El veto migratorio del presidente Donald Trump a los refugiados y ciudadanos de seis naciones de mayoría musulmana comenzó hoy a aplicarse con excepciones que han causado polémica y que permitirán, por ejemplo, la entrada de quien tenga una nuera en el país, pero no de quien tenga un abuelo.
El veto migratorio entró en vigor a las 20.00 hora local de Washington (00.00 GMT) y afecta también a los refugiados y musulmanes que no tengan una relación “formal” con empresas e instituciones educativas de EEUU, según informaron en una conferencia telefónica funcionarios, que pidieron el anonimato.
“Vivimos en un tiempo muy peligroso y el Gobierno de Estados Unidos necesita todas las herramientas a su disposición para evitar que los terroristas entren al país y desaten la violencia”, dijo uno de los empleados públicos durante la llamada.
La implementación es posible gracias al Tribunal Supremo, que el pasado lunes permitió la entrada en vigor de algunas partes del veto, destinado a prohibir durante 120 días la entrada de refugiados y, durante 90 días, el ingreso de los nacionales de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, el Yemen y Libia).
De manera amplia, el Supremo determinó que Trump puede negar la entrada a Estados Unidos a cualquier persona que no pueda probar que tiene un vínculo “genuino” con el país, es decir, que no tengan familia o que no tengan planes para trabajar o estudiar en el país.
El Tribunal Supremo dejó en manos del Gobierno la definición exacta de esos límites y, por ello, el Departamento de Estado de envió el miércoles por la noche nuevas directrices a las embajadas y consulados de EEUU para informarles de cómo implementar la orden ejecutiva de Trump.
Esas directrices establecen que los que quieran ingresar a Estados Unidos deberán demostrar una relación con padres, cónyuges, hijos, yernos, nueras o hermanos que ya estén en territorio estadounidense.
Excluidos de esa categoría de “familiares cercanos” quedan los abuelos, nietos, tíos, sobrinos y primos, que no podrán servir de ancla a sus familiares en el exterior para tramitar su entrada.
Esta distinción ha sido considerada como “arbitraria” por organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU).
“Está claro que el propósito del presidente Trump es desacreditar y condenar a los musulmanes. Las directrices no cumplen con la orden dada por el Tribunal Supremo, son arbitrarias y no están ligadas con ningún objetivo legitimo del Gobierno”, dijo Omar Jadwat, director del proyecto de Inmigración de ACLU.
En lo que se refiere a vínculos profesionales, el Departamento de Estado definió que podrán entrar quienes hayan establecido una “relación sustancial”, “formal” y “documentada”, con una entidad educativa o empresarial antes de entrar en vigor el veto.
En sus directivas, el Departamento de Estado otorga a los funcionarios consulares la posibilidad de hacer excepciones y otorgar visados si los solicitantes son, por ejemplo, niños o “individuos que necesitan atención médica de manera urgente”.
Además, no se revocarán los visados ya aprobados, con lo que se trata de evitar el caos que provocó en aeropuertos de todo el mundo la implementación del primer veto que proclamó Trump el 27 de enero.
Entonces, personas que habían tramitado durante meses sus visados no pudieron entrar a EEUU porque sus permisos fueron cancelados sin previo aviso y mientras se encontraban dentro de los aviones.
Fue, precisamente, en enero cuando Trump trató de imponer su veto migratorio por primera vez, pero tuvo que desistir ante los bloqueos judiciales y proclamar la orden que entró hoy parcialmente en vigor.
Ese veto será implementado hasta que el Tribunal Supremo emita una decisión sobre el caso, que estudiará posiblemente durante la primera semana de octubre, según dijo hoy un funcionario.
De forma paralela, la Cámara de Representantes aprobó hoy dos proyectos de ley que, de ser ratificadas por el Senado, endurecerían las medidas contra los inmigrantes indocumentados.
Una de las leyes busca intensificar las penas contra los criminales deportados que hayan reingresado al país, mientras que la otra trata de castigar a las conocidas como “ciudades santuario”, aquellas que se niegan a colaborar con las autoridades federales para la expulsión de inmigrantes.
