Los abogados del gobernador de Florida, Rick Scott, y de la fiscal estatal Aramis Ayala ventilaron hoy sus argumentos en el Supremo estatal, que analiza la autoridad del republicano de relevarla de casos por excluir la pena de muerte.
La defensa de Ayala señaló que la ley estatal le da el derecho de elegir cómo manejar la pena capital, mientras que la de Scott aseguró que la Constitución le permite intervenir.
“No violé ninguna ley, hice lo que creí que era apropiado bajo la ley de Florida”, manifestó Ayala a la prensa al salir de la Corte Suprema de Florida, en Tallahassee, la capital del estado.
Scott despojó en abril a la fiscal de los condados Orlando y Osceola de una veintena de casos de asesinato en primer grado debido a su negativa de considerar la pena de muerte.
En marzo Scott ya había retirado a Ayala del caso de Markeith Loyd, acusado de matar a su exnovia embarazada y a una mujer policía, después de que la fiscal anunció ese mismo día que no perseguiría la pena capital contra ese ni ningún otro acusado.
“Nada en la ley de Florida requiere que la fiscal estatal Ayala busque la pena de muerte”, señaló su abogado Roy Austin en la audiencia antes los jueces del Supremo.
Sin embargo, algunos de los jueces del Supremo, quienes no detallaron cuándo tendrán una decisión, mostraron hoy escepticismo al respecto.
La discreción “no es ignorar la ley de la Florida”, señaló el juez R. Fred Lewis, mientras que la jueza Barbara Pariente también expresó su preocupación por mantener la “igualdad en el cumplimiento del estatuto de la pena de muerte”.
Ayala, quien busca anular la orden de Scott, ha tenido el apoyo de más de 40 jueces y fiscales de Florida, que además se mostraron en contra de la “interferencia” del gobernador.
Ellos advierten que la decisión del republicano “amenaza el principio básico de la independencia de la Fiscalía”.
En 2016 el Tribunal Supremo de EE.UU. consideró “inconstitucional” la forma como se aplica esta pena en el estado, lo que generó un limbo legal de este castigo en el estado.
En diciembre pasado, la Corte Suprema de Florida falló a favor de someter a revisión unas 200 de las 400 sentencias a muerte tras decidir dos meses antes que las sentencias de pena de muerte de un reo debían contar con la recomendación “unánime” del jurado.
El Alto Tribunal federal había considerado que el estado de Florida da mucho poder al juez y que el jurado solo desempeña un papel consultivo en la recomendación de la pena de muerte.
Desde 1976 se han ejecutado en Florida a 92 reos, según las autoridades carcelarias de Florida, el último de ellos el 7 de enero pasado, el asesino en serie Oscar Ray Bolin.
