En los últimos días, la prensa ha revelado información preocupante sobre el estado del registro electoral en Puerto Rico. Según informes de la Comisión Estatal de Elecciones, se ha descubierto que más de 30,000 nombres de electores fallecidos figuran en las listas para votar en las próximas elecciones primarias y las de gobernador, programadas para noviembre de este año.
Aún más alarmante es la afirmación de algunos comisionados del Partido Independentista Puertorriqueño, quienes aseguran que la cifra de fallecidos en el registro electoral supera los 70,000. Esta situación plantea serias dudas sobre la integridad del proceso electoral, ya que se abre la posibilidad de que personas fallecidas estén siendo utilizadas para emitir votos sin que se haya verificado adecuadamente quién los emitió.
La falta de un proceso riguroso para mantener actualizado el registro electoral representa un peligro evidente para la democracia. Además, se ha informado que la Comisión Estatal de Elecciones enfrenta deficiencias en cuanto a personal, lo que podría comprometer aún más la veracidad de los resultados electorales. Preocupa especialmente que se hayan detectado personas registrando endosos sin ser empleados de la comisión, lo que sugiere la posibilidad de infiltración y corrupción en el proceso electoral.
Este no es el primer incidente que sacude la confianza en la Comisión Estatal de Elecciones. Recordemos el caso reciente en el que cuatro empleados del servicio postal fueron declarados culpables de retrasar ilegalmente correo electoral durante las elecciones especiales de septiembre de 2022. Estos acontecimientos subrayan la necesidad urgente de una supervisión más estricta y medidas para garantizar la transparencia en todo el proceso electoral.
Es imperativo que todos los votantes estén atentos a su registro electoral y tomen medidas para asegurarse de que su derecho al voto no sea manipulado. Cada ciudadano debe tener la certeza de que su voto será otorgado al candidato de su elección, sin interferencia ni corrupción. Si no se abordan estas irregularidades de manera adecuada, existe el riesgo real de que las elecciones de 2024 se vean empañadas por la sombra de la corrupción y la falta de confianza en el proceso democrático.
