conectar el conocimiento con sus vidas y despertar su interés.
La relación entre la escuela y los padres, que debería ser una alianza fundamental en el proceso educativo, se ha deteriorado hasta convertirse en un ambiente hostil. Se levantan muros en lugar de construir puentes de colaboración, privando a los estudiantes del apoyo crucial que proviene de un hogar involucrado y comprometido con su desarrollo académico.
Finalmente, la mentira más descarada: la afirmación de que la mayor parte del presupuesto se destina a servicios directos al estudiante. La verdad palpable es que una burocracia inflada, con innumerables oficinas centrales y regionales repletas de puestos que poco o nada aportan al aula, consume una porción desproporcionada de los recursos. Estos “servicios al estudiante” a menudo se traducen en trámites innecesarios y programas desconectados de las necesidades reales del salón de clases, desviando fondos que podrían invertirse directamente en mejorar la enseñanza y el aprendizaje.
La conclusión es ineludible: todos mienten. Mientras esta cultura de engaño persista, cualquier intento de reforma será superficial e ineficaz. La única solución real y drástica es reconocer la magnitud del problema y tomar medidas contundentes cerrando las operaciones de la oficina central y las regionales. Esas supuestas funciones auto creadas políticamente, deben ser sustituidas por la automatización de procesos y digitalización de las formas existentes.
Para salvar urgentemente la educación de nuestros niños y niñas, se sugiere, sin titubeos, el cierre total del Departamento de Educación Pública y sus oficinas centrales y regionales. Esta medida, aunque radical, es necesaria para extirpar de raíz la política y la corrupción que han gangrenado el sistema. Solo cuando se elimine esta estructura que todos los dias castiga a nuestra juventud y se deje de lado la cultura de la mentira, podremos construir un sistema educativo que realmente sirva a nuestros estudiantes de forma directa.
El apoyo debe dirigirse directamente a garantizar que cada estudiante aprenda según sus condiciones individuales, reconociendo y valorando su singularidad. De lo contrario, la brecha educativa entre aquellos con recursos y los menos afortunados seguirá ampliándose, perpetuando la desigualdad y limitando el futuro de nuestra sociedad. Es hora de dejar de mentir y priorizar el verdadero propósito de la educación: el desarrollo integral de cada uno de nuestros niños y jóvenes. El siguiente es un video producido por la Profesora Mariela Perez.
