Lorraine E. Pérez, Abogada de Inmigración en EE. UU.—
Bien pudiéramos creer que la inmigración guarda los mejores valores de la nación americana, pero en los últimos cuatro años, el presidente Trump ha emitido cientos de normas, a través de órdenes administrativas, aplicación estricta y mera amenaza, que han interrumpido prácticamente todos los aspectos del sistema de inmigración de Estados Unidos. Y los efectos son evidentes y claros.
Entre 2016 y 2019, la inmigración neta anual a los EE. UU. se redujo casi a la mitad, a unas 600,000 personas por año, un nivel no visto desde la década de los 1980s. Desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, ese número ciertamente se ha disminuido aún más.
Desde antes que empezara su gobierno, hizo del tema migratorio una herramienta de campaña para agitar sus bases anti-inmigrantes. La pandemia lo ayudó a perfeccionar esa agenda.
Si bien Trump prometió tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal durante su presidencia, también ha buscado reducciones en la inmigración autorizada. Algunos de los cambios más importantes incluyen:
• La política de permanencia en México, que obliga a los inmigrantes centroamericanos que buscan asilo a regresar a México mientras se procesan sus reclamos. Como todos sabemos, esto obligó a la separación de cientos de familias, incluso a la separación de bebés de las madres lactantes, y al día de hoy no se pueden encontrar los padres de unos 545 niños separados en la frontera.
• Tratando de eliminar el DACA (Protecciones para los inmigrantes que fueron traídos al país durante su infancia). Actualmente el USCIS rechaza las solicitudes iniciales de DACA de quienes nunca han recibido previamente DACA. Para las aplicaciones presentadas que puedan ser aprobadas, se les otorga no más de un año.
• Finalización para el 2021 del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 400,000 personas, permitiéndoles a los países, como Honduras, Nicaragua, El Salvador y Haití, el permiso de trabajo válido hasta el día 4 enero, 2021.
• Prohibiendo la entrada de las personas de países mayormente musulmanes.
• Creando un grupo de trabajo de desnaturalización para revocar la ciudadanía a los estadounidenses naturalizados;
• Reduciendo significativamente el límite de refugiados a 15,000 para el año fiscal 2021, el límite más bajo desde que comenzó el programa en 1980.
• Retrasando la adjudicación de solicitudes de tarjetas de residencia y ciudadanía;
• Haciendo cumplir el estándar de autosuficiencia financiera a través de la regla de carga pública, que considera inadmisibles a quienes han usado ciertos beneficios del gobierno.
• Restricciones para los trabajadores profesionales bajo la categoría de visas H-1B (profesionales con conocimientos especializados, L-1 (ejecutivos, gerentes), entre otras.
• Negaciones arbitrarias de casos de visas de empleo, aun cuando los casos están respaldados con evidencia concreta. El objetivo de la administración actual es crear obstáculos insuperables para que las empresas no quieran o no puedan legalmente patrocinar un empleado.
• Usando la pandemia como excusa, prohibiendo la entrada de inmigrantes y no inmigrantes a los Estados Unidos con pocas excepciones.
• Haciendo más difícil para las personas que tienen una aplicación de asilo pendiente, puedan obtener un permiso de trabajo. Una nueva regla que entró en vigor el día 25 de agosto del presente año, incrementa la espera de 150 días a 365 días para que un solicitante de asilo pueda obtener su permiso de trabajo. Así mismo, esta regla evita, después de esta fecha, que las personas que entran sin inspección, las personas que presentan su solicitud luego de un año de haber entrado a los EU, o las personas que apelan la decisión (si le ha sido negado el caso de asilo), puedan recibir un permiso de trabajo en lo que su caso está pendiente.
• Justo mientras los ciudadanos votaban el día 3 de noviembre, una agencia federal liderada por personas nominadas por el Presidente Trump revocó los derechos de negociación colectiva de los jueces de inmigración de la nación. Esta decisión permite que el gobierno federal pueda despedir jueces que no quieran cumplir con la línea trazada para las deportaciones y procedimientos de asilo, tratándolos como empleados a voluntad, y por lo tanto, socavando su habilidad de ejercer independencia.
• Por último, el día 30 de octubre del presente año, el Presidente firmó una proclamación declarando el día 1ero de noviembre como el “Día Nacional en Memoria de los Estadounidenses Asesinados por Extranjeros Ilegales.”
Gran parte de las medidas dictadas por la administración del Presidente Trump, han terminado siendo demandadas en las cortes.
Bajo un segundo término, suponía de planes para reformar aún más el sistema de inmigración en su segundo mandato, al instituir un sistema de puntos llamado “basado en el mérito”, que efectivamente acabaría con la mayoría de las categorías de visas patrocinadas por familias. Este sistema limitaría significativamente el número de inmigrantes admitidos por razones humanitarias, como los asilados y los refugiados, ya que lo más probable tenga una puntuación baja bajo este sistema.
Al otro lado, el Presidente electo, Joe Biden, se compromete a tratar de revertir las políticas restrictivas emitidas por la Administración del Presidente Trump. En los primeros 100 días de su mandato, estas son algunas de las acciones administrativasque el Presidente electo se ha comprometido a lograr:
• Revertir la separación de familias que están detenidas.
• Restablecer y mejorar las políticas de asilo estadounidense.
• Revertir los cambios hechos por la administración a la regla de carga pública.
• Restablecer completamente el DACA.
• Ordenar revisiones inmediatas del TPS.
Si bien esto es un gran esfuerzo para lograr en un corto período de tiempo, dada la drástica cantidad de cambios realizados por la Administración Trump, el plan del Presidente electo, Joe Biden, señala un compromiso de honrar nuestra historia de inmigración. Para miles de inmigrantes con esperanzas de lograr el sueño americano, los últimos cuatro años se han convertido en una larga pesadilla y la nueva administración se ha convertido en una luz después de las tinieblas. Es importante señalar que la actual pandemia puede impactar la habilidad del Presidente electo de poder cumplir con estas nuevas políticas.
No es menos cierto que los EE. UU. necesita una reforma migratoria exhaustiva y completa, que requerirá del Congreso de pasar una ley que el recién Presidente electo pueda firmar. A este respecto, el Presidente electo, Joe Biden, se ha comprometido a defender un proyecto de ley que proporcionaría un estatus legal permanente a aquellas personas que están ilegales, ajustar los sistemas de visas de empleo y familiares para satisfacer las necesidades de las familias y empresas estadounidenses, y mejorar la ley de asilo para garantizar que el país protege a las personas que huyen de la persecución.
Este es un país de inmigrantes. Los inmigrantes han fundado y forjado esta nación. Desde los valores que ella guarda hasta las leyes que la definen. De lo institucional a lo empresarial, los aportes de los inmigrantes son evidentes. Hoy día, casi la mitad, un 45% de las empresas de Fortune 500, según el último estudio, han sido fundadas por inmigrantes y sus descendientes. Entre ellas encontramos a Amazon, Google, Tesla, entre algunas. Se estima que para el 2060 habremos más de 111 millones de latinos en los EE. UU.
Tanto el Presidente electo, Joe Biden y la Vicepresidente electa Kamala Harris, han dicho que los “Estados Unidos merece una política de inmigración que refleje nuestros más altos valores como nación.”
La información contenida en este artículo constituye una meramente general y no debe ser interpretada como consejo legal para situaciones específicas. Si necesita asesoramiento legal sobre asuntos migratorios, asegúrese que la persona que lo ayude esté autorizada para dar asesoramiento legal.
— La autora del artículo es abogada de inmigración en los Estados Unidos por más de 15 años y reside en la ciudad de Miami, Florida, EE.UU.
