La constructora brasileña Odebrecht ha hecho de la corrupción casi algo institucional en más de una decena de países de América Latina, en la que ya es una de las mayores y más mediáticas investigaciones contra la compra de favores en todo el subcontinente, con antiguos presidentes implicados, como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el peruano Pedro Pablo Kuczynski o el paraguayo Horacio Cartes.
Era finales del año 2016 cuando algunos altos ejecutivos de la firma brasileña reconocieron ante la Justicia de Estados Unidos que se habían realizado sobornos por toda la región por un valor de más de 700 millones de euros con el fin de lograr contratos para más de 100 proyectos en toda la región, desde República Dominicana hasta Argentina.
La mediática operación brasileña, conocida como ‘Lava Jato’ (‘Lava Coches’, en portugués) tiene como principal agente corruptor a Odebrecht, la cual tendría supuestamente en nómina a figuras tan relevantes de la política latinoamericana como a los expresidentes de Brasil Lula (2003-2011) y Michel Temer (2016-2018); a los de Perú, Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y su ubicua esposa Nadine Heredia, y Kuczynski.
Las investigaciones incluso se han abierto para dilucidar si se financiaron las campañas electorales de otros antiguos presidentes como la del panameño Ricardo Martinelli o la del colombiano Juan Manuel Santos; o para descubrir, por ejemplo, si Cartes (2013-2018), sobre quien pesa una orden de busca y captura, tuvo algo que ver en una trama de lavado de dinero relacionada con ‘Lava Jato’.
Los casos de corrupción en los que Odebrecht ha tejido sus redes han acabado con la carrera de políticos y empresarios. Destaca, por su carácter trágico, el caso del también ex presidente peruano Álan García (2006-2011), que optó por dispararse un tiro en la cabeza cuando iba a ser detenido. Dejó una nota en la que defendió su inocencia y dijo que dejaba su cadáver “como muestra de desprecio” hacia sus adversarios.
También en Perú, Kuczynski asumió la Presidencia en 2016, pero dos años más tarde, tuvo que dejar el cargo después de que se le acusara de asociación para delinquir y blanqueo de dinero en relación con el caso ‘Lava Jato’. Actualmente, cumple una pena de 36 años bajo arresto domiciliario.
Es en el país andino donde parece que la empresa brasileña ha tejido sus más extensas redes de corrupción, sin contar con Brasil, pues además de los ya mencionados también está siendo investigada por su supuesta implicación Keiko Fujimori, la hija del antiguo presidente Alberto Fujimori (1990-2000).
La jefa de Fuerza Popular, el principal partido de la oposición peruana, salió el pasado mes de noviembre de la cárcel después de casi un año de prisión preventiva a la espera de que la Justicia decida de manera definitiva si condena a Fujimori por un delito de blanqueo de dinero por, supuestamente, recibir sobornos de la constructora brasileña.
UNA GASOLINERA DE BRASILIA, EL ORIGEN DE TODO
Hace cinco años, la Fiscalía de Brasil estaba investigando una trama corrupta relacionada con la petrolera Petrobras, cuyo 64 por ciento pertenece al Estado brasileño, cuando comenzó a enfocar sus investigaciones hacia Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora, quien había estado financiando a partidos políticos brasileños a cambio de contratos públicos.
La relación con Petrobras se descubrió en 2014, después de que las autoridades brasileñas descubrieran en una gasolinera de Brasilia, la capital, una casa de cambio desde la que se blanqueaba dinero.
Gracias a los testimonios aportados por varios empresarios de la constructora, a cambio de beneficios penales, la Fiscalía de Brasil dio comienzo a la detención de numerosos políticos del país, que a su vez se convirtieron en delatores para evitar entrar en prisión o penas mayores.
El Partido de los Trabajadores (PT) fue la formación política más salpicada, con centenares de sus miembros detenidos. Las autoridades judiciales denunciaron que Odebrecht y otras grandes constructoras se habían repartido las concesiones millonarias de Petrobras a cambio de dinero para el entonces partido gobernante y sus aliados.
Sin embargo, existen algunas voces que denuncian que las investigaciones se están sustentado únicamente en las delaciones, sin más pruebas que las mismas declaraciones de personas que cuando dieron testimonio estaban siendo investigadas por corrupción y accedieron a hablar a cambio de un trato favorable, no sólo en Brasil, sino también en otros países del subcontinente.
En ese sentido, desde el PT denunciaron que Lula estaba sufriendo “una persecución política” desde que se hizo público que aspiraba a presentarse a las elecciones de 2018, a las que no pudo concurrir tras ser detenido, y finalmente condenado. El ganador de estos comicios presidenciales fue el ultraconservador Jair Bolsonaro.
Bolsonaro eligió como ministro de Justicia al juez Sergio Moro, una de las figuras más destacadas de la ‘Operación Lava Jato’, quien junto a sus fiscales se lanzó a detener a varios políticos del PT acusados de cobrar sobornos para financiar a la formación.
Entre ellos se encuentra el que fuera ministro de Hacienda Antonio Palocci, de los pocos acusados de enriquecerse con estas prebendas y, precisamente, el principal testigo que tiene la acusación contra Lula. Al igual que otros implicados, Palocci selló un acuerdo de colaboración a cambio de información que pudiera implicar al expresidente y a otros miembros del PT.
Aunque destapado hace años, el caso Odebrecht sigue propiciando impactantes revelaciones que hacen imposible prever cuándo terminará de amortizarse a nivel político, en un contexto regional de agitación por las protestas que han estallado en varios países con denuncias que van desde la desigualdad social hasta la corrupción.
