Santo Domingo.- Políticos dominicanos imputados por el escándalo de los sobornos entregados por la brasileña Odebrecht defendieron hoy su inocencia en este caso, que ha sacudido la clase política nacional, con la inclusión en el expediente de un ministro y tres legisladores, dos de ellos altos dirigentes del oficialismo.
El procurador dominicano, Jean Alain Rodríguez, anunció este lunes la imputación de 14 personas por el caso de Odebrecht, que aseguró haber pagado 92 millones de dólares en el país en concepto de sobornos para acceder a obras públicas.
Diez de los implicados, entre ellos el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, y el presidente del principal partido opositor y expresidente del Senado, Andrés Bautista, están detenidos a la espera de que un juez conozca en las próximas horas la solicitud de medida de coerción en su contra.
El procurador ha adelantado que pedirá 18 meses de prisión preventiva para todos los acusados.
En el caso de los senadores Julio Cesar Valentín y Tommy Galán, ambos del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y del diputado Alfredo Pacheco, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el principal de la oposición, su arresto dependerá del levantamiento de la inmunidad parlamentaria.
Bautista, presidente del PRM, rechazó hoy, en un comunicado, haber recibido sobornos de Odebrecht, y señaló que las imputaciones en su contra “son infames” y que defenderá su “honra y dignidad” en cualquier escenario.
Tanto Valentín, Galán y Pacheco han rechazado los señalamientos y se han puesto a disposición de la justicia.
La Cámara de Diputados envió hoy a su comité de disciplina la solicitud de la Procuraduría para que le retire la inmunidad parlamentaria al diputado Pacheco para que sea llevado ante la Justicia por este escándalo.
En tanto, el presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared, informó de que la cámara alta se reunirá mañana, miércoles, por lo que se espera que se debata la solicitud de la Procuraduría para levantar el fuero a Valentín y Galán.
Este lunes, poco después de conocerse los arrestos, el ministro de Industria y Comercio y anteriormente titular de Economía, Temístocles Montás, subrayó que en sus 16 años como funcionario “nunca había sido vinculado directa o indirectamente con actuaciones indecorosas o contratarías a la legalidad”.
A su vez, puso su cargo a disposición del presidente Danilo Medina, que hasta ahora no se ha pronunciado sobre este particular.
Precisamente hoy, un juez rechazó un recurso de hábeas corpus interpuesto por Montás, quien pretendía recobrar su libertad alegando que al momento de su arresto no se conocía la existencia de una orden de un juez en su contra.
Por su parte, Bernardo Castellanos, imputado también por el caso, afirmó hoy que se trasladará “de inmediato” al país desde el extranjero para encarar la Justicia, aunque negó su implicación en los hechos.
Castellanos, ingeniero civil y exempleado de dependencias eléctricas del Estado, se encuentra en Panamá, dijo ayer el procurador general, quien notificó el caso a la Interpol para su detención.
También esta bajo arresto, el empresario y representante comercial de Odebrecht en el país, Ángel Rondón, señalado como la persona que recibió y distribuyó los 92 millones de dólares que la empresa pagó en sobornos, así como varios exdirectivos de empresas estatales y un exlegislador.
El excandidato presidencial del PRM Luis Abinader reclamó hoy, tras visitar a sus compañeros detenidos, que se identifique “a todos” los implicados, sin importar al partido o sector al que pertenezcan.
“Hay que llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo Abinader a los periodistas en el Palacio de Justicia, y agregó que este caso “debe servir para que la República Dominicana cambie”.
Las detenciones se produjeron poco después de que la República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.
Con este acuerdo, Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en este país caribeño. efe
