La humanidad se encuentra postrada de rodillas ante la primera crisis sanitaria global del siglo XXI, derivada del coronavirus Covid-19, una enfermedad infecciosa y altamente contagiosa, cuyo nivel de letalidad ha provocado el fallecimiento de cientos de miles de personas en todo el mundo, razón por la cual, las naciones decretaron un estado de emergencia que puso en aislamiento al planeta, mediante métodos de cuarentena y distanciamiento social, utilizados como mecanismo de prevención para contrarrestar el incremento de las estadísticas de mortalidad.
Actualmente, todos los gobiernos están tomado urgentes medidas restrictivas de carácter precautorias para disminuir de forma rápida el impacto que produce el estado de emergencia establecido casi de forma generalizada desde el anuncio de la pandemia a principios de este año 2020, y que hasta ahora, no sabemos a ciencia cierta, hasta cuándo permanecerá esa situación.
Desde ya, las estimaciones de la economía mundial –según estudios realizados por organismos internacionales, a raíz del surgimiento, propagación y posterior declaratoria de pandemia al Covid-19, dispuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS)–, apuntan a que el crecimiento económico será previsoramente hacia la baja, lo que significa que por efectos de la crisis sanitaria global, la economía dominicana será severamente impactada de forma negativa, situación que puede agravarse si la pandemia que ya penetró al territorio nacional, termina convirtiéndose en una enfermedad comunitaria.
Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), David Beasley, acaba de informar que el mundo se enfrenta a múltiples situaciones de hambruna “de proporciones bíblicas” en solo cuestión de meses, lo que empujará a más de 130 millones de personas en todo el planeta, hasta el borde de la inanición debido a la recepción económica, la disminución de las ayudas sociales y el colapso en los precios del petróleo, factores que podrían conducir a una gran escasez de alimentos.
Ante un inminente colapso del sistema productivo internacional, dramáticamente dimensionado en todos los órdenes con predicciones nefastas, la Republica Dominicana, deberá actuar en consonancia con las demás naciones, en cuanto a que, sus autoridades, tienen que tomar medidas en procura de proteger la integridad de los sectores más vulnerables del país.
Nuestra economía mantiene fuertes vínculos con el resto de las economías del mundo, tanto por la vía de las exportaciones, como por el turismo, la inversión extranjera de capitales y las remesas, por consiguiente, una caída en los mercados extranjeros, incluyendo a China y EEUU, conduciría a la desestabilización del sector productivo nacional, con repercusiones de alto costo para toda la sociedad.
La crisis sanitaria que nos golpea, terminará derivando irreversiblemente en una crisis económica y alimenticia, que tomará por asalto a las finanzas de los dominicanos en medio de una situación que se agrava debido a la escasa cultura del ahorro de la población que depende básicamente de un salario fijo, cuyos ingresos están ubicados por debajo del salario promedio establecido en el resto de los países de la región.
Por esa razón y porque no estábamos preparados para afrontar una crisis sanitaria que tomó por sorpresa al mundo, resulta razonable la solución de corto y mediano plazo, que procura materializar una propuesta encaminada a extraer el 30% de los ahorros pertenecientes a los trabajadores afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
En otros países, igualmente afectados por la pandemia, las AFP, han actuado conforme al momento que vivimos y conscientes de las dificultades que enfrenta la humanidad en materia de supervivencia, poniendo en marcha un proceso de devolución de un porcentaje de los recursos ahorrados por los trabajadores afiliados a su sistema nacional de fondos de pensiones.
En nuestro país, la realidad de la clase obrera no es distinta, por lo que se impone de forma oportuna e inmediata, una respuesta de las autoridades, la clase política y el empresariado, que ponga en marcha un plan para dar continuidad a la propuesta impulsada por un grupo de legisladores que busca impulsar una iniciativa para modificar de Ley 87-01, que rige el funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Esos legisladores que están poniendo al interés colectivo de la nación, por encima de los intereses particulares de grupos empresariales, han presentado un proyecto para reglamentar entre otras cosas, la entrega del 30% de los ahorros acumulados por los trabajadores, mediante una iniciativa que busca humanizar las necesidades económicas generadas por la propagación del coronavirus Covid-19, en la República Dominicana.
Las AFP, son instituciones creadas con el objetivo de administrar las cuentas personales de los trabajadores afiliados y otorgarles una pensión “digna” cuando estos finalicen su vida laboral, ya sea por jubilación, invalidez, vejez o accidente laboral. De igual manera, las pensiones, también pueden ser transferidas a los familiares del trabajador en caso de su fallecimiento.
Sin embargo –aparentemente–, los trabajadores que cotizan en las AFP, no cuentan con ningún derecho adquirido fuera de lo estrictamente establecido en la normativa que crea esas corporaciones, sin importar que las razones de peso para accesar a esos fondos, puedan provenir de circunstancias adversas en donde se pone en riesgo la propia integridad de los cotizantes.
Las argumentaciones con que, las AFP, sustentan su negativa de oposición a la iniciativa de los diputados, parecería provenir de personas ajenas a la calamitosa situación que padece el mundo y tiene acorralada a la humanidad, mientras que, en el país, los trabajadores dejados a su suerte, comienzan a padecer los efectos del hambre porque no tienen en dónde coger dinero prestado.
En lugar de asumir una postura rígida, inconsciente e inhumana, los ejecutivos de las AFP, deben asumir su obligación de acudir en auxilio de sus cotizantes, convirtiéndose así en instrumentos solidarios para enfrentar junto a los demás sectores, el monstruoso panorama que asecha al pueblo dominicano.
En cierto modo, es entendible que muchos no estén de acuerdo con utilizar de forma apresurada los recursos de las AFP, para la apertura de un fondo de capitalización individual que permita a cada trabajador solventar sus gastos durante estos meses de pandemia; empero, y sin entrar en discusiones teóricas de por qué no es la vía más expedita para atender esas necesidades, lo cierto es que, ahora, el problema es cuestión de estómagos más que de razonamientos.
En estos momentos, la población amerita que sus instituciones públicas y privadas, provean fórmulas para mitigar los estragos económicos que produce la epidemia sanitaria como consecuencia de un sistema imperfecto que nos golpea a todos por igual, por tanto, si se permite que las AFP, emitan un bono de reembolso que pueda ser utilizado de forma gradual, para solventar las necesidades básicas de sus afiliados mientras dure la crisis, el impacto negativo tendría una mayor amortiguación en el bolsillo de la gente.
Luego, al concluir esta etapa oscura de la historia, las AFP, podrán diseñar programas para estimular el ahorro voluntario, incluso, para ampliar su cartera de afiliados, impulsando una cultura de ahorro para automatizar un concepto que bien pudiera servir como fondo para emergencias con la misma modalidad con que se establece el capítulo de los fondos de pensiones.
La raza humana se enfrenta a un acontecimiento inusual que golpea directamente a nuestra forma de vida, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de los esquemas tradicionales y obligando a replantear todas las normas para hacerlas más sostenibles.
Esa situación obliga a las AFP, actuar en favor del país y de los sectores productivos, para aminorar los riesgos que se ciernen sobre su economía, tanto, en el ámbito monetario, como en lo laboral, aplicando políticas expansivas y contra cíclicas, en la dirección de neutralizar la posibilidad de un enlentecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), y la generación de niveles de inestabilidad social.
Las AFP, deben comprender que sus afiliados son los dueños absolutos del capital acumulado durante años, y por consiguiente, la materia prima del negocio que tantos beneficios ha producido para sus bolsillos, es entonces que deben razonar sobre, si el sistema colapsa, porque también ellos colapsarán. Ojalá que cuando sus administradores decidan actuar en favor de la clase obrera, ya no sea demasiado tarde para ablandar habichuelas.
