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SANTO DOMINGO,R. D. – El presidente de la Republica Dominicana Luis Rodolfo Abinader Corona asistió este jueves a la audiencia solemne realizada en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), con motivo de la conmemoración del Día del Poder Judicial.
Previo a la audiencia, el mandatario fue recibido por el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, con quien sostuvo un breve encuentro en su despacho en donde firmó el libro de visitantes distinguidos.
Abinader encabezó la audiencia solemne junto a la matrícula del Poder Judicial, en donde el presidente de la Suprema rindió un informe de la labor de los jueces y la situación actual del sistema de justicia en el país.
El magistrado Molina tuvo a su cargo el discurso central del acto solemne, en el que pasó revista al comportamiento del sistema judicial, estableció sus retos, así como sus desafíos en este año de pandemia por la COVID-19.
Molina resaltó el trabajo de los jueces y juezas del país y la enorme responsabilidad que le ha tocado asumir al gobierno del presidente Abinader frente a la crisis generada por la pandemia.
“Todo el país, cada una de sus autoridades y líderes, comenzando por el Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, el Gabinete de Salud, así como cada ciudadana y ciudadano, han debido cargar sobre sus hombros con responsabilidades inconmensurables”, expresó el magistrado.
Durante la audiencia, el juez solicitó un minuto de silencio como gesto de respeto a las víctimas que ha cobrado la pandemia.
El presidente de la SCJ reconoció el trabajo de todos los integrantes del sistema judicial y expresó que “con humildad, pero con enorme orgullo a la vez, puedo decirles que he sido testigo de la forma en que cada mujer y hombre que cumple una función en nuestro Poder Judicial, desde las más modestas hasta las de mayor responsabilidad, ha puesto todo de sí para asegurar la continuidad de la administración de justicia”.
Molina definió el papel de la justicia dominicana como exitoso, al tiempo que dijo, “hoy afirmo que, en esta hora excepcional, todo el Poder Judicial ha cumplido con su mandato constitucional, asegurando la continuidad de la administración de justicia, garantizando la independencia de cada jueza y cada juez y protegiendo los derechos fundamentales de la población”.
También estuvieron presentes en el acto, Eduardo Estrella, presidente del Senado de la República y Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
Molina: “SCJ despacha más casos que los que recibe”
El presidente de la Suprema Corte de Justicia afirmó que ese tribunal ha cumplido el objetivo de despachar más casos de los que recibe.
“Conforme a datos de la Secretaría General de este tribunal, entre junio de 2019 y diciembre de 2020, ingresaron a tramitación 8,304 nuevos recursos. En el mismo período la Suprema Corte falló 11,637 casos”, dijo.
El magistrado resaltó de manera positiva la incorporación de la firma electrónica, que hizo posible la realización de 47,863 trámites y certificaciones entre los meses de abril y noviembre.
Agregó que “alrededor de 16 mil documentos han sido firmados electrónicamente cada semana en todos los tribunales a nivel nacional, sin los cuales los procesos asociados se habrían visto detenidos o atrasados en espera de la recuperación de la plena normalidad”.
Aseguró que, en la Suprema Corte, durante el año que terminó, la Tercera Sala resolvió todos los expedientes en estado de perención y caducos que se encontraban a su cargo.
Reveló que el máximo tribunal puso término a la acumulación de casos que, pese a encontrarse caducos, esperaban aún una decisión de la Suprema Corte de Justicia.
Destacó y agradeció el trabajo realizado junto a la Procuradora General, doctora Miriam Germán Brito y su equipo, “a quienes expresó especial reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia” y manifestó “las gracias porque todas las consultas han sido puestas al día”.
Así mismo, extendió esa gratitud a todos los departamentos judiciales del país que se han empeñado en lograr esta labor.
Molina reiteró ante el presidente Abinader, su responsabilidad y la del Poder Judicial de reconstruir la normalidad de la vida de todos y la recuperación de la economía.
Consideró que esa es la prioridad nacional e indicó que “somos corresponsables de ella, por lo que redoblaremos nuestros esfuerzos con los recursos humanos y financieros disponibles. Es una exigencia ética y de conciencia para con la situación que atraviesa nuestro país”.
Expresó que, ante esta gran responsabilidad, el tribunal se ha fijado como objetivo terminar los casos pendientes de solución que datan de hace más de una década y que han puesto en marcha el Plan de Erradicación de la Mora de la Suprema Corte de Justicia.
“Un hito en la historia contemporánea de la Suprema Corte de Justicia”, anunció el magistrado.
Aseguró que “no hay temor a presiones para condicionar decisiones. Tengan todos y toda la certeza, así como la absoluta seguridad, de que el Poder Judicial garantiza, por un lado, que los jueces y juezas puedan realizar su labor con plena independencia, como es su mandato constitucional. Y, por otro, que se conduzcan con total probidad, ecuanimidad y apego al Derecho en cada uno de sus fallos”.
Luis Henry Molina dijo que está consciente de que la República aspira a una justicia independiente y que los ciudadanos demandan consecuencias.
Ministerio de la Presidencia y Poder Judicial firman convenio para regularizar titulación de inmuebles del Estado
6 DE ENERO 2021 | 17:05
El Ministerio de la Presidencia y el Consejo del Poder Judicial firmaron hoy un acuerdo de colaboración que busca la regularización y titulación de los inmuebles del Estado durante el periodo 2021-2024.
Este convenio se firma a fin de darle seguimiento al compromiso asumido con el país de garantizar el derecho de propiedad y promover el acceso al mismo, en especial a la propiedad inmobiliaria titulada, tal como lo establece la Carta Magna.
El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, expresó el interés del Gobierno en garantizar a los dominicanos el derecho a la propiedad inmobiliaria titulada, por eso se están realizando las alianzas necesarias para viabilizar el proceso de regularización de los inmuebles del Estado, y promover el trabajo en equipo con instituciones enfocadas en resolver de manera oportuna y eficaz la falta de titulación o registro de propiedad.
El ministro indicó que para cumplir con la regularización de los procesos de titulación es necesario ampliar la capacidad de las instituciones vinculadas al Plan Nacional de Titulación de Terrenos del Estado.
El acuerdo estipula que el Minpre gestionará los recursos necesarios para el correcto desarrollo de los objetivos del acuerdo e incorporarlos en el proyecto general de presupuesto desde el 2022 hasta 2024. Se designará, además, un canal único destinado a la gestión del proyecto de titulación, dispondrá de un inventario de inmuebles titulables, clasificados por situación, y será priorizado en el primer trimestre del 2021.
Por su lado, el Poder Judicial será responsable de habilitar las herramientas informáticas que permitan a ambas partes visualizar en tiempo real el estado de los expedientes, así como los canales de recepción, monitoreo y entrega de los productos correspondientes a la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado (CPTTE).
También el Poder Judicial deberá gestionar por ante los órganos competentes del Poder Judicial la aprobación de instrumentos legales que permitan solucionar los obstáculos procedimentales que se encuentren dentro de sus competencias y proveer el apoyo legal y técnica catastral, a través de los registros inmobiliarios de la CPTTE.
El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Henry Molina; Antoliano Peralta, consultor Jurídico del Poder Ejecutivo; Jaime González, viceministro de Desarrollo Social; Mérido Torres, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado (CPTTE); Jonathan Toribio, administrador General de Registro Inmobiliario y el director nacional de registro de Títulos, Ricardo Noboa.
Poder Ejecutivo elimina el matrimonio infantil con la Ley 1-21 y garantizan derechos fundamentales de mujeres, adolescentes y niñas
El presidente Luis Abinader promulgó la tarde de este miércoles la ley y un decreto que eliminan el matrimonio infantil en la República Dominicana y que garantizan la salvaguarda de los derechos fundamentales de las mujeres, las adolescentes y las niñas.
El mandatario promulgó la Ley número 1-21, que elimina el matrimonio infantil en el territorio dominicano y el Decreto 1-21 que declara de alto interés nacional la articulación de una política de Estado de lucha contra la violencia hacia las mujeres, las adolescentes y las niñas.
El Decreto 1-21 también crea el Gabinete de las Mujeres, las Adolescentes y las Niñas, el cual es coordinado y dirigido por el Ministerio de la Mujer.
El Poder Ejecutivo en sus actos resalta que las políticas en favor de las mujeres, de las adolescentes y de las niñas, se desarrollarán a través del Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia, a cargo del Ministerio de la Mujer.
La Ley número 1-21 en su artículo uno establece que “tiene por objeto prohibir que las personas menores de dieciocho años contraigan matrimonio, mediante la modificación y derogación de varias disposiciones del Código Civil de la Ley No. 659, del 17 de julio de 1994, sobre actos del Estado Civil”.
La nueva ley, en su artículo 4 dispone que el Código Civil, en lo adelante, en el artículo 144 establece que: “Las personas menores de dieciocho años no podrán contraer matrimonio en ninguna circunstancia”.
Recuerda que la Ley 1-21 que prohíbe el matrimonio infantil modifica y deroga varias disposiciones del Código Civil de la República Dominicana y de la Ley número 659 sobre actos del Estado Civil.
Significa que la aprobación y promulgación de la ley que elimina el matrimonio infantil, el Estado dominicano cumple los compromisos asumidos con otros Estados y organizaciones internacionales que consideran este tipo de práctica como una forma de tortura o mal trato y un mecanismo de violencia a los derechos humanos de las niñas y las adolescentes.
Resalta que el matrimonio infantil aumenta las desigualdades y afecta de manera considerable el progreso de la sociedad.
Precisa que la eliminación del matrimonio infantil se logra a través de la modificación y derogación de varios artículos del Código Civil Dominicano y la Ley 659, del 17 de julio del 1994, sobre actos del Estado Civil.
El Ejecutivo indica que del Código Civil se modifican los artículos 63, 76 y 144. También se derogan los artículos 145, 148, 151, 152, 154, 156, 157, 160, 173, 185 y 476, mientras que de la Ley 659 quedan modificados los artículos 56, 57 y 60.
Debido a que la Ley 1-21, del seis de enero de 2021, es un acto del Poder Legislativo, el presidente dictó el Decreto número 1-21, el que declara de alto interés la creación de una política nacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres, las adolescentes y las niñas, y que establece el gabinete en su favor adscrito al Ministerio de la Mujer.
El gabinete está integrado por los ministerios de la Presidencia, de Interior y Policía, de Defensa, de Salud Pública y Asistencia Social, de Educación, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, de Trabajo y de Economía, Planificación y Desarrollo.
Además, está conformado por un representante del Poder Judicial, designado por el Consejo del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, el Servicio Nacional de Salud, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, la Policía Nacional, la Oficina Nacional de Estadísticas, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tres representantes de organizaciones de mujeres.
El Gabinete de las Mujeres, Adolescentes y Niñas se encargará de coordinar políticas para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, diseñar y ejecutar acciones y estrategias para la implementación y el cumplimiento del Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia.
De igual manera, el gabinete analizará y presentará conclusiones sobre aspectos relacionados al tema de la violencia, la igualdad y la equidad de género que le solicite el presidente de la República o por iniciativas propias.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) iniciará evaluaciones a los aspirantes a jueces el próximo 14 enero
Mientras que en otro orden el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader, aprobó la noche de este martes Pasado iniciar el próximo día 14 del presente mes la evaluación de los 68 aspirantes para llenar las cuatro vacantes disponibles en el Tribunal Constitucional y la que existe en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Abinader presidió la tercera sesión del CNM que se realizó en el Palacio Nacional donde se establecieron los mecanismos a utilizar en la elección de los jueces del Tribunal Constitucional y el de la SCJ, los que serán sometidos a una evaluación oral.
El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antolino Peralta Romero, quien sirvió de vocero, dijo que en tres días publicarán la lista de los aspirantes en la página del CNM.
Indicó que el CNM determinó iniciar las evaluaciones de los postulantes al TC el próximo 14 de enero y el 19 del mismo mes terminar las vistas públicas.
Agregó que el día 20 de enero se haría la selección final y el 22 de enero serán juramentados los cuatro jueces seleccionados para el Tribunal Constitucional.
Peralta Romero explicó que el CNM en principio escogió 72 postulantes, pero que fueron excluidos cuatro, por no cumplir con los requisitos que exige la ley.
“De manera que quedaron 68 personas propuestas que cumplen válidamente con los requisitos legales y que van a ser sometidas a evaluación oral”, informó Peralta Romero.
A la reunión asistieron, conforme el artículo 178 de la Constitución, el presidente Luis Abinader, quien preside el CNM; los presidentes de las Cámaras Legislativas, Eduardo Estrella, del Senado y Alfredo Pacheco de la Cámara de Diputados; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina y la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito.
Igualmente, el senador por la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez; el diputado de la provincia Santiago, Víctor Fadul y la juez de la Suprema Corte de Justicia, Magda Nancy Salcedo Fernández, quien funge como secretaria en las sesiones del CNM.
Las labores del CNM incluyen la evaluación de los aspirantes a jueces para el Tribunal Constitucional y sustituir cuatro de sus miembros por concluir el período para el que fueron escogidos, así como evaluar el desempeño de uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, por conclusión del período para el que fue escogido y completar la matrícula del Tribunal Superior Electoral de conformidad con la ley.
La tercera sesión contó además de los 8 jueces que conforman el CNM, con la presencia de la vicepresidenta Raquel Pena y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta Romero.
Habiendo concluido la presentación de aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional, el CNM procedería a la verificación de los requisitos reunidos por los postulantes inscritos de conformidad a la Constitución y la Ley.
Por otro lado, el consultor comunicó que el Consejo conoce de manera paralela la evaluación del Juez Francisco Ortega Polanco de la Suprema Corte de Justicia, a fin de determinar si procede o no su sustitución.
Informó que la lista de los aspirantes será, de conformidad con la ley, publicada en un diario de circulación nacional y en la página web del Consejo Nacional de la Magistratura, lo cual permitirá a la ciudadanía en sentido general conocer los aspirantes a jueces y realizar los reparos que consideren de lugar.
Agregó que una vez publicada la lista definitiva de aspirantes preseleccionados y luego de la verificación de requisitos, la ciudadanía contaría con un plazo de tres días calendarios para la presentación de objeciones y reparos respecto a los postulantes ante los miembros del CNM.
Explicó que luego se publicaría una lista definitiva de candidatos a ser evaluados en vistas públicas, lo que constituirá la siguiente fase del proceso, siendo los mismos convocados de manera oportuna para las fechas que más adelante se detallarán.
Los reparos, al igual que las postulaciones, deben ser presentados por escrito ante la Secretaría del CNM, en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia, ubicada en la avenida Jiménez de Moya, en el Centro del Héroes.
