Palacio Nacional, R. D.-El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, dispuso la noche de este miércoles la suspensión sin disfrute de salario de ocho funcionarios que no cumplieron con la ley que establece que debían realizar su declaración jurada de patrimonio en la fecha establecida.
La medida es provisional hasta que estos servidores públicos cumplan con la Ley 311-14 y presenten sus declaraciones de bienes.
Los servidores fueron suspendidos a través del decreto 525-20. Se desempeñan en los ministerios de Agricultura, Relaciones Exteriores, de la Presidencia, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), la Dirección General de Riesgos Agropecuarios y el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
Del Ministerio de Agricultura hay cuatro funcionarios: los viceministros de Agricultura Faruk Garib Arbaje y José Miguel Cordero Mora y Simeón Fabián Ramírez Cruz, director ejecutivo del Proyecto la Cruz de Manzanillo, de la misma cartera.
De la Cancillería fue suspendido Francisco J. Cantizano Nadal, director de Ceremonial de Estado.
En tanto, de la Presidencia le fue aplicada la medida a Aníbal Díaz Belliard, director Operativo de ese ministerio. Igualmente a Cecilio A. Rodríguez Montás, quien es director ejecutivo del Inabie. También a Kohuris Henríquez Disla, director ejecutivo de la Dirección de Riesgos Agropecuarios, y Ana María Henríquez Disla, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.
En sus considerados, el decreto establece que los funcionarios deben presentar ante la Cámara de Cuentas su declaración jurada de patrimonio y la de su conjugue con carácter de obligatoriedad dentro de los 30 días de sus nombramientos. Esto está establecido en el artículo 5 de la ley 311-14.
También señala que es “interés de la presente administración mantener el más estricto apego de sus funcionarios a los principios de transparencia, juridicidad y buena administración.
En el artículo 1 del decreto, el mandatario advierte a los funcionarios sancionados que deben proceder “a dar cumplimiento inmediato” al artículo 2 de la ley 311-14 que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonios de los Funcionarios y Servidores Públicos, de fecha 11 de agosto de 2011, o de lo contrario “enfrentarán las sanciones que dispone la ley frente a tal incumplimiento”.
Mandatario había advertido Suspenderia a los que no declararon sus bienes
El presidente Luis Abinader había sentenciado que los funcionarios que no hayan hecho sus declaraciones juradas de bienes quedarián suspendidos en sus labores públicas por violar la Ley 311-14. Al ser entrevistado por los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional, Abinader hizo la advertencia de manera categórica.
“Todos los ministros lo declararon, todos los directores generales lo declararon; y ya saben que es un periodo de 30 días. El que no lo declare estará suspendido”, aseguró el mandatario, en la entrevista hecha por los colegas que cubrimos la fuente Presidencial.
El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, informó que hoy notificará a la Procuraduría General de la República (PGR) los casos de 1,700 funcionarios del gobierno central que no presentaron su declaración jurada de bienes.
Álvarez Pérez sostuvo estaba preparando el listado de esas personas que no han presentado su declaración para que sean sancionadas como está contemplado en la Ley 311-14 de Declaración Jurada de Bienes. La promesa del Jefe de Estado de suspender a cualquier integrante de su gobierno que no presentara su declaración de bienes fue hecha a finales del mes de agosto de este año.
Abinader aseveró que si en un periodo de tres semanas, posterior al vencimiento de la fecha de entrega, no se entregaba la declaración, entonces ese funcionario sería destituido.
En ese entonces la fecha final para hacerlo era el 15 de septiembre, sin embargo la Cámara de Cuentas dio un plazo para recibir la documentación hasta finales del 28 de septiembre, tras varias quejas de mal funcionamiento de su portal digital.
El plazo para que empleados públicos entregaran sus reportes de bienes venció el lunes a las 12:00 de la noche.
Seguimiento
La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, aseguró que le han dado seguimiento a las declaraciones de los funcionarios.
Ortiz Bosch dijo que la ley es para darle seguimiento no para guardar el papel, por lo que ahora hay que verificar los documentos entregados por los funcionarios con la Dirección de Impuestos Internos (DGII), con el registro de títulos y los bancos.
Hizo un llamado a la Cámara de Cuentas para que aplique los poderes que da la Ley 311-14, “nosotros lo vamos a acompañar dándole seguimiento”.
Si no se prueba
Según la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, cuando los funcionario no puedan probar el origen legal de los bienes que han declarado ante la Cámara de Cuentas, en el momento que les sea requerido, podrán ser sometidos a la justicia por enriquecimiento ilícito.
Investigación
La ley faculta al ministerio público a iniciar una investigación por presunción de enriquecimiento ilícito del funcionario público obligado a presentar su inventario de bienes al ingresar y salir del cargo.
El plazo
La exigencia de presentar la declaración es de orden constitucional y el plazo es de 30 días después de asumir el cargo, y 30 días tras salir.
Ministro José Ignacio Paliza respalda decisión del presidente de la República de sancionar a servidores públicos que no depositaron declaración jurada
El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza manifestó una vez más su respaldo a la decisión del presidente de la República, Luis Abinader, de suspender a los servidores públicos que no depositaron la declaración jurada de bienes ante la Cámara de Cuentas conforme establece la Ley.
Luego de aclarar que todos los ministros y directores generales del Gobierno central cumplieron con la disposición, Paliza expresó que todo aquel que asuma una función pública no debe ocultar su patrimonio, asegurando que esto le permitiría a su salida exhibir la transparencia en la evolución de sus bienes.
Abordado por periodistas a su llegada al Palacio Nacional, el ministro indicó que tal y como lo informó el jefe de Estado, habrá un régimen de consecuencias para aquellos que no presentaron su declaración dentro del plazo reglamentario.
El ministro señaló que la sanción aplica para las autoridades designadas por el Poder Ejecutivo, y que debe ser replicada en otras instancias del Estado, como el Congreso Nacional, que deberá hacer lo mismo dentro de sus facultades y jurisdicciones correspondientes.
