San Juan (EFEUSA).- La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó hoy el Proyecto 938 que, una vez ratificado en el Senado y firmado por el gobernador, se convertirá en la Ley para el Cumplimiento con el Plan Fiscal del Gobierno, rechazado por los empleados públicos por disminuir beneficios laborales adquiridos.
El texto fue aprobado por la Cámara Baja en una jornada caracterizada por altercados y protestas de los empleados públicos ante la sede de la Asamblea Legislativa, que ven en esta norma un golpe contra sus beneficios laborales ganados en convenios colectivos negociados durante años.
El proyecto reduce de forma considerable los beneficios laborales con que hasta ahora contaban de los empleados del sector público y impone nuevos impuestos.
Además, permite al Ejecutivo usar dinero recaudado en el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) para cubrir el presupuesto general, todo con el objetivo de adecuarse a las exigencias de la entidad federal que supervisa al Gobierno liderado por Ricardo Rosselló.
El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, y el del Senado, Thomas Rivera Schatz, habían anunciado hoy la introducción de ocho modificaciones respecto al texto inicial del Proyecto de la Cámara 938 que garantizan las aportaciones del Gobierno a los planes médicos de los empleados públicos.
Méndez matizó que las enmiendas permitirán que no se modifique la aportación estatal a los planes de salud de más de 100.000 empleados públicos durante un año, hasta el verano de 2018.
El Proyecto de la Cámara 938 forma parte del paquete de medidas que presentó el Ejecutivo de Ricardo Rosselló para reducir gastos gubernamentales por valor de más de 1.600 millones de dólares y cumplir así con las exigencias del Plan Fiscal, tal y como exigía la Junta de Supervisión, entidad federal de control al Gobierno impuesta por Washington.
El proyecto estipula una reducción en la aportación patronal al plan médico de los empleados públicos que representará un ahorro de 130 millones de dólares, una vez entre en vigor a partir del verano de 2018.
La iniciativa se traducirá en una reducción de los beneficios que reciben actualmente los empleados públicos en sus planes médicos, que los trabajadores denuncian limitará el acceso a los servicios de salud.
La aprobación del proyecto en el Legislativo llega a pocas jornadas del día 30, fecha límite para que el Ejecutivo de Rosselló entregue a la Junta de Supervisión Fiscal el presupuesto para el próximo año fiscal.
