El jefe policial que mayor censura y reprobación a sus actos públicos ha recibido de la prensa nacional y de los sectores de opinión desde la fundación de la Policía el 2 de marzo de 1936, ha sido sin duda Enrique Pérez y Pérez, nombrado por primera vez como principal responsable del orden público el jueves 31 de diciembre de 1970, en sustitución del general Elio Osiris Perdomo Rosario, quien fue trasladado a la jefatura de la Segunda Brigada del Ejército, con asiento en Santiago.
La desaprobación a las ejecutorias del general Pérez, quien se mantuvo en el cargo hasta el 15 de octubre de 1971, fue por el uso inadecuado y excesivo de la fuerza pública y por sus métodos represivos; pues recurrió a la brutalidad policiaca de modo tenaz y persistente, combatiendo a los grupos de izquierda en forma implacable, sin reparo a la integridad física de sus dirigentes, e ignorando los derechos que una sociedad civilizada tiene que garantizarle a sus ciudadanos, al margen de cualquier consideración ideológica.
El grupo que con mayor frecuencia fue objeto de su aversión y ensañamiento fue el llamado Movimiento Popular Dominicano (MPD), que era conducido por un equipo dirigencial encabezado por Maximiliano Gómez (El Moreno), su secretario general y líder, hasta el día de su trágica muerte en Bruselas, el 23 de mayo de 1971.
Desde la época de la tiranía ningún grupo en el país había sido tan perseguido y maltratado, sin motivo ni excusa, recibiendo sus dirigentes centenares de arrestos ilegales y acoso continuo que terminaban en su aniquilamiento físico. Aunque sería injusto atribuir a la gestión del general Pérez toda la maldad en el gobierno de los doce años de Balaguer; pues desde antes de su nombramiento sucedían hechos criminales y repulsivos, como los asesinatos de Otto Morales y Amín Abel Hasbún, acaecidos el 16 de julio y el 24 de septiembre de 1970.
Pero hay que admitir que la orientación de la Policía hacia el conflicto creció en su gestión, pues en los diez meses de duración se recurrió con más frecuencia al uso excesivo de la fuerza, materializándose una serie de exabruptos y actos violentos contra la izquierda que superaron a los de cualquier otro período, y que nunca fueron enmascarados con símbolos impopulares y desacreditados como los “intercambios de disparos”, que han estado presentes en la actuación policíaca en los tiempos modernos.
El general Pérez procedía de las filas castrenses y antes de su designación como jefe de la Policía había ocupado los más altos cargos militares en el país; habiendo sido jefe del Ejército dominicano y ministro de las Fuerzas Armadas en el gobierno provisional del doctor Héctor García-Godoy Cáceres, quien lo puso en ese puesto sustituyendo al contraalmirante Francisco Javier Rivera Caminero, para contener la protesta pública y la huelga nacional que motivó la masacre estudiantil del 9 de febrero de 1966, en la que murieron cinco estudiantes, incluyendo la niña de catorce años Amelia Altagracia Ricart Calventi, luego de que militares apostados en el área del Palacio Nacional dispararan sus armas contra una multitud de muchachos indefensos que estaban allí reclamando la desocupación de las escuelas y los liceos públicos en manos de los soldados invasores de1965.
El general Pérez llegó al puesto de ministro de las Fuerzas Armadas, no por ser menos rudo que Rivera Caminero; sino porque el antiguo jefe de la Marina le estaba ocasionando problemas al jefe del Estado con acciones insensatas y facinerosas, como el develado complot contra la vida del profesor Bosch, a su llegada al país el 25 de septiembre de 1965; y el desafortunado ataque por sorpresa al hotel Matum de Santiago, intentando tomar desprevenidos al coronel Francisco Alberto Caamaño y sus acompañantes militares, aquel histórico 19 de noviembre.
Hay que decir, sin embargo, que el general Pérez no era un militar cualquiera, pues tenía como credencial su destacada participación en la sangrienta “operación limpieza” ejecutada por el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas (CEFA), en la zona norte de la Capital, durante la Guerra de Abril de 1965. Y aunque por su rudeza en la acción bélica y en el quehacer policial, se pudiera pesar que fuese un individuo de mente cavernaria y poca ilustración; en realidad era un hombre instruido, poseedor de una sólida formación cultural que adquirió en la academia de cadetes y en la escuela de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, donde se hizo licenciado en Derecho, aunque su práctica sería después –en el rol policial-, negar y conculcar derechos civiles y políticos.
Su designación en la Policía sorprendió a la opinión pública, pues era el deseo generalizado que el nuevo jefe policial fuese un genuino policía, y que estuviese en armonía con las ideas liberales que se abrían paso en América, desarrollándose junto a la doctrina social de la Iglesia Católica, bajo el impulso de una activa campaña de sus líderes en defensa del derecho de la vida, que satisfizo plenamente a sus feligreses, quienes recitaban de memoria, durante aquel Año Nuevo de 1971 el mensaje expuesto por su Santidad Paulo VI y la homilía leída por monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, Arzobispo Coadjutor de Santo Domingo.
Ambos religiosos promovían una jornada mundial de paz como respuesta cristiana a los problemas humanos en el mundo moderno, deseando que fuese un movimiento eficaz, constructivo y transformador, y exhortaban a la comunidad católica, en especial a los grupos sociales y políticos, “a dirimir sus contiendas con la palabra civilizada, con el diálogo humano”, sin tiros ni traición, en base a la tesis papal de que: “El que introduce en la opinión pública el sentimiento de la hermandad humana sin límites, prepara al mundo para tiempos mejores”.
El general Pérez se juramentó en la jefatura de la Policía el 1ro. de enero de 1971, y en su discurso de toma de posesión, manifestó “que sería enérgico para someter a la obediencia a aquellos policías y civiles que violaran las leyes de la República”, advirtiendo que: “Vengo con un sable en una mano para aplicárselo a quien no cumpla con la ley…en la otra, llevo la balanza de la justicia, para que ella perdure; sea eterna”. También dijo que: “Evaluaré todas las informaciones que me sean traídas a mi despacho, a mi casa, en la calle, en cualquier parte que deseen dármelas, de cualquier ciudadano”.
Cuatro días después, se comenzó a sentir la dureza de su advertencia, al anunciar el 5 de enero, en la víspera de los Santos Reyes, la ampliación y depuración de los servicios de inteligencia policiales, integrando a las labores de espionaje a los miembros más preparados y calificados de la Policía, para supuestamente “rescatar el prestigio de esa institución ante la ciudadanía”. También anunció el inicio de allanamientos masivos, e intentó justificarlos diciendo que eran el producto de la poca cooperación de la gente para localizar el tráfico de armas y a los delincuentes. Esos operativos arbitrarios se llevaron a cabo ese día en los barrios San Miguel y Ciudad Nueva, en la Capital.
La primera víctima de la gestión de Pérez y Pérez fue un dirigente medio del PRD en la sección de Jacayo de Bonao. Tenía por nombre Lorenzo Cruz y fue apresado el jueves 7 de enero, durante las festividades de los Santos Reyes, tras ser allanada su vivienda en busca de documentos políticos supuestamente comprometedores. Como escarmiento, fue paseado por las calles de su pueblo y conducido a la fortaleza militar de La Vega. Ese día también fue detenido y golpeado en el barrio de Los Mina de la Capital, el dirigente obrero de FOUSA-CESITRADO, Carlos García, mejor conocido por el sobrenombre de Bemberria, quien fue acusado de portar un arma de fuego que habría lanzado hacia un retrete.
Igualmente fueron apresados en el barrio de San Carlos los jóvenes Carlos Marte y José Antonio Guridi, seguidores del Movimiento Nueva República, que lideraba dentro del PRD, su secretario nacional de Organización, señor Rafael Gamundi Cordero (Rafa).
Y para subrayar el carácter represivo de su naciente gestión, el jefe de la Policía ofreció unas declaraciones a la prensa, donde expuso su disposición de encarcelar a todos los militantes del Movimiento Popular Dominicano (MPD) y del Partido Comunista Dominicano (PCD), debido a que esas organizaciones de izquierda mantenían una confrontación ideológica que había pasado al terreno de las agresiones físicas; estimando la Policía que “llevaba intranquilidad a los hogares de la familia dominicana”.
El 14 de enero de 1971, el general Pérez dispuso la detención de seis altos dirigentes del MPD que estaban reunidos en la casa número 7 de la calle Proyecto del ensanche Luperón, planificando -según su versión- el secuestro del rector de la Universidad Católica Madre y Maestra, monseñor Agripino Núñez Collado. Los apresados fueron Julio Augusto de Peña Valdez, secretario general de la entidad; Agustín Moisés Blanco Genao, Edgardo Erickson Pichardo, David Onelio Espaillat, Rafael Báez Pérez, (Cocuyo) y Luis Elpidio Sosa Rodríguez, a quienes se les habría incautado literatura comunista y armamentos de guerra.
Esa misma noche se produjo la detención en el Aeropuerto Internacional Las Américas de la periodista Margarita Cordero, quien regresaba al país junto a su pequeña hija Laura, de dos años de edad, procedente de Canadá. Fue conducida al Palacio de la Policía para fines de investigación porque había viajado sin permiso a Cuba en el año 1967, participando allí en un seminario de periodistas.
Las arbitrariedades seguirían el viernes 15 de enero con la detención de los dirigentes del Partido Comunista Dominicano (PCD), Asdrúbal y Osvaldo Domínguez Guerrero, Alfredo Pierré González, Alfredo Emilio Conde Sturla, José Israel Cuello, Mario Sánchez y Julián Peña, acusados de constituirse en asociación de malhechores y de alterar la paz y la tranquilidad públicas.
Esos apresamientos provocaron un enérgico pronunciamiento del presidente y líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), profesor Juan Bosch, quien pidió al presidente Balaguer disponer la libertad inmediata de los líderes comunistas, tanto los del PCD como del MPD, ya que su prisión era calificada de política, al no existir una acusación en regla, formal y basada en hechos demostrables.
Bosch agregaba que el pueblo no creía en la acusación de las autoridades policiales en ninguno de los casos y que esos dirigentes de izquierda habían sido detenidos sin ninguna clase de garantía de respeto a sus derechos civiles.
La acusación de planificación de secuestro hecha por la Policía a los dirigentes del MPD, fue puesta en tela de juicio por la supuesta víctima, monseñor Agripino Núñez Collado, al decir durante una entrevista en Santiago, que no se sentía perseguido “ahora ni en ocasión alguna de mi vida” y que no creía que hubiese razones para perseguirlo o vigilarlo.
El académico y prelado católico señaló que “he laborado tranquilamente como sacerdote y educador y continuaré laborando con la firme esperanza de que todos los nacionales podamos vivir y trabajar con la seguridad, el sosiego y la paz con los que he vivido y trabajado, con la única preocupación de de que alguna vez imperen en el país, de forma radical, la justicia y la solidaridad entre todos los dominicanos”.
Los primeros crímenes políticos en la gestión de Pérez y Pérez fueron de los dirigentes del MPD Roberto Figueroa -Chapó y Luis Manuel Naut, asesinados los días 7 y 25 de julio de 1971, aunque se debe recordar que en el transcurso de ese tiempo, ocurrió la desaparición de uno de los líderes y fundadores de esa misma organización, el señor Andrés Marcelino Ramos Peguero; eso fue el 17 de julio 1971, mientras se encontraba prisionero en una celda de la Policía Nacional.
Su esposa, la ciudadana española Raquel Salvande Rey, que tenía seis días que había salido del país, regresó entonces y culpó de su desaparición al doctor Balaguer, señalando en una carta enviada a la Embajada de España y al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, que su marido habría sido apresado usando el nombre clandestino de Julio Jiménez Carbuccia, en la calle Paraguay No. 51, donde vivía en la ciudad de Santo Domingo y conducido al Palacio de Policía donde habría sido interrogado por agentes de esa institución y de de los servicios secretos de los Estados Unidos.
Ramos Peguero fue un gran luchador antitrujillista, junto a Máximo López Molina, fue uno de los fundadores del MPD y se destacó en el ámbito revolucionario por su papel como capitán del ejército rebelde de Fidel Castro, luchando en la Sierra Maestra y formando parte, luego del triunfo, de la caravana de la libertad que acompañó al líder supremo de la revolución cubana en su entrada triunfante en La Habana el 8 de enero de 1959, tras la huida de Fulgencio Batista el día 1ro.
Luego de la desaparición de Ramos Peguero y el asesinato de Luis Manuel Naut, el 1ro. de septiembre de 1971ocurrió un crimen que estremeció el país y sobre todo a la sociedad de Santiago. Este fue el de un distinguido munícipe santiagués de nombre Jesús María Álvarez, conocido cariñosamente por el sobrenombre de “Boyoyo”, una persona muy conocida y valorada por su trayectoria democrática.
A juicio del periodista Gregorio García Castro ese crimen colocó al gobierno del presidente Balaguer “en uno de los más incómodos aprietos de opinión pública” y al general Pérez “en una de sus más críticas posiciones ante el mandatario que lo colocó como Jefe de la Policía empezando el año”.
Apuntó el asesinado columnista de Ultima Hora que “La gravedad del caso es que todas las acusaciones sobre el asesinato apuntan hacia la esfera oficial y, más concretamente, contra la Policía”.
Agregando que “Lo que muchos prevén es que Balaguer aplicará con Pérez y Pérez el mismo metro que ha usado en casos similares. Destituirlo”.
Señalando que fue lo que hizo con el coronel de la Policìa Ramón A. Soto Echavarría cuando fue identificado como negligente en la muerte a tiros del doctor Frank Peynado, hijo del prominente jurista Julio Peynado y que fue también lo que hizo con el brigadier Braulio Álvarez Sánchez, luego de que le cayera a trompadas a monseñor Agripino Núñez Collado, entonces vicerrector de la UCAMAIMA, confundiéndolo con el vicerrector de la UASD, que era el doctor Hugo Tolentino Dipp.
El difunto Goyito escribió que procedía quitar al general Pèrez de la jefatura de la Policía, pensando en la carga especifica de opinión que tenía el asesinado Boyoyo, ya que era de la gente de Santiago, de su clase alta y por el manantial de contradicciones en que incurrió la Policìa pretendiendo asociar al asesinato, con inusitado apresuramiento, los nombres de los legendarios dirigentes revolucionarios Lorenzo Vargas (El Sombrerero) y Jorge Puello Soriano (El Men).
Para Goyito con el asesinato de Boyoyo las cosas habían tomado otro camino, ya que era persona muy prestigiosa y estimada, y su muerte había “erizado de indignación a Santiago y a todo el país”.
Pero no hubo ningún cambio en la Policía y el 22 de septiembre de 1971 ocurría otra muerte similar de terrible, la del joven Héctor Homero Hernández Vargas, líder de la agrupación política “Acción de Lucha por una Nueva Quisqueya”, acribillado a balazos en el momento en que caminaba tranquilamente junto a su esposa embarazada, Elsa Peña, por la avenida San Cristóbal del Ensanche La Fe, de la Capital.
En ese crimen habría participado el sargento Juan María Arias Sánchez, quien poco después sería acusado de asesinar el 28 de marzo de 1973 al propio periodista Gregorio García Castro.
Uno de los crímenes más espeluznantes y dolorosos en la historia política dominicana ocurriría la madrugada del 9 de octubre de 1971y vino a ser el fin de la primera gestión policial del general Pérez. Este fue el de cinco jóvenes deportistas que residían en el barrio 27 de febrero y pertenecían al club Héctor J. Díaz, quienes fueron asesinados por miembros de la Policía y del Frente Juvenil Democrático Anticomunista y Antiterrorista, mejor conocido como la Banda.
Ese crimen agravó la imagen negativa del general Pérez y con el paso del tiempo lo que se ha visto es que la historia ha sido más implacable con él, cobrándole sus desaciertos y desatinos en materia policial. De tal manera que aunque tuvo otra oportunidad en la jefatura de la Policía, desde el 13 de mayo al 10 de junio de 1996, no logró cambiar la imagen de dureza y negatividad que creó a su paso por la institución.
Su segundo mandato fue muy corto y politizado, y una maniobra del presidente Balaguer para restarle impacto a la creciente simpatía que había obtenido el candidato presidencial del Acuerdo de Santo Domingo, doctor José Francisco Peña Gómez, en grupos militares que eran antiguos aliados del general Pérez, atraídos por la presencia en la boleta blanca de la figura política del licenciado Fernando Álvarez Bogaert.
Por eso seguirá sintiéndose el peso de la violencia, las muertes y las violaciones a los derechos humanos en los 251 días de su gestión en 1971, y esa es una historia que no debe repetirse jamás.
