Un excombatiente con Trastorno por Estrés Postraumático (PTSD) demandó a las autoridades de Fountain, en el sur de Colorado tras un decomiso de marihuana medicinal que él y su novia cultivaban legalmente en su vivienda.
Eli Olivas y Marisela Chávez iniciaron este miércoles una acción legal contra las autoridades de Fountain por no haber entrenado apropiadamente a los policías para distinguir un cultivo legal de marihuana de actividades ilegales, informó hoy la corte federal en Denver.
Según la demanda, oficiales de la policía de Fountain irrumpieron en julio de 2016 con granadas luminosas en la vivienda de la pareja, los esposaron y decomisaron las plantas de marihuana y dos rifles y una pistola.
Oliva, que hizo parte de las fuerzas especiales del Ejército de EE.UU. y estuvo en Iraq y Bosnia, recibió una citación judicial por cultivo ilegal de marihuana, pero la policía nunca presentó el caso ante un juez.
El caso de Oliva no es un incidente aislado, a pesar de que la marihuana medicinal en Colorado es legal desde 2000 y su uso por parte de Oliva había sido apropiadamente diagnosticado y aprobado, de acuerdo con la demanda.
“Todo lo que deberían haber hecho (los policías) es verificar los permisos”, señala el documento.
El veterano había advertido que cumplía con las leyes vigentes sobre el cultivo de marihuana, el cultivo de 18 plantas, un máximo autorizado de 99, dentro de un vivero con vidrios opacos y no a la vista del público.
La demanda fue por “irrazonable agresión” y también por “clara exhibición de violencia y de abuso de autoridad” del sargento que dirigió el operativo en su domicilio.
Señala que la acción “hubiese traumatizado a cualquier persona” y que en el caso de Oliva fue afectado “exponencialmente” con mayor severidad y le causó una recaída de sus síntomas de PTSD.
Por su parte, Chávez se sumó a la demanda al ser esposada y arrestada a pesar de que “no existió ninguna evidencia de que ella hubiese cometido un crimen”, ni representaba una amenaza, ni se resistió ni trató de fugarse.
Chávez y Oliva, premiado con la Medalla de Bronce, piden una indemnización de 100.000 dólares y la devolución de las armas.
