“Hasta los países más pobres tienen espacio fiscal para extender la protección social. Los gobiernos deben explorar activamente todas las opciones de financiación posibles para lograr los ODS y el desarrollo nacional a través del empleo decente y la protección social.” Isabel Ortiz
Unos 4100 millones de personas carecen de cualquier tipo de protección social, según un nuevo informe publicado este miércoles por la Organización Internacional del Trabajo. La abultada cifra todavía es más llamativa si se tiene en cuenta que la pandemia del coronavirus ha provocado una expansión sin precedentes de la ampliación de la cobertura social.
El análisis prueba que la respuesta a la COVID-19 “fue desigual e insuficiente”, que no hizo más que aumentar la distancia entre los países de altos y bajos ingresos, y que no logró ofrecer la protección social indispensable todos los seres humanos merecen.
Las medidas que la agencia de la ONU considera como protección social incluyen el acceso a la atención médica y a la percepción de ingresos en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, accidente laboral, maternidad o pérdida del principal generador de ingresos de la familia, así como para las familias con hijos.
El director general de la Organización considera que los países “se encuentran en una encrucijada” ya que la respuesta a la pandemia representa el momento idóneo para armar una nueva generación de sistemas de protección social fundamentados en los derechos.
“Estos sistemas pueden proteger a las personas de futuras crisis y dar a los trabajadores y a las empresas la seguridad para enfrentar las múltiples transiciones que se avecinan con confianza y esperanza. Debemos reconocer que una protección social eficaz y completa no sólo es esencial para la justicia social y el trabajo decente sino también para la creación de un futuro sostenible y resiliente”.
El informe resalta las amplias diferencias regionales en materia de protección social. Así, mientras Europa, Asia Central y América poseen las tasas de cobertura más altas -84% en los dos primeros casos y 64,3% en el tercero-, Asia y el Pacífico, los Estados Árabes y África cuentan con las más bajas – 44%, 40% y 17,4%, respectivamente-.
La gran mayoría de los niños son uno de los grupos poblacionales con menores prestaciones sociales -26,4%-, en tanto que la prestación de maternidad en efectivo solo alcanza al 45% de las madres. A su vez, sólo una de cada tres personas con discapacidad grave en el mundo -33,5%- percibe una prestación por invalidez.
La cobertura de las prestaciones de desempleo es todavía más baja ya que sólo el 18,6% de los trabajadores desempleados de todo el mundo poseen cobertura. Ante estas cifras, la OIT pone el foco en el gasto público en protección social que realizan los diferentes países y que, apunta, «también varía de manera significativa».
En promedio, los países destinan el 12,8% de su producto interior bruto (PIB) a estas prestaciones (excluyendo la salud). En este sentido, apunta que aquellos con ingresos más altos alcanzan hasta el 16,4% de inversión, mientras que los que los más bajos no superan el 1,1%.
Según la OIT, a fin de garantizar al menos una cobertura de protección social básica, los países de bajos ingresos deberían invertir 77.900 millones de dólares adicionales al año; los países de ingresos medios-bajos, 362.900 millones de dólares adicionales al año; y los países de ingresos medios-altos, 750.800 millones de dólares adicionales al año. Esto equivale respectivamente al 15,9%; 5,1% y 3,1% de su PIB, respectivamente.
El director general de la OIT, Guy Ryder, ha explicado que este es un momento propicio para utilizar la respuesta a la pandemia a fin de construir una nueva generación de sistemas de protección social basados en los derechos» y ha pedido que estos sistemas protejan a las personas de futuras crisis.
También ha reclamado que se dé a los trabajadores y a las empresas la seguridad para enfrentar las múltiples transiciones que se avecinan con confianza y esperanza. Debemos reconocer que una protección social eficaz y completa no solo es esencial para la justicia social y el trabajo decente, sino también para la creación de un futuro sostenible y resiliente
Para construir sistemas capaces de obtener resultados positivos, será necesario combinar los recursos financieros y una mayor solidaridad internacional, sobre todo, en apoyo de los países más pobres. Pero los beneficios del éxito superarán las fronteras nacionales en beneficio de todos, comento Shahra Razavi.
“La falta de protección social deja a las personas vulnerables a las enfermedades, la pobreza, la desigualdad y la exclusión social a lo largo de su ciclo de vida. Negar este derecho humano a 4.000 millones de personas en el mundo constituye un gran obstáculo para el desarrollo social y económico. Si bien numerosos países han realizado importantes progresos en el fortalecimiento de sus sistemas de protección social, todavía es necesario realizar grandes esfuerzos a fin de garantizar que el derecho a la protección social sea una realidad para todos.” Guy Ryder.
Dr. Amín Cruz, PhD, diplomático, historiador, educador, periodista, escritor, CEO presidente fundador del Congreso Hispanoamericano de Prensa, Padre embajador del Periodismo Latinoamericano, residente en New York.
