Santo Domingo, R. D.-El bloque de Congresistas diputados de la Fuerza del Pueblo (FP), sometió ayer una resolución en la que solicita al pleno de la Cámara de Diputados proceder a la interpelación del gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu; al ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz; y al superintendente de Pensiones, Ramón Contreras Genao, para que respondan por el manejo y uso irregular de los Fondos de Pensiones propiedad de los trabajadores dominicanos.
Los Congresistas legisladores de la Fuerza del Pueblo recordaron que el gobernador del Banco Central expresó su oposición a la modificación de la Ley 87-01 porque a su juicio provocaría “consecuencias negativas y perversas sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, la estabilidad y el crecimiento económico”, tildando de desafortunadas e improcedentes las propuestas legislativas.
En rueda de prensa, señalaron que sin embargo, posteriormente a las declaraciones de oposición de Valdez Albizu a que se otorgara un porcentaje de los Fondos de Pensiones a a los trabajadores, el funcionario autorizara a las Administradoras de Fondos de Pensiones liquidar instrumentos financieros por RD$ 40 mil millones que tenían en el Banco Central.
La operación realizada por el Gobierno implicó que el Banco Central recomprara títulos que tenían las AFP en esa entidad, para que estas, a su vez, pudieran disponer de liquidez a los fines de adquirir los referidos títulos de deuda del Ministerio de Hacienda.
“Los funcionarios públicos sujetos a interpelar al autorizar la colocación e invertir en los bonos del Ministerio de Hacienda, no repararon en el monto autorizado a colocar y en la base legal que sirvió de sustento a la operación concretada, lo que sienta un precedente funesto e ilegal para el mercado de valores y para las AFP como inversionistas”, leyó el vocero del bloque de diputados de FP, Henry Merán.
Manifestó que por tanto, “esto constituye un despropósito por parte de las autoridades el que se haya ignorado la solicitud de los trabajadores con argumentos técnicos y que sea el propio Gobierno el que, con esta operación, haya pulverizado sus propios argumentos, al acceder a 40 mil millones de pesos de los fondos de pensiones de forma irregular y en prejuicio de sus legítimos propietarios que son los trabadores dominicanos”.
